Es difícil sustraerse a las emociones que representa el inicio en al Congreso de la tramitación parlamentaria de la ley conocida como de la Memoria Histórica, donde por fín se pretende oficialmente devolver la dignidad y reparar la injusticia sufrida por las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.

El trámite parlamentario no va a ser fácil, hay que reconocer la valentía del PSOE en hacer suyo la iniciativa en este sentido de ERC y presentar este proyecto, que se ha encontrado ya desde el inicio de su redacción y desde luego en la sesión parlamentaria de admisión a trámite con el rechazo frontal de todos los grupos de la cámara a la derecha y sobre todo con los socios de la izquierda IU-ICV y ERC que han dejado patente su profunda decepción con las partes fundamentales del proyecto.

Frente a los argumentos interesados del PP, en el sentido de considerarse “solo herederos de la transición” y de argumentar que la ley fractura el pacto constitucional y renueva el enfrentamiento y los viejos fantasmas del pasado, hay que recordar una vez más que fué la izquierda, haciendo un ejercicio de amnesia históríca y de reconciliación nacional, quien aparcó las exigencias de justicia y de reparación en este sentido para favorecer la recuperación democrática y consolidar la transición, a la derecha no le quedaba más remedio, esta fué su aportación, que aceptar con mayor o menor convicción el subirse al carro democrático y de alguna manera controlar y aislar los residuos dictatoriales del franquismo.

Con el tiempo transcurrido tanto desde este periodo histórico como de desarrollo y ejercicio democrático, somos ya hijos y más nietos del mismo, tenemos la obligación moral de cerrar este cápitulo negro de nuestra historia dejando claro, sobre todo a los que afortunadamente solo han conocido la democracia, que la Guerra Civil se produce por la indignidad, la traición y la asonada golpista contra el sistema democrático y constitucional que representaba la República, que en este contexto se produjeron episodios terribles de desapariciones y ejecuciones sumarias contra los defensores de la legalidad constitucional, a los que la dictadura franquista posterior cubrió de indignidad, mientras siguió ejerciendo una represión feroz contra los perdedores, con juicios que fueron una burla total a las esencias de la justicia, acompañado, actividad clásica en todas las dictaduras, con el intento de falsificar y de reescribir la historia.

Es en el sistema propuesto por esta ley para recuperar la dignidad de las víctimas y de los represaliados es donde se plantean los mayores problemas de este proyecto de ley, ya que parece totalmente insuficiente el sistema elegido: un tribunal de cinco notables que hará una declaración moral, sin valor jurídico, sobre la injusticia cometida con la víctima. Reconociendo el paso valiente dado por el PSOE, en mi opinión debe de avanzarse en el sentido de las propuestas hechas por otros partidos de la izquierda, apoyadas también por los nacionalistas, en el sentido de aprobar la autorización y revisión de las sentencias de los juicios farsa franquistas, ya que en opinión de algunos expertos estaría garantizada la seguridad jurídica y solamente sería necesario acotar el carácter político de muchos juicios y buscar el camino para evitar el colapso del sistema judicial. Entendemos que es la única vía de ejercer la justicia y devolver la dignidad a las víctimas, asi como la ocasión de pasar y cerrar definitivamente esta página de nuestra historia.

En el proyecto de ley se recogen, creemos que con bastante tibieza otros temas conflictivos que al igual que el tema sustancial expuesto requieren su profundización, como la definitiva supresión de los símbolos franquista, su vergonzosa exhibición actual en algunos sitios no tiene nada que ver con la historia, el uso de esa ignominia que representa el Valle de los Caídos, y por supuesto el conocimiento y divulgación a nivel educativo de este periodo sin las falsificaciones del franquismo.
Emilio Sánchez Alvarez
17-12-2006