Stop Desahucios Salamanca

El Pleno aprueba por unanimidad la moción de Exigencias de la PAH, propuesta por Stop Desahucios Salamanca, que espera soluciones reales para las familias

SALAMANCA, 29 DE OCTUBRE DE 2015
El Ayuntamiento de Santa Marta ha aprobado por unanimidad en el Pleno celebrado esta mañana la moción propuesta por Stop Desahucios Salamanca a los distintos partidos para establecer las bases necesarias que garanticen vivienda digna a todos los ciudadanos. Se trata de la moción de Exigencias de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) que los grupos de activistas están haciendo llegar a los ayuntamientos de todo el país para exigir el compromiso de los políticos en cuanto al cumplimiento del artículo 47 de la Constitución.
El texto aprobado incluye todas las exigencias de la PAH. Se trata de medidas de mínimos que buscan garantizar de forma real y efectiva el derecho a la vivienda digna y adecuada, como son 1a dación en pago retroactiva, el alquiler estable y asequible (lo que implica la reforma de la Ley de alquileres), la garantía de vivienda accesible (mediante la movilización de pisos vacíos y la promoción del alquiler social, los suministros básicos garantizados y la creación de un observatorio de la vivienda que vele por el cumplimiento de este derecho.

NOTA DE PRENSA – REUNIÓN CON AMNISTÍA INTERNACIONAL

Ganemos Salamanca hemos mantenido una reunión con representantes de Amnistía Internacional, en la que se nos ha presentado el informe “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España”.

AI ha pedido el apoyo de nuestro grupo municipal para conseguir que las autoridades públicas de España cumplan sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos con relación al derecho a la vivienda.

Especialmente solicitan nuestro apoyo para que desde el ayuntamiento se cumplan estas dos recomendaciones:

1.- Emplear todos los recursos disponibles para conseguir la realización progresiva del derecho a la vivienda y abstenerse de adoptar medidas deliberadamente regresivas que son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos.

2.- Realizar evaluaciones del impacto de las políticas de vivienda sobre los derechos humanos, en consulta con las personas afectadas y las organizaciones de la sociedad civil, y garantizando transparencia y acceso a la información.

Gabinete de prensa de Amnistía Internacional - Salamanca

Viernes, 16 de octubre de 2015, 12:00 h.
Centro de Estudios Brasileños (USAL), Plaza de San Benito, 1, 37002 Salamanca

Intervienen:
Luis García López (Amnistía Internacional): 635806522
Andrés Álvarez Ilzarbe (Stop Desahucios): 646960734

La vivienda en España: un derecho hipotecado

• AI publica un informe en el que pide que se paralicen los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de derechos humanos.
• Las Comunidades Autónomas han adoptado medidas regresivas que incrementan la desprotección.
• España sólo cuenta con el 1,1% de vivienda social, frente al 32% de Holanda, el 23% de Austria o el 18% de Reino Unido

RRHH Digital

El 6,63% de los trabajadores desempleados se vio afectado por el inicio de un proceso de ejecución hipotecaria desde el inicio de la crisis hasta el cierre del pasado año, según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE).
La tasa de parados afectados multiplica por más de dos el porcentaje total de hogares que se vio implicado en la ejecución de su hipoteca en este periodo, que se sitúa en el 2,46%.
En caso de considerar el total de la población, el porcentaje total de hipotecados ejecutados desde 2007 se situó en el 0,74%.

Transcribimos a continuación un comunicado emitido por la Plataforma por una Vivienda Digna
La Plataforma por una Vivienda Digna quiere transmitir que considera una provocación las últimas declaraciones de la Ministra de Vivienda Beatriz Corredor, al afirmar que en 2010 las familias tienen muchas cosas a su favor para comprar una casa.
Queremos recordar a la ministra que actualmente, según la OCDE, España sigue teniendo las viviendas más caras de todos los países desarrollados en relación a los salarios, y que, según The Economist, la vivienda en nuestro país continúa sobrevalorada en un 55%.
En España, más de la mitad de las personas de 30 años todavía no se han emancipado (fuente: OBJOVI), y somos el peor país de Europa en alquiler social, con sólo un 1%, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

En un comunicado de prensa, el PSOE informa que “Salamanca es una de las provincias de Castilla y León que contará con más VPO libres gracias al acuerdo firmado con el Ministerio de Vivienda”, según ha declarado la senadora socialista Josefa Mena.
La senadora por Salamanca señala que “las más de 6.114 viviendas susceptibles de ser protegidas permitirán a muchas familias acceder a un inmueble.”

La PVD emite un comunicado, de ámbito estatal, en el que rechaza las ayudas ofrecidas por el Gobierno para avalar hasta un 50% de los préstamos hipotecarios para compra de viviendas de protección pública.

La ciudadanía no necesita que el Gobierno avale los préstamos para VPO, sino una política de vivienda protegida a precios no abusivos.

Ante el anuncio realizado por la Ministra de Vivienda -Beatriz Corredor- el pasado mes de mayo, sobre la nueva medida del aval del 50% del préstamo hipotecario para VPO por parte del Gobierno, la Plataforma por una Vivienda Digna quiere manifestar el más absoluto rechazo a medidas como ésta, que perpetúan una situación de precios desorbitados en la vivienda protegida (en ocasiones con precios superiores a la vivienda libre), que deterioran la solvencia del país y no cambian nada en las raíces del problema de acceso a la vivienda en España.

La Plataforma por una Vivienda Digna denuncia que estos servicios cuestan cada año millones de euros y no mejoran en nada la situación de acceso a la vivienda.

La Plataforma por Una Vivienda Digna (PVD) ha realizado un análisis del funcionamiento y resultados de tres de los servicios públicos de alquiler que existen en nuestro país, llegando a la conclusión de que son inútiles para el objetivo de una vivienda digna y asequible, y por lo tanto los fondos gastados en ellos son un despilfarro de dinero público.

Los promotores de vivienda protegida ya tenían importantísimos beneficios antes de las últimas subidas aprobadas por algunas comunidades autónomas. la Plataforma reclama que se acuerden reducciones de precio como punto fundamental en el pacto de Estado sobre vivienda propuesto por Beatriz Corredor.