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El TSJCyL insta a la Junta a elaborar planes de calidad del aire para reducir el ozono
Por primera vez un tribunal español obliga a una Comunidad Autónoma aprobar planes de calidad del aire para el ozono, independientemente de la existencia o no de un Plan Nacional.
Salamanca es una provincia afectada con reiteradas superaciones de los niveles mínimos de ozono, 20 muertes al año tendrían que ver con este contaminante.
Por sentencia de 19 de octubre de 2018, tras demanda interpuesta por Ecologistas en Acción, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declara la obligación de la Administración Autonómica de elaborar y aprobar "a la mayor brevedad" los preceptivos Planes de Mejora de la Calidad del Aire, para las zonas donde entre 2010 y 2014 se superaron los valores objetivo para la protección de la salud y/o de la vegetación, establecidos por la normativa europea y española de calidad del aire para el ozono troposférico. Son Salamanca, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche y Sur y Este de Castilla y León, y habría que añadir Valladolid, Soria y Demanda por incumplimientos en años posteriores, con un total de 75.500 kilómetros cuadrados y una población de 1.755.000 habitantes.
El Tribunal entiende que el artículo 16 de la Ley estatal de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera y el artículo 24 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, obligan a las Comunidades Autónomas a adoptar planes de mejora de la calidad del aire pare alcanzar los objetivos en los plazos fijados, en las zonas en las que los niveles de uno o más contaminantes regulados superen dichos objetivos, como es el caso del ozono.
La Sentencia declara que la existencia de valores altos de ozono en prácticamente todo el territorio de Castilla y León, de España y del sur de Europa, pone de relieve que no se trata de un problema local y regional sino nacional e internacional, "no desvirtúa el carácter imperativo con el que los preceptos citados regulan el deber de actuar de las Administraciones Autonómicas en la elaboración y aprobación de los Planes de mejora de la calidad del aire".
Los magistrados destacan "que la solicitud de la que dimana el presente recurso se presentó en el año 2016, y que ya en el año 2012, se aprecian zonas en las que se superan los valores objetivos, como se desprende de los informes emitidos por la propia Comunidad Autónoma, sin que transcurridos ya más de seis años (…) se haya adoptado Plan alguno". Se trata por ello de una negligencia que pone en riesgo la salud de buena parte de la población de Castilla y León.
El Tribunal finaliza con que "no puede mantenerse, como pretende la Administración demandada, que con carácter previo al desarrollo de los planes regionales sea necesario contar con un plan nacional, pues, como se ha expuesto antes, se trata de instrumentos independientes, aunque, eso sí, con la necesaria interrelación y coherencia entre ambos". El Gobierno central también tiene una causa por inactividad en la Audiencia Nacional al no elaborar el Plan Nacional de Ozono Troposférico comprometido en 2015.
La sentencia, que impone las costas a la Junta de Castilla y León y frente a la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, constituye un precedente judicial que prefigura la solución a la situación de incumplimiento de los estándares legales de calidad de la aire por ozono en diversas zonas de una docena de Comunidades, afectando a 18 millones de personas y 340.000 kilómetros cuadrados.
Para Ecologistas en Acción el pronunciamiento del Tribunal de Castilla y León es de gran importancia, es la primera vez que la Justicia española declara la obligación legal de elaborar planes de calidad del aire para el ozono, sobre la base del derecho nacional. En coherencia con resoluciones de tribunales de otros países europeos en el mismo sentido, en relación a otros contaminantes como el dióxido de nitrógeno o las partículas.
Ecologistas en Acción exige al Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que no demore más cumplir con sus obligaciones y vele por la salud de la población afectada, desasistida desde hace años por su negligencia. El ozono está relacionado anualmente con un centenar de muertes en cinco ciudades de Castilla y León, 20 en Salamanca, según el estudio del Instituto de Salud Carlos III "Efecto a corto plazo del ozono troposférico sobre la mortalidad diaria en España" (Atmospheric Environment 187 (2018) 107-116). Es inaceptable que se deje morir a gente por esto.
El Parlamento Europeo también mantiene abierto un procedimiento sobre la falta de planes de ozono, tras el acuerdo de la Comisión de Peticiones del 9 de octubre de requerir información al Reino de España sobre este incumplimiento legal. Por ello, Ecologistas en Acción reclama una vez más al Ministerio para la Transición Ecológica que elabore el Plan Nacional de Ozono Troposférico comprometido hace años, e inste a las Comunidades Autónomas a que aprueben sus propios planes.
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