Antonio Muñoz Molina/El País
La política española es tan destructiva como el virus. Contra éste llegará una vacuna, pero contra el veneno español no parece que haya remedio. Si no hacemos algo, esta gente va a hundirnos a todos

A cada momento la política española se va volviendo más tóxica que el virus de la pandemia. Día tras día, desde principios de este septiembre desolador, las noticias sobre el aumento de los contagios y las muertes las hemos visto agravadas por el espectáculo cochambroso de la discordia política, de la ineficacia aliada al sectarismo, de la irresponsabilidad frívola que poco a poco va mutando en negligencia criminal. La política española es tan destructiva como el virus. Contra el virus llegará una vacuna, e irán mejorando los tratamientos paliativos; contra el veneno español de la baja política no parece que haya remedio. Los científicos nos dicen que nuestro país tiene vulnerabilidades mayores que otros. Los epidemiólogos comparan cifras que nos sitúan a la cabeza de Europa en enfermos, en muertos, en sanitarios contagiados. Las instituciones económicas internacionales nos alertan de una recesión más grave que la de ningún otro país de la Unión Europea. Nuestra economía no había caído tanto desde la Guerra Civil. Una generación entera tiene en suspenso su porvenir porque no se sabe si podrán seguir abiertas las escuelas. Pero la clase política española, los partidos, los medios que airean sus peleas y sus bravatas, viven en una especie de burbuja en la que no hay más actitud que la jactancia agresora y el impulso de hacer daño, y el uso de un vocabulario infecto que sirve sobre todo para envenenar aún más la atmósfera colectiva, para eludir responsabilidades y buscar chivos expiatorios, enemigos a los que atribuir las culpas de todos los errores.

Es el virus el que mata, pero mataría muchísimo menos si desde hace muchos años la incompetencia, la corrupción y el clientelismo político no hubieran ido debilitando las administraciones públicas, expulsando de ellas a muchas personas capaces, sumiendo en el desánimo a las que se quedaban, privándolas de los recursos necesarios que acaban dilapidados en privatizaciones tramposas o en nóminas suntuosas de parásitos. El buen gobierno, la justicia social, necesitan lo primero de todo de una administración honesta y eficiente. Las mejores intenciones naufragan en la nada o en el despropósito si no hay estructuras eficaces y flexibles y funcionarios capaces que las mantienen en marcha. Un logro tan necesario como el ingreso mínimo vital queda empantanado por la indigencia de una administración desbordada. España es un país de discursos sonoros y de teléfonos oficiales que no contestan nunca, de asesores innumerables y centros de salud en los que falta material sanitario y hasta de limpieza, de dirigentes políticos que prometen el paraíso de la independencia o la igualdad y médicos que para subsistir han de firmar contratos de una semana o de un día. La Comunidad de Madrid tiene el ritmo de contagios más alto del mundo y su pomposo vicepresidente inaugura un dispensador de gel hidroalcohólico en una estación de metro. Ciento cincuenta científicos de primer rango publican en The Lancet un manifiesto en el que solicitan que las administraciones españolas hagan un examen completo, riguroso e independiente de la gestión de la pandemia en nuestro país. El manifiesto aparece a principios de agosto, cuando la curva de contagios ya está ascendiendo: ni una sola institución se hace eco; a mediados de septiembre, y solo después de que se publique un segundo manifiesto más alarmado todavía, el ministro de Sanidad propone a los científicos un encuentro para octubre. Se ve que no hay prisas.

Médicos, enfermeros, limpiadores, repartidores de comida, reponedores de supermercados, policías, militares, cuidadores en residencias de ancianos, profesores, farmacéuticos: el número y la calidad de las personas que entregaron sus vidas haciendo trabajos esenciales durante los días más oscuros del confinamiento nos dan confianza en la solidez de nuestro país, más meritoria porque se mantiene en lo posible a pesar de un clima político destructivo y estéril, de una clase política en la que sin la menor duda habrá personas honradas y capaces, pero que en su conjunto, en la realidad cotidiana de su funcionamiento, se ha convertido en un obstáculo no ya para la convivencia civilizada, sino para la sostenibilidad misma del país, para la supervivencia de las instituciones y las normas de la democracia. No es que se muestren cada día incompetentes o irresponsables en la gestión de los problemas que nos agobian; es que se dedican activamente a agravarlos, impidiendo cualquier forma de acuerdo constructivo, y con mucha frecuencia a crear otros que solo existen porque ellos los han inventado, a fin de echar más leña al fuego de la bronca diaria. Viven tan encerrados en sus intereses que no tienen capacidad de dirigirse con generosidad y elocuencia al común de la ciudadanía que representan, y de la que viven. Hablan en público y solo les hablan a los suyos. Por perjudicar al adversario son capaces de sabotear lo que sería beneficioso para la mayoría. En lugar del debate público, del intercambio de ideas, de la búsqueda de mejoras prácticas, prefieren el circo venenoso de las redes sociales, que son el juguete y el escaparate al que todos ellos se han afiliado. Ya nadie se acuerda, pero hace un año tuvimos que repetir elecciones, porque los partidos más favorecidos por la ciudadanía en las elecciones anteriores de abril fueron incapaces de llegar a un pacto de gobierno, lo cual nos obligó a una larga interinidad de la que solo empezábamos a salir, de manera vacilante, cuando irrumpió la pandemia y nos puso delante sin excusa todas las fragilidades que llevan muchos años arrastrándose por la incuria y la incapacidad de la clase política.

Pareció entonces, hacia principios de marzo, que el peso brutal de la realidad forzaría entre los dirigentes y los partidos un grado de sensatez, un sentido de la responsabilidad equivalente al de los ciudadanos que de un día para otro cambiaron sus hábitos y acataron el encierro, cuando no al de los sanitarios y a los servidores públicos que con frecuencia en condiciones lamentables ejercieron durante meses un tranquilo heroísmo. Era tan evidente lo que nos hacía falta que parecía imposible que no se forjaran grandes pactos para conseguirlo. Pero yo recuerdo que en los días más oscuros la derecha española daba tanto miedo en su saña destructiva como el coronavirus, y se confabulaba perfectamente con esa otra derecha integrista que a algunos les parece de izquierdas tan solo porque se declara antiespañola: a quienes más se parecen ahora los independentistas catalanes en su insolidaridad y en sus ganas de gresca y de aprovechamiento del desastre es a los patriotas españolistas que malgobiernan la Comunidad de Madrid. A unos y a otros, el daño que puedan hacer al Gobierno central les importa más que el perjuicio de todos. Y en el Gobierno mismo, mal avenido y desnortado, los bocazas y los irresponsables entorpecen el trabajo de los que sí saben lo que hacen.

No sé, sinceramente, qué podemos hacer los ciudadanos normales, los no contagiados de odio, los que quisiéramos ver la vida política regida por los mismos principios de pragmatismo y concordia por los que casi todo el mundo se guía en la vida diaria. Nos ponemos la mascarilla, guardamos distancias, salimos poco, nos lavamos las manos, hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos. Si no hacemos algo más esta gente va a hundirnos a todos.