“El PP de CyL deja a los pies de las multinacionales mineras al mundo rural castellano leonés con su última actuación”

* Las plataformas abulenses consideran innecesaria la modificación legal de la Ley de Urbanismo
* Esta modificación producirá un nuevo un retroceso en la protección de nuestros campos y un ataque a la economía sostenible agroganadera
* Terra SOStenible presentará una denuncia a la UE contra la Junta de CyL para invalidar esta aprobación, algo que suscriben el resto de plataformas

El 12 de diciembre ha sido un mal día para las plataformas ciudadanas que se oponen a la minería a cielo abierto en Castilla y León. Y por ello también para todos aquellos cuya forma de vida defienden los ciudadanos de a pie. Desde las plataformas abulenses “No a la mina en la Sierra de Ávila”, “No a la mina en la Sierra de Yemas” y “No a la mina en el Valle del Corneja”, la coordinadora “No a la mina de uranio de Salamanca” y la plataforma “No en mi tierra”, de Zamora, denuncian que sus peores augurios se han cumplido.
La estrategia minera que el PP de Castilla y León presentaba a finales de verano del año pasado, en la que ponía la “alfombra roja” a las multinacionales mineras para que se instalaran en esta comunidad autónoma, ha dado un paso más. “Y lo ha hecho de la peor manera posible”, reconocen sus representantes, “reproduciendo los métodos que se están llevando a cabo en Latinoamérica, donde las multinacionales mineras se adentran, arrasando con todo aquello que les molesta, incluso con las leyes, que el partido en el poder modifica para que la minería se convierta en un sector estratégico.
En el caso concreto de Castilla y León, la proposición de ley del Partido Popular responde claramente,entre otros, a los intereses de la Asociación de Fabricantes de Áridos de la región, que aspiran a un sector minero autonómico totalmente desregulado. Hecho que quedó patente con su presencia en la tribuna de invitados de las Cortes”, observan.
Desde el conjunto de plataformas castellano leonesas denuncian que el Partido Popular de
Castilla y León, ha conseguido modificar la Ley de Urbanismo, con el fin de autorizar las explotaciones mineras, incluso en espacios naturales protegidos. con el “permiso” de Ciudadanos, que se ha abstenido en la votación -con la excepción de la procuradora por Ávila, Belén Rosado-.
En este sentido, desde la coordinadora “No a la mina de uranio de Salamanca” destacan
que “la abstención en ocasiones supone un apoyo, cuando de ella depende aprobar algo. Y
eso es lo que ha sucedido en el pleno de las Cortes por parte de cuatro Procuradores de
Ciudadanos. Con su abstención, el voto del PP a favor, y el voto en contra del resto de los
Grupos Parlamentarios, abren las puertas a nuevos destrozos medioambientales”. Por ello,
desde esta coordinadora denuncian, una vez más, “la posición del PP de poner una alfombra
al extractivismo, primando el interés económico sobre la protección de la naturaleza, y por
ende, de la salud pública, con la aprobación de la tramitación de la Proposición de Ley de
modificación de la Ley de Urbanismo, para eliminar la prohibición actual de abrir minas no
energéticas en suelo rústico protegido. llevando a cabo de nuevo un retroceso en la
protección de nuestros campos y un ataque a la economía sostenible agroganadera”.
Desde las plataformas abulenses, por su parte, consideran “innecesaria la
modificación legal, ya que la Ley de Urbanismo en su redacción actual, prevé la
posibilidad de realizar actividades extractivas en suelo rústico. El Partido Popular podría
haber llevado a cabo esta proposición en las Cortes de Castilla y León, tras haber conseguido el pasado mes de abril, el expediente LEITO la declaración de impacto ambiental negativa, por parte de la Comisión Territorial de Medio Ambiente. “Algo que no convenía a este sector extractivo”, dicen. A juicio de estas plataformas, “esto pondría de manifiesto la voluntad del Partido Popular de sustraer los procesos de concesión de proyectos mineros a los controles democráticos”.
LEITO era uno de los cuatros proyectos mineros que amenazaban con abrir minas a cielo abierto de feldespato en Ávila. Pero aunque este ya no representa un peligro, la Sierra de Yemas todavía lucha contra su expediente RIOFRÍO y el Valle del Corneja con otros dos: SONSOLES y VILLATORO, por las facilidades que se está dando a este tipo de empresas.
Además, consideran que el PP ha socavado la autoridad de los ayuntamientos, al no tener
en cuenta su decisión ni la de los ciudadanos. “Esperamos que este atentado contra el modo de vida de los habitantes de Castilla y León no quede impune y se demuestre nuestra indignación en las urnas”, recalcan.
Desde Zamora, TerraSOStenible-Plataforma “No en mi tierra”, no solo expresan su más firme rechazo a la aprobación de la Proposición de Modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, sino que ponen el acento en que la Junta de CyL “se tome a broma no solo su propia legislación sobre la protección del territorio sino las leyes europeas sobre espacios protegidos”. Es más, representantes de Terra SOStenible anuncian que presentarán una denuncia a la Unión Europea contra la Junta de Castilla y León para invalidar la insensatez de esta aprobación, algo que suscriben el resto de plataformas de la comunidad.
“Desde el grupo de plataformas de Ávila, Salamanca y Zamora queremos mostrar nuestro
más profundo rechazo a esta modificación que se acaba de llevar a cabo y que
consideramos que no solo es un atentado contra el medio ambiente, sino que delata la falta
de sensibilidad y el DESPRECIO DE UNA PARTE DE LA CLASE POLÍTICA HACIA EL
MUNDO RURAL Y SUS HABITANTES”, sostienen.
“La creación de empleo para lograr atajar el problema de la despoblación exige algo más que
facilitar las actividades mineras. Más minas significa que hemos malvendido nuestros suelos
y nuestros paisajes. Es una falsa propuesta económica que realmente nos arrebata nuestro
futuro”, subrayan, “Y no nos cansaremos de repetir que aunque nos quieran vender la minería con la creación de empleo, no detallan que solo podrían crearse ocho puestos de trabajo en una explotación minera, a costa de la destrucción de cientos de puestos de trabajo que hoy en día corresponden a la agricultura o la ganaderia, por poner algunos ejemplos”.
Por todo ello, desde el conjunto de plataformas hacen un llamamiento a los partidos políticos para que presenten enmiendas y valoren la posible inconstitucionalidad o la vulneración de la protección establecida en la Ley de Suelo nacional. Al tiempo que se preguntan cuál es la opinión de los consejeros de agricultura y medio ambiente, así como la de las diputaciones provinciales y ayuntamientos afectados, regidos por el Partido Popular.