PODEMOS considera imprescindible que la la Consejería de Sanidad encargue la elaboración de un informe independiente sobre las consecuencias y riesgos para la salud de la mina de uranio
El Grupo Parlamentario PODEMOS ha presentado una Proposición No de Ley para su debate y votación en la Comisión de Sanidad en las Cortes de Castilla y León.

El Grupo Parlamentario PODEMOS ha presentado una Proposición No de Ley, para su debate y votación en la Comisión de Sanidad en las Cortes de Castilla y León, mediante la que se instaría a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León a que, en aras del principio de precaución, encargue la elaboración de un informe independiente sobre las consecuencias y riesgos para la salud del proyecto de explotación a cielo abierto de una mina de uranio en la provincia de Salamanca.

La Proposición, firmada por Isabel Muñoz Sánchez, Procuradora por la provincia de Salamanca y portavoz en la Comisión de Sanidad, explica que “con carácter general, la actividad minera radiactiva, por su naturaleza, finalidad y condiciones de explotación, resulta incompatible con el desarrollo de una economía social y medioambientalmente sostenible”, por lo que conlleva enormes riesgos económicos, ambientales y de salud para la población.

Las especiales circunstancias que rodean a la Concesión de Explotación “Retortillo-Santidad” suscitan, si cabe, mayor preocupación. La zona afectada coincide con las áreas de conservación LIC “Riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes” y ZEPA “Riberas de los ríos Huebra y Yeltes” de la Red Natura 2000.

Además, de manera sobrevenida a la apertura de la mina, la empresa ha promovido la construcción de una planta de fabricación de concentrados de uranio que tiene la consideración de instalación radiactiva de primera categoría del ciclo del combustible nuclear, y este hecho fue omitido en la tramitación de los expedientes urbanísticos iniciales. Como se admite en la Orden IET/1944/2015, de 17 de septiembre, de la Secretaría de Estado de Energía: “existe una interrelación entre la planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo y la explotación minera de Retortillo-Santidad, ya que, además de compartir el mismo emplazamiento, en el hueco de mina de Retortillo se irán almacenando los estériles de proceso y residuos radiactivos a medida que se generen en la planta”.

Asimismo, la empresa promotora desistió de sus solicitudes de licencia urbanística tramitadas ante los Ayuntamientos de Villavieja de Yeltes y de Retortillo debido a la posible denegación por parte del primero, para tramitar posteriormente un único procedimiento ante este último Consistorio. Por esta razón, el Procurador del Común de Castilla y León ha recomendado tramitar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental y analizar de nuevo las repercusiones sobre la Red Natura.

Por otro lado el Ministerio de Energía ha acordado la suspensión del procedimiento de autorización de construcción de la mencionada planta de concentrados, con carácter indefinido, hasta la emisión del informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

El rechazo social e institucional a la explotación de una mina de uranio a cielo abierto en la provincia de Salamanca es generalizado. El Pleno de la Diputación de Salamanca aprobó el pasado mes de febrero “instar al Consejo de Seguridad de Energía Nuclear, al Ministerio de Economía y Competitividad, como órgano del que depende el Instituto Carlos III y a la Junta de Castilla y León como organizaciones competentes en materia de prevención radiológica, de sanidad, de minas y de medioambiente, a que soliciten un estudio al Instituto de Salud Carlos III que determine las posibles repercusiones que puede tener para los habitantes de la Provincia de Salamanca la apertura y funcionamiento de la mina de Retortillo”.

En este mismo sentido, el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca acordó el pasado mes de junio su rechazo al proyecto y la necesidad de encargar un informe sobre las consecuencias para la salud. Además, la Comisión Europea ha abierto una investigación a España por no cumplir sus obligaciones de información en relación con la mina de uranio.

Distintos estudios científicos revelan la existencia de riesgos para la salud asociados a explotaciones mineras de uranio a cielo abierto. Las mencionadas deficiencias procedimentales y las numerosas causas e investigaciones judiciales en curso contribuyen a incrementar las sombras sobre el proyecto y ponen de manifiesto la necesidad de paralizarlo siquiera cautelarmente. Para garantizar la protección de la salud pública y dar cumplimiento al principio de precaución, se impone la necesidad de que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León adopte las medidas oportunas en ejercicio de sus competencias.