Alberto Segade Illán
Desde el punto de vista de una persona que no tiene vinculación alguna con la estación de esquí de La Covatilla (salvo la de ser contribuyente en la ciudad de Béjar) cabe pensar que lo que más le debe interesar en este asunto es si le va a costar dinero (al margen de los líos políticos, litigios judiciales o controversias personales) o si sale ganando o perdiendo; una vez que el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar más de cuatro millones de euros, cantidad a la que habrá que sumar los intereses.

Para centrar la cuestión, propongo que imaginemos lo que habría ocurrido si la estación de esquí hubiera sido construida y completada por parte del Ayuntamiento de Béjar, tal y como la recibió en 2014. Es decir, que no hubiera existido Gecobesa y que todo lo que hay ahora lo hubiera realizado el ayuntamiento. Que las pistas, los edificios, su dotación, la maquinaria, el sistema de innivación mecánica, los nuevos remontes, la nueva D.I.A. de 2008, que legalizó lo hecho y proyectó el futuro de las instalaciones… todo; que lo hubiera realizado el ayuntamiento por `administración´ y lo hubiera hecho igual y que hubiera costado lo mismo. En este caso, con total seguridad, la cantidad de dinero empleada para hacerlo, habría sido más del triple de lo que ahora tiene que pagar el ayuntamiento.

La última tasación oficial de las instalaciones de La Covatilla, sin contar el valor de los terrenos (copia de la cual conservo en mi archivo) señala que su valor supera los doce millones de euros, cantidad, por otra parte, acreditada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Béjar el 2 de septiembre de 2.010, para la ampliación de hipoteca por parte de la sociedad concesionaria, autorizada, inicialmente, en 6 millones de euros. Si, ahora, el ayuntamiento tiene que pagar la tercera parte, no parece un mal precio. Porque se trata de un precio. No es una multa, ni un agujero económico, ni una obligación adquirida o pago de deuda. Es lo que tiene que pagar el ayuntamiento por las instalaciones, una vez que se quedó con ellas.

En 2014 comenzó la discusión sobre si el ayuntamiento tendría que pagar algo y, si fuera así, cuánto. Los acreedores, avalistas y administrador-liquidador concursal, reclamaban el valor de los restos de Gecobesa (ya ejecutada, liquidada y descuartizada) que, según ellos, les correspondía por Ley. El ayuntamiento defendía que no tenía que pagar nada y que, según sus cuentas, todavía se le debía dinero. Once años después, tras numerosos actos jurídicos, administrativos y pleitos previos, el Tribunal Contencioso Administrativo, a la vista de los antecedentes, la documentación y argumentos presentados por ambas partes, ha zanjado la discusión sentenciando que el precio que tiene que pagar el ayuntamiento son esos cuatro millones y pico de euros más los intereses. No hay culpables ni inocentes, víctimas o victimarios, defraudadores o defraudados, aquí no se trataba de señalar culpas o responsabilidades (que se podrán dilucidar en otros procesos y que no eran objeto de esta demanda) sino de medir y contar lo que a cada parte corresponde.

¿Habría sido mucho más rentable para todos (y positivo para La Covatilla) haber ayudado a Gecobesa, en vez de machacarla y hundirla? Posiblemente sí ¿Se podría, una vez liquidada, haber llegado a un mejor acuerdo desde el principio? Rotundamente, sí. ¿Se habría ahorrado tiempo, incertidumbre y mucho dinero en abogados y juicios además de intereses? También sí ¿Se ha potenciado y mejorado La Covatilla con la gestión del ayuntamiento durante todos estos años? Claramente no, más bien todo lo contrario; pero todas estas cuestiones forman parte de un debate diferente. Lo que tenemos que analizar a día de hoy, es la realidad de que, salvo recurso, ya no hay más que hablar respecto al precio final, salvo que sea para negociar el pago.

¿Recurrirá el ayuntamiento? De momento no lo ha hecho y parece que se lo está pensando, porque ha solicitado una aclaración de sentencia (lo que suspende los plazos hasta que sea dictada) en la que, entre otras cuestiones, pide que se concrete la fecha a partir de la cual deberían contarse los intereses, lo que es bastante importante en este caso.

¿Le conviene recurrir al ayuntamiento? Yo creo que no. En primer lugar, porque, cada día que pasa, tiene que pagar más (a razón de más de 13.000 euros por mes) y el recurso alargaría los plazos. En segundo lugar, porque la sentencia está abundantemente fundamentada, después de muchos años de peritajes, informes y actos jurídicos previos. Por lo que, aunque técnicamente es recurrible, no es aconsejable arriesgarse a que el recurso sea considerado temerario y acarree una condena complementaria en costas, que serían muy elevadas.

Si el ayuntamiento recurriera, yo creo que lo haría, fundamentalmente, para ganar tiempo y dilatar en el tiempo las posibles responsabilidades, que se deje de hablar de la sentencia mientras no sea firme y que sea otra corporación la que cargue con el muerto. También para que los abogados, que le aconsejan, ganen más dinero. Porque dudo que tengan muchas esperanzas en cambiar el resultado de esta larga discusión en la que todos han reiterado sus argumentos. Pero, ellos sabrán, aunque a mí me parece que lo mejor para todos y para la propia estación (no tanto para los abogados) es sentarse a negociar el pago.

De esta manera, esta sentencia sería buena para Béjar. Porque viene a solventar, al precio justo, una cuestión que era un lastre para la estación de esquí y la ciudad y que, quedaría libre de cargas, permitiendo, además, que se pueda tomar la decisión más conveniente para la ciudad en relación a La Covatilla y su futuro.

Los inclinados a potenciarla y promoverla tendrían, una base más sólida para conseguir sus objetivos. Quienes proponen un nuevo modelo de gestión a través de una sociedad pública, verían eliminado un obstáculo. Para aquellos que no son partidarios de que el ayuntamiento tenga una estación de esquí, se presentaría una buena oportunidad para venderla (No es broma, he consultado con mis contactos en el sector del esquí y me aseguran que podría ser un chollo quedarse con La Covatilla por menos de 10M€ negociados) Incluso los más combativos conservacionistas podrían aprovechar la ocasión para proponer que se desmantele y venda `por partes, a menos perder.

Para la ciudadanía de Béjar, en general (que ahora ya puede decir que es dueña, al cien por cien, de la estación de esquí) quedaría el debate de lo que se pueda hacer con ella o si merece la pena quedársela. Para todas las personas que han pagado la diferencia a la baja en el precio de la misma, con la ruina y liquidación de Gecobesa, la convicción de que, una vez hechas las cuentas, quizá puedan recuperar algo de lo que han perdido y depurar las responsabilidades que correspondan.

Pero esto último, forma parte de otro capítulo de la historia, que seguramente no tendrá demasiado interés para la mayor parte de la ciudad, que está harta de La Covatilla y de que algunos estemos siempre con lo mismo, mientras todo lo demás también está manga por hombro. Yo quiero empatizar, por tanto, con este amplio porcentaje de la población bejarana y compartir su opinión de que ha llegado el momento de comenzar a discutir sobre otros importantes problemas que tiene Béjar y su comarca y que, de la misma forma que ha ocurrido con la estación de esquí, están pendientes de solución desde hace décadas.

Del ayuntamiento depende cerrar la cuestión o seguir varios años con lo mismo, acumulando intereses y pagando a abogados.

Alberto Segade Illán, 6 de abril de 2025.