Más de un centenar de miembros de los dos grandes partidos han sido encausados por corrupción desde 2004 - Los populares son más blandos en las sanciones
Elpais.com

Amanecía el 29 de noviembre de 2007 cuando el alcalde de Totana (Murcia), José Martínez Andreo, del PP, fue sacado de su casa por guardias civiles. Estaba -y sigue- acusado de formar parte de una red de cobro de comisiones a cambio de masivas recalificaciones de suelo. Permanece en el cargo. Lo mismo que Juan Martín Serón, alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), imputado en un delito similar, en libertad bajo fianza, a la espera de juicio y con el bastón de mando de alcalde. "¡No van a por mí, van a por el PP!", gritó cuando era detenido, el 18 de enero de 2007. Una tesis, la de la persecución, que ahora enarbola todo el partido.

Como ellos, 90 cargos públicos del PP -sobre todo alcaldes y concejales- han sido imputados en casos de supuesta corrupción en los últimos cinco años. Igual que 33 cargos públicos del PSOE, algunos de los cuales también conservan el sillón: el presidente del Consell de Ibiza, Xicu Tarres, por ejemplo; o el ex alcalde y hoy concejal de Granadilla (Santa Cruz de Tenerife) Jaime González Cejas. Los populares suelen ser más blandos con sus imputados que los socialistas con los suyos; y ambos tienen una elástica vara de medir, que cambia en función del caso.

EL PAÍS ha analizado el estado de la corrupción en las siete comunidades que han sido escenario de los casos más sonados: del urbanismo salvaje (y prevaricador) en Murcia y Valencia al cobro de sobornos en Baleares, Galicia y Andalucía; del caso Telde en Canarias al Gürtel en Madrid.

En total, al menos 123 cargos públicos -en España hay decenas de miles- han sido imputados, y la inmensa mayoría sigue a la espera de sentencia. Los casos archivados, como el del alcalde socialista de Elche o el del presidente valenciano Francisco Camps, no se incluyen en este cómputo (tampoco los que no son por corrupción). La comunidad que más imputados acumula es Baleares; y Andalucía, la única en la que hay más del PSOE que del PP.

BALEARES De Andratx al Palma Arena
El último caso ha estallado este verano: un juez investiga un supuesto desfalco millonario en la construcción del velódromo Palma Arena, obra emblemática del ex presidente Jaume Matas (PP). Doce ex altos cargos del PP están encausados, entre ellos el actual portavoz municipal en Palma, Rafael Durán -que ha anunciado que dimitirá de portavoz, no de concejal-, y dos ex directores generales. El PP confía en la inocencia de sus militantes y ha convertido este caso en pilar de su teoría de la persecución, por la forma en la que los detenidos fueron tratados: la policía los llevó a declarar esposados de forma muy evidente, y Durán pasó tres días en los calabozos.

De los casos anteriores al Palma Arena, el único que ya tiene sentencia es el de Andratx: el alcalde -que dimitió tras su detención televisada y fue expulsado del PP- está condenado a cuatro años de cárcel; y Jaume Massot, cerebro del urbanismo de Matas, a ocho años y medio. Han recurrido y están en libertad con fianza. También fueron detenidos y esposados los imputados por el caso Scala (supuesta malversación y cohecho en el Consorcio de Desarrollo Económico), que tuvo cuatro meses en la cárcel a un director general.

El PP mantiene en el Parlamento balear a dos diputados imputados, por el caso Scala y por otro supuesto cohecho en el plan territorial de Mallorca. Y hay más sumarios abiertos: el del Consorcio Turismo Joven, el de la empresa pública Bitel y el de la funeraria de Palma.

Los socialistas, por su parte, han mantenido su confianza en la ex alcaldesa de Calvià Margarita Nájera, que aun estando imputada por prevaricación y cohecho fue nombrada consejera y ahora es comisaria del Gobierno central en la reforma de la playa de Palma. Igualmente permanecen en el cargo Xicu Tarres, presidente del Consell de Ibiza y diputado; Josep Marí, alcalde de Sant Josep, y Miquel Mestre, director general. El juez investiga en el caso Ibiza supuesta financiación ilegal del PSOE.

MURCIA Alcaldes que no dimiten
Diecisiete imputados del PP frente a cinco del PSOE. Junto al alcalde de Totana, que sigue en el cargo, están imputados por supuesta malversación, cohecho y tráfico de influencias los alcaldes de Fuente Álamo y Torre Pacheco, todos del PP. Y también conservan la silla de alcalde. El caso tiene una derivada, que la juez está investigando, de posible financiación irregular del PP local. Igual que en Librilla, donde fueron detenidos el alcalde y el edil de Urbanismo. Otro que sigue al frente del ayuntamiento es el alcalde de Águilas, imputado por la recalificación irregular de una finca. Y el de Fortuna, acusado de comprar votos.

Los socialistas de Murcia han sido más duros con sus imputados. En Lorca, al ex alcalde Miguel Navarro se le abrió expediente de suspensión, y dos ediles fueron expulsados. También el ex regidor de Los Alcázares Juan Escudero, en libertad bajo fianza, ha sido expulsado del PSOE.

CANARIAS Telde, Mogán, Granadilla...
La Operación Faycán, iniciada en 2006 contra una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en Telde (segundo municipio de Gran Canaria), es otro de los casos que el PP esgrimió en su día para denunciar la presunta persecución a sus cargos. El partido no ha expulsado ni al alcalde, Francisco Valido, ni a otros cinco concejales imputados -Valido y la teniente de alcalde sí dimitieron, pero ocupan cargos orgánicos en el PP-. Todos están en libertad bajo fianza.

Después de Faycán vino, en 2007, la Operación Góndola -también por cobro de comisiones-, y esta vez el imputado fue el alcalde de Mogán, Francisco González (junto a su concejal de Obras). Quedó en libertad acusado de ocho delitos, se presentó de nuevo a las elecciones y ganó. En el municipio de Santa Brígida hay cuatro cargos del PP encausados, incluido el alcalde y dos ex alcaldes.

En cuanto al PSOE, en Granadilla (sur de Tenerife) la supuesta corrupción vinculada a la concesión de licencias para plantas fotovoltaicas mantiene imputado al ex alcalde Jaime González Cejas -que sigue en el ayuntamiento, ahora de concejal en la oposición- y a otros dos ediles. El PP ha denunciado que, en este caso, la fiscalía no se ha presentado a los interrogatorios de los acusados socialistas. Asimismo está imputado por prevaricación el alcalde de El Rosario -y aquí tampoco el fiscal ha acudido a las citaciones, y el PSOE no ha expulsado a su alcalde-.

COMUNIDAD VALENCIANA El intocable Fabra
Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental continuada y fraude fiscal. Todo eso le imputan dos jueces al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en cuyas cuentas bancarias la Agencia Tributaria detectó 600.000 euros sin procedencia justificada. Ni él ni su partido, el PP, le dan la menor importancia, y los votantes tampoco: "El pueblo me ha absuelto", llegó a decir Fabra tras constatar que no perdía apoyo en las elecciones. Es uno de los casos paradigmáticos de imputado con apoyo incondicional de su partido. Y se da en la comunidad -de las siete estudiadas- donde los casos de supuesta corrupción están más igualados: siete del PP frente a seis del PSOE.

Ninguno de los cargos populares imputados en estos años -el diputado y alcalde de Torrevieja Pedro Ángel Hernández, un ex alcalde de Orihuela, un concejal de Calpe, otro en Albatera- han sido expulsados del partido ni obligados a dimitir.

Los socialistas valencianos han expulsado al alcalde de Bigastro Joaquín Moya y a otros dos concejales, todos imputados por cohecho y malversación (Moya estuvo preso). La alcaldesa de San Fulgencio, Trinidad Martínez, detenida el año pasado, está suspendida cautelarmente, al igual que dos concejales.

ANDALUCÍA Detenciones en Málaga
Dos alcaldes malagueños del PSOE -el de Estepona y el de Alcaucín, ambos expulsados por su partido- y uno del PP -el de Alhaurín el Grande, que sigue en el cargo y respaldado por la dirección popular- han sido detenidos en los últimos dos años. Eso ha convertido a la provincia de Málaga en aparente epicentro de la corrupción andaluza. Pero hay más casos: en Aljaraque (Huelva) fueron detenidos el ex alcalde Juan Manuel Orta, del PP, y su edil de Urbanismo, acusados de delito fiscal y blanqueo. El concejal de Urbanismo de Alhendín (Granada), también del PP, está en libertad bajo fianza por supuesto cohecho.

El PSOE mantiene en el cargo a la alcaldesa de Jerez de la Frontera, Pilar Sánchez, a pesar de estar imputada por prevaricación; al de Níjar (Almería), Joaquín García, imputado por malversación y falsedad; y al regidor de Navas de la Concepción (Sevilla), Antonio Gutiérrez, acusado de cohecho.

MADRID El polvorín de 'Gürtel'
La Operación Gürtel, que destapó una trama de corrupción a través de empresas infiltradas en Administraciones del PP, dio de lleno a los populares madrileños, que tiene a 11 cargos imputados. El partido de Esperanza Aguirre obligó a darse de baja a tres alcaldes y a un ex alcalde imputados -acusados de cobrar sobornos millonarios y que dimitieron-, a otros dos altos cargos y a tres diputados autonómicos que sin embargo conservan su escaño. El PP no le ha exigido el escaño al senador Luis Bárcenas ni al diputado nacional Jesús Merino.

Entre los socialistas de Madrid, el escándalo llegó en Ciempozuelos: el alcalde (que dimitió), Pedro Torrejón, y el ex alcalde Joaquín Tejeiro fueron detenidos en 2006 -están libres bajo fianza de casi un millón de euros cada uno y expulsados del PSOE- por el presunto cobro de comisiones. Tenían cientos de miles de euros en una cuenta bancaria en Andorra.

GALICIA Un imputado con premio
José Luis Mosquera y Alejandro Alonso, concejales del PP en Gondomar (Pontevedra), fueron detenidos en febrero de 2007 cuando cobraban una primera entrega de 50.000 euros, de 180.000 apalabrados, por una recalificación de terrenos. El alcalde, Carlos Silva, y otros cinco concejales fueron condenados a 18 meses de cárcel por prevaricación. La sentencia está recurrida y, mientras, Silva ha sido premiado con un cargo de vicepresidente de la Diputación.