Operacion MalayaDesde que se produjo la "Operación Malaya" Marbellí, nos desayunamos cada día en todos los medios con noticias relativas al urbanismo salvaje, pelotazos, corrupción asociada, etc., en una lista que empieza a hacerse insoportable: Ciempozuelos, Tres Cantos, Pozuelo de Alarcón, Manilva, Seseña, Camas, Calvía, Las Navas del Marqués, Telde, Tenerife, Orihuela, Torrevieja, Alicante, Murcia, Salamanca...

Afecta por igual a todos los partidos y está generando una profunda alarma social y una enorme pérdida de credibilidad de las instituciones y del propio sistema democrático.

Personajes como Roca, “El Pocero”, “El Paloma”, en colaboración con funcionarios y servidores públicos, han hecho norma del “todo es urbanizable”, y han propiciado: la recalificaciones salvajes de terrenos, la concesión de contratos públicos, la corrupción, en definitiva la apropiación privada del Estado, contraviniendo las bases del sistema y atentando directamente contra el estado de derecho.

Nos encontramos pues ante un grave problema social, en un campo como es el de la construcción, uno de los principales motores económicos del país, a pesar del cual y donde paradójicamente sigue sin resolverse el problema de acceso a la vivienda que siguen teniendo muchos ciudadanos.

Estimamos que sería un grave error de los partidos políticos que no afrontaran este problema conjuntamente y se limitaran a utilizarlo exclusivamente como bazas electorales de cara a las próximas elecciones municipales, sin ir mas allá del “y tu también” o el “y tú más”.

Deben hacer un esfuerzo implantando rigurosamente la tolerancia cero, potenciando los mecanismos de control público afectados seriamente por los episodios de corrupción, procediendo a la regeneración democrática, recabando la pronta actuación de la justicia, potenciando y dotando de medios a las Fiscalías Anticorrupción, Medio Ambiente, con dotaciones especializadas en la policía y guardia civil, exigiendo el cumplimiento y revisando si es preciso leyes como la del suelo, de montes, etc.

Respecto a los Ayuntamientos, que actualmente tienen prácticamente todo el poder sobre el tema urbanístico, debe propiciarse una gestión transparente y sin intermediarios en los temas urbanísticos, dar un mayor poder de decisión a la intervención municipal y organismos técnicos, e instaurar nuevos mecanismos de control y de veto por las Comunidades Autónomas e incluso por el Estado, cuestión que se está volviendo a plantear ante la alarma social y a pesar de que actualmente existe la cesión total de este tema a ayuntamientos y comunidades autónomas.

Es imprescindible abordar los sistemas de financiación municipal, que han tenido que utilizar en muchos casos acciones y convenios urbanísticos para sobrevivir financieramente, acabar con posibles sistemas de financiación irregular de los partidos políticos por este procedimiento, así como exigir la obligación de devolver las cantidades recibidas irregularmente por los funcionarios y cargos públicos afectados.

Finalmente creemos que son muchos los alcaldes, concejales y funcionarios que sirven honradamente a los intereses públicos, y pedimos a los ciudadanos en este proceso abierto ante tantos escándalos, que ejerzamos todas las formas de control social, propiciando la autorregulación de la sociedad, coordinando los comportamientos de sus miembros, depurando estos y la democracia. Nos queda la voz, la palabra, y el ejercicio responsable de nuestro voto.

Emilio Sánchez Álvarez
24/10/2006