El País.- Julio Llamazares

Se podrá dudar de la palabra del sastre que confeccionó los trajes de los que tanto se habla en la prensa española últimamente, pero no de su profesionalidad: a sus destinatarios los trajes les sientan de maravilla.

Así que, si yo fuera el juez, seguiría investigando por ahí, puesto que, aunque no deja de ser cierto lo que dijo el presidente del partido al que aquellos pertenecen de que nadie se vende por cuatro trajes, no es menos cierto que, si éstos están tan bien cortados como se ve, cualquiera puede caer en la tentación de ponérselos, máxime si, como es el caso, ha de cambiar de traje a diario en función del cargo que ostenta, siempre al servicio de los demás, por supuesto.

Igualmente, y aunque nuestra Constitución ampare la presunción de inocencia de todos los españoles, incluidos aquellos a los que, como los del caso Gürtel, el aspecto delata sólo con verlos (la fotografía de la explanada de El Escorial con Correa y El Bigotes desfilando con chaqué en el convite de Agag y Aznar serviría como prueba acusatoria en cualquier juicio), si yo fuera el juez del caso, seguiría los pasos de los imputados aunque solamente fuera por aquello que dicen los americanos de que, si un ave anda como un pato, vuela como un pato y nada como un pato, lo normal es que sea un pato (en España hay otra versión de ese silogismo, más costumbrista y menos avícola, que es esa que asegura que, si alguien lleva casco, hacha y manguera, lo normal es que sea bombero).

Lo que no comprendo, en cambio, dicho sea con todos los respetos hacia quienes actúan y piensan de modo diferente, es la insistencia de los partidos de izquierda en utilizar esos casos de corrupción, así como otros varios que salpican al Partido Popular desde hace tiempo, como arma en la batalla partidista cuando la realidad demuestra que al electorado conservador la corrupción no sólo no le preocupa, sino que la considera consustancial a la actividad política, incluso digna de admiración y aplauso (siempre y cuando, eso sí, la protagonicen personas de su ideología; otra cosa es que afecte a los contrarios), como recientemente han vuelto a demostrar los resultados de las últimas elecciones al Parlamento Europeo.

¿O cómo explicar si no que las comunidades más afectadas por esos casos de corrupción, incluso con personas ya imputadas por los jueces, sean precisamente donde el partido al que pertenecen mejores resultados ha obtenido, incluso acrecentando su número de votos?

Cierto que existen otros factores (la crisis económica, por ejemplo, o la abstención de muchos votantes, especialmente en ciertas regiones) que explican esos resultados, pero lo que parece claro es que la que los partidos de izquierda creían iba a ser su baza principal en esa cita se ha demostrado no sólo inocua, sino hasta revitalizadora para sus opositores; tan revitalizadora que algunos de éstos han llegado a argumentar, ignorando los principios democráticos más básicos (el de la división de poderes, el primero, y el de la independencia de los jueces, el segundo) que esos buenos resultados obtenidos en las urnas suponían de hecho una absolución de los imputados en los citados escándalos de corrupción. Un argumento que serviría para que cualquier persona con cuentas con la justicia se presentara a unas elecciones esperando a que las urnas revocaran la decisión del juez.

Algo pasa en un país cuando la corrupción no sólo no penaliza a quienes se benefician de ella sino que les favorece. En los últimos días se han hecho muchos análisis sobre el asunto, comparando el caso de España con los de otros países de nuestro entorno (el de la Italia de Berlusconi o el del Reino Unido de Gordon Brown, tan parecidos a primera vista, pero resueltos por la población de modo muy diferente), pero nadie se atreve a decir lo que muchos sospechamos o pensamos ya hace tiempo: que la sociedad española tiene un problema muy grave y éste no es tanto la crisis económica, que existe, eso es evidente, cuanto la moral y estética. Y esa crisis, que es ya antigua (viene de la dictadura, incluso de más atrás), se ha acentuado en estos últimos tiempos al socaire de la bonanza económica que el país ha vivido durante años y de una cultura, o incultura, la de la picaresca, que, arraigada en nuestro carácter (el español presume de listo, nunca de honrado, ni de trabajador), se adapta a cada momento en función de sus características.

El problema principal es que quienes deberían solucionar esa crisis (que no se arregla con inyecciones de dinero, como la económica, sino con el ejemplo y la educación de la población) son los que más contribuyen a acrecentarla, los unos utilizando la corrupción como munición política, pero sin preocuparse mucho por lo que de verdad supone, y los otros protegiendo a los corruptos con el desvergonzado argumento de que las urnas no le condenan.

Julio Llamazares es escritor.