El mundo.es/JORGE DE ESTEBAN
Si fuese cierta la anécdota de Federico I de Prusia, cuando intentó expropiar un viejo molino y su terreno, que era colindante con su esplendoroso palacio, para demostrar mejor su poder y la belleza de sus jardines, habría que contestarle de forma diferente a como hizo el molinero tras recurrir a la justicia y a quien los jueces, protegiéndole frente al monarca, le dieron la razón. "Sire, es gibt noch Richter in Berlín" ("Señor, todavía hay jueces en Berlín").

Hoy habría que decir que ya no hay jueces en Berlín, o mejor dicho, en el Land de Schleswig-Holstein, pues los jueces que hay son unos incompetentes funcionales, como vienen demostrando desde que España solicitó la extradición de Puigdemont y sus mariachis, tras el golpe de Estado del 1-O. Los jueces de ese Land no sólo se opusieron a la euroorden, sino que entraron -lo que no debían- en el fondo de la cuestión, enderezándoles la plana a los jueces de Madrid.

Ahora acaban de manifestar que únicamente reconocen el delito de malversación, por el que podrían entregar a Puigdemont a España, pero en ningún caso por el de rebelión, porque según estos juristas de pacotilla sólo hubo una leve alteración del orden público y, desde luego, en ningún caso violencia, requisito para que exista rebelión según ellos. Lo cual es desconocer que la violencia se puede ejercer de muchas maneras, pero siempre existe cuando se violan las leyes de forma tumultuaria y con la pasividad culpable de las fuerzas de orden público de la Comunidad Autónoma, que dejaron a las fuerzas del Estado sin su colaboración y ayuda.

Y se ejerce también violencia cuando se coacciona de alguna forma a los catalanes que no son separatistas. Habría que preguntar a estos pseudo-jueces que si hubiesen ejercido su noble oficio en la época del III Reich y hubiesen tenido que declarar que se trataba de un genocidio, ¿a cuántos judíos había que exterminar: a más de cien, a más mil, a más de un millón? La cantidad no es necesaria cuando se comete un delito.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.