Enric Hernàndez. El Periódico
En efecto, no es delito votar ni postular la independencia. Otra cosa es imponer una votación presentada como vinculante subvirtiendo las reglas democráticas y sin el apoyo de la mitad de los catalanes

El movimiento independentista catalán ha vuelto a demostrar este sábado en Madrid que mantiene buena parte de su poder movilizador. En el ánimo del soberanismo más comprometido apenas hacen mella ni la división e improvisaciones de sus dirigentes, ni la constatación en sede judicial de que el referéndum del 1-O fue pura tramoya, ni el acreditado fiasco de la nonata república. Todo lo puede el efecto cohesionador del juicio a los líderes independentistas en el Tribunal Supremo.

Más allá de la solidaridad con los políticos presos, dos ideas fuerza articulan el imaginario independentista post-155: que “la autodeterminación no es delito”, sino un derecho del pueblo catalán, y que España no será una democracia hasta que autorice a Catalunya a celebrar un referéndum de independencia. Merece la pena detenerse en ambas proclamas para contrastarlas con datos fehacientes.

La autodeterminación, en efecto, no es delito. Es un derecho que las Naciones Unidas y varios tratados internacionales circunscriben a los territorios coloniales oprimidos y privados de autogobierno, requisitos que Catalunya solo cumple en los ensueños de quienes anteponen sus deseos a la realidad. ¿Cómo podría una comunidad sojuzgada disponer de una renta per cápita superior a la media española y ser además el primer motor económico del Estado? ¿Qué territorio desprovisto de autogobierno ha celebrado 12 elecciones autonómicas en cuatro décadas y goza, entre otras estructuras de Estado, de una policía integral y del control de las prisiones?

MENOS DE LA MITAD
Votar, ciertamente, no es delito; de ahí que no pese cargo alguno contra los dos millones de catalanes que votaron el 9-N y el 1-O. Tampoco es un crimen, en una democracia no militante como la española, postular la secesión o la abolición de la Monarquía. Otra cosa es imponer una votación y vindicarla como vinculante conculcando el dictado de las leyes y los tribunales, las reglas de la democracia de las que nos hemos dotado entre todos para ordenar nuestra convivencia. Y de las que emana, justamente, el poder de quienes pretenden subvertirlas con el apoyo de menos de la mitad de los catalanes.