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Ana Redondo en las Cortes de CyL: "Ser castellano-leonés, en los pueblos pequeños de la Comunidad es una verdadera hazaña".
Intervención de la portavoz socialista Ana Redondo en el debate sobre el Informe del Procurador del Común en las Cortes de CyL
El debate de hoy, aunque no tenga la trascendencia mediática de otros debates como el de Política General o el de Presupuestos es, en mi opinión, el debate más próximo a la realidad. El que refleja, con más sinceridad, la situación que viven los hombres y mujeres de la Comunidad. El que nos muestra las rendijas de la gestión política por donde se escapan los derechos de los ciudadanos.
Por eso, precisamente, esta sesión es una de las más importantes y necesarias del año.
Estas Cortes ponen hoy voz y rostro a los problemas endémicos que sufre Castilla y León. A la falta de empleo, a la lentitud de la administración, a los desequilibrios territoriales o a la falta de equidad en el acceso a los bienes y servicios públicos...
Hoy los ciudadanos, a través del Procurador, vuelven a dar un toque de atención a sus representantes para que no descuidemos nuestra principal tarea, aquella para la que hemos sido elegidos, aquélla para la que debemos levantarnos con energía cada mañana y que no es otra que servir, de la mejor manera posible, a las personas, y tratar de resolver sus problemas cotidianos, desde la perspectiva del bien común.
En esto reside principalmente el interés del informe que hoy nos ocupa, y que tan eficazmente ha presentado el Sr. Amohedo, a quien quiero comenzar, agradeciendo un año más su buen hacer, su acierto en la selección de materias objeto de las actuaciones de oficio, –cada vez más numerosas- y sus desvelos por solucionar las quejas de los ciudadanos.
Me consta que ninguna de las demandas formuladas por los castellanos y leoneses deja de ser atendida por el procurador y su equipo, y que las conclusiones y recomendaciones de sus informes constituyen un referente muy útil tanto para quienes ejercemos la labor de oposición, como para quienes tienen encomendada la tarea de gobernar y pueden propiciar los cambios y reformas necesarias para corregir las carencias y disfunciones que los ciudadanos denuncian sistemáticamente.
Dicho esto, y entrando ya en el análisis del informe 2009, quisiera con mi intervención reflexionar básicamente sobre dos cuestiones: LA PRIMERA, acerca de la realidad que muestra el documento. Creo que es imprescindible reflexionar sobre la fotografía de la sociedad castellano-leonesa que ofrece el informe.
Necesitamos mirar la realidad a través de los ojos de los ciudadanos. Y éstos nos muestran un paisaje de la comunidad con claroscuros, donde las zonas en penumbra se repiten insistentemente año tras año.
EL SEGUNDO aspecto que pretendo abordar, tiene que ver con la eficacia de la institución.
Creo que es oportuno, tras 15 años de funcionamiento de esta defensoría, que valoremos el trabajo realizado y reflexionemos sobre la conveniencia de acometer una REFORMA DE LA LEY DEL PROCURADOR que incida en su autonomía y permita mejorar la importante labor que desempeña.
Pues bien, comenzando por la primera cuestión, el informe 2009 muestra, con bastante rotundidad, la radiografía de una comunidad a dos velocidades que se distancian cada año más. Junto con ciudadanos que van en 5ª marcha, y denuncian carencias propias de una sociedad desarrollada, en general, en el entorno de las grandes ciudades; muchos otros, sin embargo transitan en 2ª y con el freno echado, fundamentalmente en el ámbito rural y especialmente en las pequeñas poblaciones.
Para ellos los problemas no son de mejora de infraestructuras sino, simple y llanamente, de inexistencia de las mismas. De carencia, por ejemplo, de transporte para desplazarse a recibir asistencia sanitaria, o de falta de agua potable, o de imposibilidad de acceso a las nuevas tecnologías, porque, a pesar del bombardeo de anuncios, la Consejería de Fomento, sigue sin elaborar un MAPA DE BANDA ANCHA.
Indudablemente en nuestra comunidad vivir en un pequeño PUEBLO, en el entorno rural, tiene un importante coste en derechos como la sanidad, la educación o la atención a las personas mayores.
Es cierto que la administración autonómica se esfuerza por parchear las carencias con soluciones que, a priori, podrían considerarse aceptables, como la firma de convenios de colaboración con comunidades limítrofes, pero en muchos casos, tras la foto de la firma se esconde la indolencia y la desidia que HACEN INVIABLE EL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO.
Y es que el simple documento no resuelve los problemas.
En ocasiones, la falta de transporte público hace, simplemente, imposible el ejercicio de derechos sanitarios o educativos.
La falta de transporte público, como denuncian los ciudadanos, impide que, en pequeños municipios, las personas mayores o con discapacidad puedan asistir habitualmente a Centros de día, o que las familias puedan normalizar la conciliación entre su vida laboral y personal o que los escolares puedan asistir a la actividad deportiva de su elección.
No voy a negar que, a lo largo de los años, se han movilizado importantes recursos económicos con el objeto de corregir las desigualdades y desequilibrios entre territorios, pero lo cierto es que ese gran esfuerzo social no ha ido acompañado de una planificación lógica, ni de una ordenación racional del territorio, que pudiera permitir a los ciudadanos disfrutar de unos servicios públicos adecuados, especialmente en el ámbito rural.
El informe pone de manifiesto, una vez más, que ser castellano-leonés, en los pueblos pequeños de la Comunidad es una verdadera hazaña.
Señorías, cuando estamos a punto de iniciar la segunda década del siglo XXI, el gobierno autonómico no puede permitir que una parte importante de la población viva en las postrimerías del siglo XX, porque la voluntad política ha de tener como prioridad la accesibilidad de todos a los bienes y servicios públicos, en condiciones de equidad.
Y esta afirmación tiene mucho que ver con el incremento, un año más, del número de quejas por deficiencias en la prestación de los servicios municipales.
En efecto, el informe, en su pg. 923, es contundente al afirmar que las deficiencias detectadas se extienden a barrios enteros, pedanías o anejos de población, donde prácticamente todos los servicios públicos se prestan de manera deficitaria.
Lo que lleva al Procurador a pedir un mayor compromiso de las administraciones PARA CONSEGUIR unas prestaciones mínimas y dignas, con las que equiparar, al menos en los servicios básicos, a todos los ciudadanos de Castilla y León.
El problema de fondo reside en el hecho cierto de que las administraciones locales no cuentan con los recursos suficientes para mantener el nivel mínimo de los servicios que prestan, lo que impide el progreso de determinadas zonas, al tiempo que acelera su proceso de DESPOBLACIÓN.
La financiación local sigue siendo una asignatura pendiente en España que se agrava en Castilla y León por el modelo condicionado del gasto que encorseta a los ayuntamientos y les resta autonomía para adaptar los siempre escasos recursos a las crecientes necesidades de los vecinos.
LOS POLÍTICOS DE LA COMUNIDAD NO PODEMOS SEGUIR APLAZANDO SINE DIE una reflexión seria y rigurosa en torno a la necesidad de racionalizar los entes territoriales y su financiación.
Un acuerdo político básico en esta materia es imprescindible para garantizar la calidad de vida que legítimamente los ciudadanos exigen, y con ello, evitar también, la sangría demográfica que sufren importantes áreas de Castilla y León.
Junto con la foto fija del desequilibrio territorial y el abandono de los pequeños pueblos, el informe muestra un doble escenario que ha propiciado el incremento de quejas y que confirma la tendencia al alza del número de reclamaciones en los últimos años.
El primer escenario es la crisis económica, que repercute en distintos aspectos de la vida de las personas siendo, indudablemente, el acceso al empleo, la principal preocupación de los castellanos y leoneses.
Pues bien, en este difícil contexto, el acceso a la función pública se convierte para muchos individuos en su máxima aspiración laboral.
Por eso precisamente los procesos de selección de personal deben cuidarse escrupulosamente y someterse con diligencia a los principios de publicidad y transparencia, de mérito y capacidad.
Un año más, la defensoría constata irregularidades, opacidad, y demoras injustificadas en los procesos de selección y promoción de funcionarios que han llevado al Procurador a remitir varias resoluciones a la Consejería de Administración Autonómica, recordándole su deber de cumplimiento de la normativa vigente.
Tampoco son un ejemplo de transparencia y equidad en los procesos de selección, las Consejerías de Educación y Sanidad, así como determinados ayuntamientos importantes y Diputaciones provinciales.
Señorías, en un estado de derecho, la arbitrariedad está absolutamente prohibida y el hecho de que el PROCURADOR denuncie falta de transparencia, falta de motivación e incluso prácticas ilegales en los procesos de selección de personal, debe hacernos reflexionar sobre la calidad de nuestro estado de derecho y sobre la necesidad de intensificar los controles para que estas practicas no se reproduzcan año tras año; más aún en una coyuntura de crisis económica donde la escasez de empleo exige un respeto absoluto a la legalidad, como garantía de equidad y de justicia.
En este contexto de crisis económica y falta de empleo, también son singularmente relevantes las denuncias sobre irregularidades por falta de motivación en las entrevistas hechas a los candidatos para el PROGRAMA DE ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO.
La formación para el empleo es, hoy más que nunca, una opción atractiva, cuando no la única opción de inserción laboral, para muchos jóvenes de la comunidad.
De ahí que resulte muy preocupante que las actas no reflejen los motivos que dan lugar a las distintas puntuaciones en las entrevistas personales y que las sospechas de arbitrariedad en la adjudicación de las ayudas planee también sobre estos procesos.
Señorías, la motivación de las resoluciones administrativas es la auténtica garantía de la interdicción de la arbitrariedad y del derecho de defensa del administrado.
Por eso, en momentos de crisis económica, cuando está en juego el empleo y la formación para ese empleo, el gobierno de la comunidad ha de SER extremadamente riguroso en su obligación de actuar con transparencia y equidad, lo que, por desgracia, en los casos denunciados no ha ocurrido.
De ahí la relevancia que adquiere la resolución que el Procurador dirige a la Consejería de Economía y Empleo pidiendo que, en estos procesos de selección, “se especifiquen con el mayor detalle posible, el resultado de la puntuación atribuida a cada candidato”.
Pues bien, conectado con la crisis económica, el informe desvela además, los problemas que sufren los ciudadanos en el acceso a una vivienda digna.
Hasta 9 resoluciones ha formulado el Procurador en los dos últimos años, relacionadas con la promoción y adjudicación de viviendas de protección oficial.
Los retrasos en las adjudicaciones, el precio abusivo, el incumplimiento de la normativa aplicable o la insuficiencia de controles sobre la promoción urbanística, constituyen el núcleo de las quejas de los ciudadanos, lo que lleva al Procurador a solicitar de las administraciones un mayor celo en el ejercicio de sus funciones en materia de vivienda.
Este asunto enlaza con otra cuestión muy preocupante que se analiza con casos concretos: la complicidad de las administraciones en el ensanchamiento de la burbuja inmobiliaria.
De la actuación de oficio relativa a la clasificación como suelo urbanizable de terrenos en el término de MAELLO en Ávila, se deduce claramente la contribución de las administraciones a la cultura del pelotazo y de la especulación urbanística.
El caso MAELLO recuerda mucho a los de Villanueva de Gómez o las Navas del Marqués, donde la administración autonómica no tuvo reparos en FAVORECER LA URBANIZACIÓN de importantes zonas de indudable valor ecológico.
Con una delicadeza exquisita la defensoría, recuerda la obligación que tiene la Junta de “garantizar la gestión de los recursos naturales para beneficiar a las generaciones presentes, sin olvidar las necesidades e intereses de las generaciones futuras.”
Y es que la ponderación y el equilibrio razonable entre la política urbanística y la protección del medioambiente no ha sido en muchas ocasiones la prioridad perseguida por las administraciones.
Precisamente esta dura crisis debe impulsar a los líderes políticos a transformar el modelo productivo y a rechazar las prácticas urbanísticas meramente especulativas.
Pasando ya al segundo ASPECTO QUE PRETENDO ANALIZAR, el informe muestra UN ESTADO DE BIENESTAR QUE NO LLEGA EQUTATIVAMENTE A TODAS LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD.
En efecto, las dificultades que tienen los ciudadanos para ejercer sus derechos sociales son objeto de numerosas quejas que van desde la falta de MÉDICOS ESPECIALISTAS, hasta la carencia de recursos adecuados para atender a los niños con necesidades educativas especiales.
Por su relevancia social, me detendré en dos aspectos que tienen que ver con las personas en las fases inicial y final de la vida.
Las personas mayores, especialmente en una comunidad tan envejecida como Castilla y León, deben ser objeto de una especial protección.
No obstante, el documento recoge un aumento significativo del número de quejas, motivadas principalmente por el retraso en la resolución de solicitudes de dependencia.
En la pg 652, el informe reconoce la necesidad de aplicar nuevas estrategias que garanticen la eficacia de la ley, por ejemplo permitiendo la compatibilidad de prestaciones, tal y como se contempla en otras muchas comunidades autónomas, donde los ciudadanos tienen garantizado un nivel superior de protección en estas duras circunstancias de la vida.
Estas recomendaciones tan razonables, sin embargo, no fueron aceptadas por la Consejería de Familia.
En el otro extremo, también los niños y sus familias, precisamente por la penuria demográfica que padece la Comunidad, deben ser objeto de una atención especial.
La Junta tiene que garantizar las condiciones que hagan posible la conciliación de la vida LABORAL Y FAMILIAR. Lo que requiere un importante esfuerzo en dotación de plazas en escuelas infantiles.
Lamentablemente, una de las consecuencias de la política de transferencias, puesta en marcha por el Gobierno Herrera, ha sido el incremento de reclamaciones en este ámbito por el descontento que produce la doble red: asistencial y educativa en la atención a los más pequeños.
Como otros problemas, los derivados de la conciliación se agravan para las familias que optan por vivir en el ámbito rural.
Especialmente sensible con estas situaciones el Defensor insiste en la necesidad de ofrecer una respuesta integral a la conciliación, especialmente en las zonas rurales, donde se hace imprescindible un servicio de transporte escolar como instrumento que favorezca la igualdad de oportunidades y la fijación de población en un ámbito territorial tan necesitado de gente.
En esta ocasión la Consejería de Familia condicionó su actuación a un lacónico:
“según la disponibilidad organizativa y presupuestaria”.
INDUDABLEMENTE UNA FRASE PARA LA ESPERANZA, ya que con el nuevo instrumento de lucha contra la despoblación, la famosa AGENDA, los problemas de transporte, muy probablemente, serán historia este mismo año.
Este grupo parlamentario va a estar muy atento a este asunto.
Es más, nos vamos a erigir en AUTÉNTICOS GUARDIANES DE LA AGENDA y en concreto, en vigilantes de la red de transporte rural. Porque la ampliación de esta red tienen mucho que ver con la fijación de población en el ámbito rural y, por tanto, con el ÉXITO DE LA PROPIA AGENDA.
BIEN, por último quisiera, muy brevemente, dar respuesta a la segunda cuestión que planteaba al inicio de mi intervención acerca de la conveniencia de potenciar la labor del Procurador del Común.
Es cierto que el debate de hoy tiene una consecuencia inmediata y supone un potente altavoz del descontento ciudadano.
También es cierto que las administraciones se ven obligadas a tomar buena nota y a responder al requerimiento del Procurador, aunque no siempre lo hagan con la diligencia exigible a todo servidor público.
Pero, a parte de esto: ¿puede el defensor de las personas ser un instrumento de transformación de las administraciones?
Sinceramente creo que sí.
La creación del REGISTRO DE ENTIDADES NO COLABORADORAS es un paso importante en este sentido, al que deben seguir otros más, encaminados a hacer efectivas las recomendaciones del Procurador del Común.
Creo que sus resoluciones deben impulsar las transformaciones normativas, administrativas y presupuestarias, necesarias para que las personas vivan mejor en Castilla y León.
Y es responsabilidad de estas Cortes propiciar, cuanto antes, los cambios en la ley del Procurador, para que ese impulso transformador sea más eficaz todavía.
Decía el profesor Zufiría, en la apertura del curso económico, que este difícil momento histórico que atravesamos nos brinda la oportunidad de pararnos a pensar qué cambios son necesarios para mejorar todo lo que hacemos.
Pues bien creo que, en este sentido, tenemos que considerar la propuesta de reforma de la ley, que el equipo del procurador del común ha trasladado a los grupos parlamentarios.
Considero que el texto va en la línea de mejorar el funcionamiento de la institución y hacerla más eficaz en la defensa de las personas.
Por eso parece oportuno que los tres grupos parlamentarios nos pongamos de acuerdo, cuanto antes, para asumir COMO PROPOSICIÓN DE LEY DE CONSENSO, el documento presentado por el equipo del Procurador.
ESTE FIRME COMPROMISO QUE HAGO PÚBLICO HOY, QUIERE SER UNA APORTACIÓN A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS QUE CON TANTO RIGOR LLEVA A CABO ESTA INSTITUCIÓN.
Creo que estas Cortes no pueden dejar pasar la oportunidad de acelerar una reforma legislativa que reforzará la autonomía de la institución y garantizará una mejor defensa de los derechos de las personas.
GRACIAS!
28 de septiembre de 2010
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