La información es clave para todo, aunque a veces las más importantes sean transmitidas de modo tal que llegan a ser conocidas por los interesados sólo por casualidad. ¿No es importante acaso para muchísimas personas conocer sus derechos como ciudadanos? ¿Es posible que una medida económica, tomada por el Gobierno, para beneficiar a las personas en riesgo de exclusión social, sea del conocimiento de los funcionarios y desconocida por los beneficiarios?

Pues así es. No es una especulación ni deseos de criticar por criticar, pues ese derecho no logra hacerse efectivo automáticamente: hay que pedirlo. Pero ¿cómo pedir una ayuda que presta el Gobierno para mejorar la vida de la gente si se desconoce su existencia? ¿Por qué, por ejemplo, un complemento económico destinado a titulares de una Pensión no Contributiva que residan en viviendas alquiladas, debe ser solicitado por los interesados y no se les oferta? ¿Se parte acaso de que las personas en riesgo de exclusión social conocen en detalles cuáles son sus derechos?

Es probable que muchas personas bien informadas los conozcan, pero habrá otras tantas socialmente vulnerables que tienen suficiente con buscarse el pan de cada día y no están ni al tanto ni de lo que se debate en sus propios ayuntamientos.

¿No tiene la Diputación Provincial información de todos los ciudadanos que perciben una pensión no contributiva? Pues poco costaría informales por los canales oficiales sus derechos y no esperar a que éstos los descubran por casualidad y tengan que gestionarse lo que por ley les está concedido.

Si eso no es burocracia de la peor, que baje Dios y lo desmienta.