CasitaEl anuncio del proyecto de ley de la Junta de Andalucía relativo a facilitar el acceso a la vivienda, bien en propiedad o en alquiler, de todos los andaluces con rentas inferiores a 3.000 € mensuales, favoreciendo el cumplimiento efectivo del artículo 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán …”, ha causado un cierto revuelo político y ha recibido comentarios contradictorios de algunos miembros del Gobierno, apoyo incondicional de la ministra del ramo, Chacón, y escepticismo total por parte del vicepresidente económico, Solbes.
Este proyecto, que al parecer no podrá ser aprobado en la presente legislatura por falta de tiempo, pretende garantizar por ley esa declaración de principios de la Constitución, ayudando a resolver uno de los mayores problemas actuales de muchos españoles, especialmente los más jóvenes, como es el acceso a la vivienda.

Es una realidad que en pleno “boom golfístico y constructivo” del país, en muchos casos yo lo definiría como claramente “destructivo”, como es el caso consumado del litoral y el iniciado en los grandes espacios naturales, los precios se han disparado, cada vez es más difícil hacer frente a hipotecas para toda la vida, que además suponen habitualmente más del 50% de los ingresos familiares, con los tipos de interés al alza habiéndose duplicado en estos dos últimos años. Realmente asfixiante o simplemente imposible comprar esa “casita pequeñita” que decía hace muchos año la canción, que exóticamente la situaba ….. “en Canadá”.
El mercado de alquiler sigue siendo, a pesar de las iniciativas del Gobierno Central y de algunas Autonomías, raquítico e insuficiente. La falta de garantías de todo tipo y la longitud en el tiempo de los procesos por daños, morosidad, o deshaucio, hace que muchos propietarios se resistan a poner sus viviendas en el mercado de alquiler. Si objetivamente se comprueba además que en muchos casos vivir de alquiler continúa siendo igual de costoso y generalmente más caro que el pagar una hipoteca, a pesar de cierta tradición española de preferir la compra al alquiler, la realidad se decanta claramente, cuando económicamente es posible, por la adquisición en propiedad de la misma.
El proyecto de ley andaluz, basado fundamentalmente en que los gastos familiares por este concepto, tanta en compra como en alquiler, no superen el 30% de los ingresos familiares, con la limitación de 3.000 € señalada, así como un importante desarrollo de viviendas de promoción pública, suponen medidas sociales importantes, que a pesar de un cierto electoralismo, intenta poner algo de orden y racionalidad en un tema considerado prioritario por la ciudadanía.
Comparto de alguna manera el escepticismo de Solbes, en tanto en cuanto a la forma y el rigor con que se hayan podido hacer las cuentas para poder atender este proyecto, no estoy de acuerdo en la descalificación que hace al criterio de universalidad de la misma, tengo algunas dudas, caso de que siga adelante el proyecto, en la forma de su aplicación, ya que será difícil controlar todo tipo de picarescas para beneficiarse de la misma y puede prestarse a todo tipo de clientelismo electoral o político. Espero y deseo no obstante que tenga éxíto, inicie el camino para reducir desigualdades y se extienda a todas las comunidades del estado, independiente de su color político.
Emilio Sánchez Álvarez
10/09/2007