El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Salamanca, Juan Rollán García, ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia interpuesta por el PSOE, que acusaba al Ayuntamiento de intentar falsificar el último Boletín de 2007, antes de la fecha límite del 31 de diciembre, en el que debía recogerse la subida de tasas para 2008.

El PSOE anuncia que recurrirá el auto y que utilizará la vía administrativa para que los ciudadanos no tengan que pagar las subidas del IBI y del impuesto de circulación de vehículos.

El Auto del juez reconoce que el Boletín Oficial de la Provincia que tiene fecha del 31 de diciembre de 2007 no fue editado hasta el día de hoy.

Pablos lamenta que el PP apure las opciones legales para cobrar a los vecinos cuando no puso el menor celo para que no caducaran las deudas que algunos constructores tenían con el Consistorio

El Partido Socialista de Salamanca, a través de su Portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Fernando Pablos, anuncia que recurrirá, en el plazo máximo de tres días, el auto del Juzgado Número 2 de Instrucción de Salamanca, que sobresee, de manera provisional, la vía penal por el hecho de que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) correspondiente al día 31 de diciembre no se editara y publicara en su totalidad hasta la mañana de hoy, 3 de enero de 2007. Y ello, pese a que la Policía Nacional, a instancias del Juzgado de Guardia, comprobara que, en la mañana de ayer, se estaba procediendo a imprimir el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) correspondiente al 31 de diciembre de 2007, lo que, en opinión del PSOE, podría constituir un supuesto delito de falsedad en documento público.

Ante esta situación, y dado que el propio Juez reconoce que “a las 14:00 horas del día 2 de enero de 2008 la edición del Boletín Oficial de la Provincia de 31 de diciembre de 2007 se encontraba en fase de ajuste, al ser una edición voluminosa con varios Anexos”, el PSOE anuncia que utilizará la vía administrativa para que el Consistorio no pueda cobrar a los vecinos las abusivas subidas en la contribución urbana (Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en el impuesto de circulación de vehículos (Impuesto de Tracción Urbana).

Sea como fuera, el PSOE insiste en que llegará hasta las últimas consecuencias para defender los intereses de los ciudadanos, en aras de que estos no tengan por qué pagar las consecuencias de una negligente gestión por parte del Ayuntamiento de Salamanca, el cual apura sus posibilidades legales para aplicar abusivas subidas de tasas e impuestos a los vecinos cuando, curiosamente, no tuvo el menor celo para impedir que prescribieran las deudas que, con el Consistorio, mantenían una serie de constructores.