Fuente: El País
Ricardo Martínez de Rituerto.- Bruselas - 27/03/2009
Foto de Mari Fe MuñozUna amplia mayoría apoya el devastador informe contra todas las autoridades
El Parlamento Europeo, frustrado ante los oídos sordos con que las administraciones españolas acogieron dos resoluciones contra el urbanismo salvaje en España, acompañó ayer su tercera condena con la petición de gravosas sanciones económicas: interrupción de fondos estructurales y congelación de los fondos de cohesión. La arremetida no es vinculante, pero dejó en evidencia a populares y socialistas españoles, repudiados por sus correligionarios en su intento de maquillar la imagen corrupta y mafiosa existente en la UE de quienes trafican y se benefician de los desmanes del ladrillo en España.

El devastador informe -elaborado por la verde danesa Margrete Auken-fue aprobado por el Pleno de la Eurocámara por 349 votos contra 110, con 114 abstenciones. No hubo debate porque los argumentos ya habían sido escuchados hasta la saciedad en la Comisión de Peticiones. Sólo se registró un intento a la desesperada y fallido de populares y socialistas españoles de aguar el vitriolo del documento. Cada grupo presentó una resolución alternativa, tan inaceptable en el caso de los socialistas que incluso Michael Cashman, autor de un informe previo y asociado originalmente a la de sus correligionarios españoles, anunció que se desentendía de ella y votaría el texto de Auken.

La resolución no deja títere con cabeza y si de algo peca es de exceso verbal. Leerla es un viaje a los infiernos en que se han visto atrapados decenas de miles de extranjeros sorprendidos en su buena fe por una red de corrupción dirigida al engaño y al saqueo que, por acción u omisión, implica a "todas las administraciones, central, autonómicas y locales" responsables de un "desarrollo insostenible" con gravísimas consecuencias ambientales, sociales y económicas. Una irresponsabilidad felizmente conchabada con concejales, agentes urbanizadores, promotores inmobiliarios e instituciones financieras al tanto de las irregularidades, presentes o venideras, de los proyectos urbanísticos. Remata todo el cuadro "la falta de confianza generalizada (...) frente al sistema judicial español como medio para obtener reparación y justicia".

El informe pide cambios ya pedidos infructuosamente en 2005 y 2007. Para que las autoridades se lo tomen esta vez en serio insta a la Comisión Europea y al propio Parlamento a hacer pagar a España en caso de nuevo desentendimiento. Recuerda Auken, con el amplio apoyo de sus colegas, que "la Comisión está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales" a los Estados que incumplan la legislación comunitaria y que el Parlamento "puede decidir colocar en reserva fondos destinados a políticas de cohesión para persuadir a un Estado a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa".