Elpais.com.- FERNANDO J. PÉREZ

Marbella pasó este viernes no una, sino 5.774 páginas de putrefacción política en su Ayuntamiento. La Audiencia Provincial de Málaga hizo pública la sentencia del caso Malaya, la causa más sonada contra los desmanes urbanísticos del gilismo, y que supuso la primera disolución de un Ayuntamiento en la democracia. Los magistrados, presididos por José Godino, muestran en el fallo su “firme convicción” de que en el consistorio marbellí se había instaurado un “sistema de corrupción generalizada”. Este régimen operaba bajo el “poder de hecho” ejercido por Juan Antonio Roca, el exasesor urbanístico que a la sombra del fallecido alcalde Jesús Gil y hasta marzo de 2006 compró voluntades de concejales, funcionarios e incluso jueces para amasar un patrimonio de origen ilícito tasado en 101,7 millones de euros, que ha quedado incautado.

Tras cinco años de instrucción, dos años de juicio y 13 meses de redacción, la sentencia considera probado que Roca recibía dinero de promotores con intereses urbanísticos en la ciudad más cotizada de la Costa del Sol. A cambio, él se encargaba de manejar como marionetas a los ediles, encargados de aprobar licencias contrarias al planeamiento en su beneficio. Roca ocultó las enormes riquezas obtenidas –eran los años del boom inmobiliario— en un entramado de 71 sociedades pantalla gestionadas por un despacho de abogados de Madrid. Todos esos extremos han quedado plenamente ratificados en la sentencia conocida este viernes.

Sin embargo, el fallo, pese a su contundencia formal y a que recoge el fondo de las tesis de la acusación, deja un cierto sabor a levedad en las penas. El fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, había pedido al tribunal una condena de 30 años de prisión y 810 millones de euros de multa para Roca. Los jueces dejan el castigo al exasesor urbanístico en 11 años de cárcel y sanciones económicas por 240 millones de euros. Parte de esta rebaja deriva de que se le ha aplicado una atenuante de confesión y del hecho de que el tribunal no ha visto demostrada la ilegalidad de algunas operaciones urbanísticas. Además, 43 de los 95 acusados inicialmente han resultado absueltos, en especial empresarios. El ministerio público estudia la opción de recurrir el fallo.

El caso Malaya podría denominarse sin problemas el caso Roca. El exasesor urbanístico es el protagonista absoluto; y el resto, personajes secundarios y figurantes que orbitan en torno a él. Roca reconoció en el juicio que recibió los pagos de los empresarios y que repartió una parte de esas mordidas entre los ediles para “mantener la cohesión” del gobierno tripartito del Grupo Independiente Liberal (GIL), el PSOE y el Partido Andalucista que derrocó en agosto de 2003 al exalcalde Julián Muñoz, en una moción de censura que marcó el principio del fin del gilismo. En la vista oral, el exasesor trató de convencer al tribunal de que las dádivas tenían por objeto financiar la campaña electoral del tripartito. El exasesor buscaba convertir un presunto cohecho en una falta administrativa de financiación de partidos.

El tribunal echa por tierra este argumento y vincula los pagos a la concesión de licencias y otras resoluciones municipales. “Ningún empresario entrega tan elevada suma de dinero altruistamente, gratis et amore, a quien no es nada menos que el gerente de Urbanismo de Marbella, paradigma de emporio urbanístico”, escribe el tribunal, que compara los abonos con un “impuesto revolucionario”. Las entregas monetarias “no tenían como finalidad la de financiar una inexistente campaña electoral, sino simplemente la de comprar voluntades de políticos para garantizar resoluciones administrativas afines a sus intereses”, insisten.

La sentencia avala las pruebas clave recopiladas durante la instrucción. El elemento más determinante ha sido la contabilidad paralela de Roca hallada en unos archivos informáticos en la sede de Maras Asesores, la oficina ajena al Ayuntamiento por la que desfilaban los promotores para hacer sus negocios con el auténtico hombre fuerte del consistorio. En esos apuntes, calificados en su día como una “ganga” por el fiscal López Caballero, figuraban los ingresos realizados por los empresarios y su distribución entre los concejales con responsabilidad de gobierno. El contable de Roca, Salvador Gardoqui, reconoció la autenticidad de las anotaciones.

También avalan los jueces las escuchas telefónicas ordenadas por el juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres. Consideran “sumamente significativas” las que se intervinieron a la exteniente de alcalde Isabel García Marcos, en la que la exedil socialista manifestó: “Para trabajar necesito dinero, en la primera plusvalía que se genere necesito dinero, y si se le da el pase, quiero dinero de mi pase, y si se desarrolla, quiero dinero de la construcción”.

Sin embargo, el tribunal da un varapalo al instructor al considerar irregulares las detenciones de varios de los procesados, lo que ha derivado en atenuantes en sus condenas. “Algunos de los autos que se dictaron eran estereotipados con escasa fundamentación. Se acordó la detención directa, sin citación previa al juzgado (...) La detención fue excesivamente mediática, con cámaras de televisión retransmitiendo en directo y en algunos casos las estancias en calabozos policiales fueron por un tiempo superior al legalmente establecido”, afirman los tres magistrados.

En el epílogo de la sentencia, el tribunal acuerda que los bienes y el dinero decomisados sean utilizados para abonar las deudas del consistorio por los “perjuicios morales y económicos” derivados de ese “ambiente generalizado de corrupción”.