José Manuel Méndez, exregidor de Arroyo de la Encomienda, ha sido condenado por cohecho y prevaricación

El país.com LAURA CANTALAPIEDRA

La Audiencia de Valladolid ha hecho pública la sentencia que condena a José Manuel Méndez, alcalde independiente de Arroyo de la Encomienda, a tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, así como a pagar una multa de 132.000 euros. La pena de prisión es por un delito de cohecho, mientras que la sanción económica es por prevaricar.

Los delitos, englobados en el caso Arroyo, fueron cometidos durante el mandato de Méndez como alcalde del Partido Popular, del que fue expulsado poco antes de acabar la legislatura 2003-2007 tras su imputación. Los hechos empezaron a investigarse en 2006 y constituyen una gran trama de corrupción urbanística que terminó con la imputación de otras cinco personas más, una de ellas el exconcejal del Ayuntamiento de Valladolid y exportavoz del PP en la Diputación, Jesús García Galván, que ha sido absuelto de cohecho por haber prescrito el delito del que se le acusaba. Se da la circunstancia de que Galván era entonces delegado territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, a quien, según la sentencia, “correspondía el control de la legalidad [urbanística] de los municipios menores de 20.000 habitantes”, entre los que se encontraba esta localidad.

Elpais.com.- FERNANDO J. PÉREZ

Marbella pasó este viernes no una, sino 5.774 páginas de putrefacción política en su Ayuntamiento. La Audiencia Provincial de Málaga hizo pública la sentencia del caso Malaya, la causa más sonada contra los desmanes urbanísticos del gilismo, y que supuso la primera disolución de un Ayuntamiento en la democracia. Los magistrados, presididos por José Godino, muestran en el fallo su “firme convicción” de que en el consistorio marbellí se había instaurado un “sistema de corrupción generalizada”. Este régimen operaba bajo el “poder de hecho” ejercido por Juan Antonio Roca, el exasesor urbanístico que a la sombra del fallecido alcalde Jesús Gil y hasta marzo de 2006 compró voluntades de concejales, funcionarios e incluso jueces para amasar un patrimonio de origen ilícito tasado en 101,7 millones de euros, que ha quedado incautado.

Elpais.com.- MARÍA FABRA

La Constitución y el resto de leyes y reglamentos les amparan. Y, bajo el manto de legalidad, los partidos dejan en manos de su discrecional ética el mantenerlos en sus organizaciones, pero también en instituciones de las que cobran un sueldo público. Los cargos políticos implicados en causas de corrupción suman más de 200 en solo cinco comunidades y evaluando únicamente los casos más destacados.

Políticos acusados de corrupción ocupan o han ocupado puestos en parlamentos y administraciones autonómicas, instituciones provinciales y corporaciones locales. Entre los analizados, la mayoría de ellos (113) son de la administración autonómica ya que en solo en Baleares suman 76. No hay un espacio fijo para las malas prácticas.

No tienen un solo color político, pero el PP, entre los contabilizados, es mayoritario, ya que también en Baleares los cargos populares salpicados por la corrupción alcanzan casi el medio centenar, pese a que la mayoría de ellos ya no cobra un sueldo público. Aún así, existe otro medio centenar de cargos del PP implicados en casos de otras comunidades. En Murcia, casos como el de la propia capital como los de Torre Pacheco y Totana elevan el número de populares salpicados por corrupción.

Fue juzgado por la adjudicación de una contrata de basura en 2004
Fabra anuncia que el diputado dejará su acta y el PP le abrirá un expediente

Elpais.com.- IGNACIO ZAFRA

Los jueces condenaron este viernes a tres años de cárcel a Pedro Ángel Hernández Mateo, diputado en las Cortes Valencianas, todopoderoso alcalde de Torrevieja durante 20 años y fiel aliado del expresidente Francisco Camps en la lucha fratricida del PP que éste libró contra los partidarios de su antecesor, Eduardo Zaplana, en la provincia de Alicante. En una durísima sentencia, en la que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia siguieron la argumentación planteada por el teniente fiscal de la Comunidad Valenciana, Gonzalo López Ebri, Hernández Mateo fue hallado culpable de falsedad en documento oficial y prevaricación.

Elpais.com.- MARÍA FABRA

La lista de imputados en la causa de financiación ilegal del PP valenciano se ha ampliado con la citación a declarar, en calidad de imputado, del administrador general del PP en las elecciones generales celebradas en 2008, Cristóbal Páez. Este formaba parte del equipo de Bárcenas, el tesorero de la formación con sede en la calle Génova hasta que fue cesado por su implicación en el caso Gürtel. Sin embargo, Páez, quien había sido administrador durante años, apenas cumplió unos meses como responsable de la contabilidad en el PP que presidía Mariano Rajoy. Las presiones internas, su distanciamiento de Bárcenas y el intento de resolución de conflictos pendientes acabaron provocando su cese en julio de 2010.

- El 'número dos' del Departamento de Trabajo con Jordi Pujol fue condenado a cuatro años y medio
- La Generalitat pagó 46.158 euros a una empresa por informes inútiles y copiados
- Uno de los beneficiarios fue condenado por hechos similares en el Consorcio de Turismo

Elpais.- PERE RÍOS / ÀNGELS PIÑOL Barcelona

El Gobierno del PP ha indultado a un alto cargo de la Generalitat de la época de Jordi Pujol y a un empresario, ambos militantes de Unió Democràtica, que habían sido condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos. En 2009 la Audiencia de Barcelona impuso cuatro años y medio de cárcel a Josep Maria Servitje, ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat, y dos años y tres meses a Víctor Manuel Lorenzo Acuña.
El Gobierno ha reducido ahora esas penas a sendas multas de 3.650 euros, una decisión sin precedentes por lo elevado de las penas impuestas. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la medida de gracia.

Los arrestados falseaban los registros para vender suelo rústico como urbanizable

Elpais.- FERNANDO J. PÉREZ

En febrero de 2009, agentes de la Guardia Civil registraron el Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga, 2.700 habitantes censados) y detuvieron a su entonces alcalde, José Manuel Martín Alba, y a otras 11 personas. En la casa del regidor, bajó el colchón, los agentes hallaron 160.000 euros en metálico, que Martín Alba justificó como los “ahorros de toda la vida” como alcalde, albañil y cantaor flamenco. Sin embargo, aquella vez, la juez que ordenó los registros, Irene Urbón, atribuyó el dinero negro a comisiones por permitir las miles de viviendas ilegales que jalonan el término municipal, uno de los más castigados de la muy caótica comarca de la Axarquía y mandó a Martín Alba, conocido con el nombre artístico de Pepe Calayo, a prisión.

La magistrada subraya la gravedad de los delitos imputados a Javier Guerrero
Elpais.- JAVIER MARTÍN-ARROYO Sevilla

“Omitió clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legal”. Desvió “fondos públicos para su lucro personal”. Demostró “una absoluta falta de diligencia”. “Permitió el enriquecimiento de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos andaluces”. Estos argumentos sirvieron a la juez del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, para decretar la madrugada de ayer prisión provisional para el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero. Alaya estima que podría fugarse debido a las “presiones externas” de terceros a los que podría “perjudicar claramente”.
Después de tres días de declaraciones, prolongadas durante 20 horas, la juez justificó su decisión en la “relevancia” del testimonio de Guerrero, dada la precaria situación económica y personal que padece y la gravedad de los delitos que le achaca. Para Alaya, pese a que el inculpado ha colaborado con la justicia, aún conoce hechos delictivos que no ha desvelado a la investigación.

Elpais.- JAVIER MARTÍN-ARROYO Sevilla

Pico de audiencia en el caso de los ERE. La juez Mercedes Alaya ha imputado al ex director general de Trabajo Javier Guerrero seis delitos nada más comenzar su declaración: tres delitos continuados de cohecho, malversación y prevaricación, dos de falsedad en documento oficial y otro de falsedad en documento mercantil. La acusación para el principal imputado del caso es muy grave, dada la condena de cárcel que implicarían tres delitos continuados. Hasta ahora Guerrero estaba acusado de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, delito este último que la juez ha desestimado.
El ex director general mantiene como estrategia de defensa que la cúpula del Gobierno andaluz conocían cómo se concedían las subvenciones a empresas en crisis: "Es un hecho objetivo que el presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno conocían el sistema de concesión de las ayudas", ha detallado en su declaración esta tarde. Ha añadido que "jamás" le pusieron reparo.

Este departamento destapó el 'caso Gürtel' o el que ha llevado al yerno del Rey ante la justicia

Hacienda asciende a jefa adjunta a Pilar Valiente, quien dimitió de la CNMV por el 'caso Gescartera'

Elpais.com

El Gobierno de Mariano Rajoy ha descabezado los equipos encargados de las investigaciones del caso Gürtel y del caso Urdangarin. El pasado jueves el Ejecutivo destituyó a los máximos responsables de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (ONIF), que depende del Ministerio de Hacienda. El más importante de los destituidos, según ha informado la cadena SER, es Víctor de la Morena, jefe de investigación de la oficina, que llevaba los casos más sensibles e importantes. En concreto, era el responsable de la investigación de Gürtel. Junto a él también han sido relevados otros cinco jefes de equipo.