Hace veinte días que los fanáticos de Hamás sembraron el terror en territorio de Israel causando 1400 muertos y tomando más de 200 cautivos. Hace veinte días que la población palestina de Gaza sufre el éxodo y el exterminio –como en Auschwitz– por el azote del Gobierno sionista de Israel más el apoyo de gran parte de la población judía local y de la diáspora, de algunos países con la conciencia retrospectiva muy sucia y, como siempre, del amigo americano, adalid de la infamia.
Veinte días de horror y masacre de inocentes a razón de centenares de víctimas por jornada (mucho peor que Putin en Ucrania y en la senda criminal de Stalin y de Hitler); veinte días de destrucción masiva en ciudades y arrabales, en campos de refugiados, hospitales, mezquitas; veinte días de reacciones desmedidas y tramposas, como provocar el éxodo desde el norte y bombardear también el sur; de negar las mínimas condiciones de asistencia y subsistencia a la población civil indefensa; de acorralar a quienes ya eran víctimas hasta su extinción por sed, por hambre, por enfermedad o por miedo insuperable.
Veinte días ya, se dice pronto, matando moscas a cañonazos, como si un estado que se autoproclama democrático pudiera utilizar los mismos medios terroristas de su enemigo. Incluso si lleva décadas abusando de la población palestina y provocando reacciones descontroladas de quienes lo han perdido casi todo, Israel tiene derecho a defenderse de una agresión, pero no puede hacerlo fuera de los límites establecidos por el Derecho Internacional Humanitario, o habrá de ser considerado un estado terrorista y tratado como tal por una comunidad internacional que, hasta ahora, sólo ha demostrado indecisión, cinismo, doble rasero o directamente cobardía: el amigo americano y los tibios de la vieja Europa serán cómplices de este genocidio sobre la población palestina. Ya lo son de facto: a día de hoy, más de 5000 muertos sobre su conciencia.
Israel desconoce la grandeza de la democracia e ignora deliberadamente el estado de derecho en favor del designio divino: sus gobernantes llevan ciscándose en el derecho internacional desde la abrupta creación de Israel como estado en 1947, algo que no se habría producido sin el impulso de las Naciones Unidas, ¡pero todavía se permiten la impudicia de incumplir una tras otra sus resoluciones o, recientemente, de recusar a su secretario general, António Guterres, por decirles a la cara algunas verdades! Aunque no pierden el tiempo: mientras se rasgan las vestiduras como fariseos en la ONU, siguen bombardeando ese campo de exterminio que es Gaza, uno de los lugares con mayor densidad de población del planeta, sólo para cobrarse la vida de un puñado de fanáticos.
Imaginen que, en España, durante los años de plomo de la banda terrorista ETA, se hubiera decidido bombardear el territorio del País Vasco –tan vulnerable como la Franja de Gaza, aunque veinte veces más extenso– para descabezar esa organización y acabar con sus miembros y red de apoyo. Imaginen un nuevo desastre de Guernika en cada una de las ciudades donde pudiera anidar alguna célula de la banda y con el mismo resultado de aquel holocausto nazi de 1937 contra la población civil: miles de muertos, heridos y desplazados para la más desproporcionada victoria sobre una minoría terrorista, la sangre de miles de inocentes como medio para acabar con unas pocas decenas de extremistas. Sabemos que hubo intentos de actuar al margen de la Ley (aquella ignominia de los GAL) y no faltaron errores y represión, pero, en términos generales, el Estado intervino quirúrgicamente, mediante largas y pacientes investigaciones policiales hasta detener a la mayor parte de los responsables y llevarlos a juicio, sin apenas algún daño colateral, sin arrasar con la población entera. Aunque todavía queden centenares de casos pendientes de esclarecer, nada discurrirá por vías extrajudiciales porque, a diferencia de Israel, vivimos en un estado de derecho. ETA causó más de 850 muertos en 43 años de violencia armada, con miles de heridos y víctimas familiares que todavía reclaman memoria, justicia y reparación, pero el Estado español nunca actuó contra el terrorismo como lo hace ahora el Estado de Israel, demostrando así la inmensa distancia moral entre una verdadera democracia (imperfecta, manifiestamente mejorable) y un estado sionista y terrorista, vengativo, perverso hasta incurrir en crímenes iguales o peores que los provocados por el fanatismo de sus enemigos, indistinguibles ya de quienes fueron los verdugos de su pueblo en Sefarad, en la Rusia zarista y soviética, en la Alemania nazi.
Las cifras más recientes que ofrece UNRWA son del 23 de octubre pasado, pero demuestran la desmesurada carnicería de Israel contra la población civil de Gaza, una masacre aún mayor a día de hoy: para acabar con unas pocas decenas de terroristas, el sionista Netanyahu y sus perros de la guerra han asesinado a 5087 personas (2055 eran niños), causado 15.273 heridos y 1,4 millones de desplazados que tampoco han conseguido librarse de las bombas ni de un asedio peor que en tiempos medievales. Con su versión amplificada de la Ley del Talión, el Estado de Israel se cobra ya casi cuatro muertos palestinos por cada judío asesinado el 7 de octubre, y no se detendrá la progresión hasta que la sangre desborde el cáliz, hasta que el Mar Muerto se confunda con el Rojo y cumplan la macabra promesa de sus nombres. Qué justos parecen ahora aquellos hebreos bíblicos que sólo exigían ojo por ojo, diente por diente. Qué resentidos carniceros, qué depravados impíos, qué antisemitas sanguinarios los desquiciados sionistas de hoy.
Sólo tengo mi voz y mi libertad de expresión, así que, como Blas de Otero, “Pido la paz y la palabra” y quiero hacer uso de ella –públicamente, ingenuamente, desesperadamente– para solicitar del Estado español lo único que cabe hacer contra la indignidad criminal de Netanyahu y los suyos, pero también contra los responsables de Hamás y otras organizaciones terroristas implicadas en esta barbarie: iniciar las gestiones para declarar a Israel como estado terrorista y promover un procedimiento penal contra todos ellos por crímenes contra la Humanidad, de modo que sean llevados ante la Corte Penal Internacional (o ante un tribunal creado ad hoc), para que puedan ser procesados y, en su caso, condenados tras un juicio universal con garantías.

José Muñoz Domínguez / DNI n º 08.104.629-G