El presidente Colom, acusado del crimen, declara que no piensa dimitir
El País.com MAITE RICO

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) colaborará en la investigación del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, dado que se trata de un caso "que afecta la gobernabilidad del país", según anunció ayer el fiscal español Carlos Castresana, que dirige esa misión auspiciada por la ONU. Rosenberg, un jurista prestigioso, fue tiroteado el pasado domingo.

Horas después, salía a la luz un vídeo en el que el propio abogado anticipaba su asesinato y culpaba directamente al presidente guatemalteco, Álvaro Colom; a su mujer, Sandra, y a varios funcionarios, a los que acusaba de desvío de fondos y lavado de dinero en el Banco Rural de Desarrollo (Banrural), la principal entidad bancaria del país. Esta trama, añadía Rosenberg, estaba también detrás del asesinato, un mes antes, del empresario Khalil Musa, miembro de la junta directiva de Banrural, con quien Rosenberg sostenía una relación profesional y de amistad.

El vídeo ha desatado una tormenta política sin precedentes. Todos los sectores exigen una investigación independiente y las miradas se han dirigido a la Cicig, depositaria de las escasas esperanzas de que se llegue al fondo del asunto en un país donde el 98% de los crímenes quedan impunes. El margen de maniobra, sin embargo, no es amplio: la contraparte es una fiscalía y un sistema judicial sin la menor credibilidad.

El propio Colom pidió formalmente la intervención de la Cicig. Castresana aclaró que había aceptado la tarea a condición de que no hubiera "presiones o recomendaciones". Pero el primer traspiés ocurrió ayer mismo: el diario Prensa Libre fotografió al fiscal general, Amílcar Velásquez, saliendo de una oficina privada del presidente, en el mismo barrio donde sucedió el crimen. Colom aseguró que se trataba de una reunión ordinaria, sin relación con el caso, pero pocos le han creído, a tenor de los comentarios editoriales.

Por lo pronto, la fiscalía allanó ayer la sede de Banrural y se incautó de varios documentos. También prestó declaración Luis Mendizábal, empresario, asesor de seguridad de varios presidentes y amigo de la víctima. "Yo entregué los CD porque ése fue el último deseo de Rodrigo", asegura Mendizábal a EL PAÍS vía telefónica, desde Guatemala. "Me dio varias copias el viernes y que me dejó encomendado que lo difundiera si le pasaba algo". El abogado, explica Mendizábal, le tenía al corriente de sus preocupaciones a raíz del asesinato de Musa. "No quería denunciarlo porque no creía en la fiscalía. Yo le insistí en que se fuera del país, pero me dijo que no lo haría. Sí pensaba ir esta semana a Washington a denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

Mientras, el presidente guatemalteco trata de amortiguar el golpe. Tras reunirse con representantes del cuerpo diplomático, hizo llegar a la capital a 250 alcaldes y 44 gobernadores, que le expresaron su apoyo en un acto público. Simultáneamente, el ministro de Exteriores, Haroldo Rodas, viajó ayer a Washington para explicar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) "los detalles de la conspiración de que es víctima el Gobierno" y pedir la solidaridad del continente con el presidente. En una entrevista a la cadena estadounidense CNN, Colom aseguró que no piensa dimitir y que el vídeo es parte de un "plan de desestabilización", del que Rosenberg fue víctima.

El periodista Mario David García, en cuyo estudio se grabó el vídeo, se indigna con las acusaciones del Gobierno, en el sentido de que Rosenberg estuviera coaccionado o se encontrara fuera de sí. "Todos los que le conocían ratifican que así hablaba él. Él quiso hacer un vídeo y un audio. Estaba muy tranquilo. Que se dejen de babosadas y que investiguen", dice a este diario.

La bomba del caso Rosenberg ha estallado en un país al límite, que registró 6.200 asesinatos en 2008 (una media de 17 muertes diarias en una población de 13 millones), donde existen medio millón de armas fuera de control, a merced del narcotráfico y las maras, las violentas pandillas de delincuentes. Ayer unas mil personas, convocadas por Internet, se concentraron en la plaza central de la capital guatemalteca para pedir la dimisión del presidente.