José Molina Molina, doctor en Economía, sociólogo y miembro del Pacto por la Transparencia
Publicado en el Diario La Verdad
Publicado en el blog Economía a pie de calle

Se debe consolidar un invariable e incuestionable frente social que pueda ir combatiendo legalmente a los corruptos

En la primera Asamblea del Pacto por la Transparencia en la Región de Murcia, celebrada el pasado día 27 de noviembre en el Campus de la Merced, todos los asistentes reafirmaron las 21 propuestas del mismo y, además, se aprobaron medidas para ir evaluando cómo nuestras instituciones cumplen con este gran objetivo de abrirlas para que los ciudadanos las controlen y se nos informe, rindiendo cuentas y aplicando códigos de ética. Es el deseo ciudadano del derecho a saber, evaluar las políticas públicas y controlar su gestión.

Tenemos que combatir con entusiasmo los métodos corruptos que se han enquistado en la vida pública y privada de nuestra sociedad. Ese abuso de poder en beneficio privado, directo o indirecto, tenemos que justipreciarlo para que la corrupción sea punible legalmente, por la vía que en Derecho proceda, porque actúa en la captura del Estado, de sus instituciones, jugando con la evasión. Y además lo disfraza, bajo fórmulas de encubrimiento ideadas para ocultar sus intenciones, sirviendo también para financiar a políticos, partidos, comprar voluntades o, lo que es más grave, influir en la opinión pública culpabilizándola de que somos todos quienes incumplimos las normas.

Esa imagen que ‘justifica’ que estamos en una sociedad corrupta y tenemos la representación sociológica propia que nos merecemos, no es la imagen de una sociedad democrática moderna sino, lamentablemente, la de una sociedad descontrolada en manos de expoliadores y de estructuras dominadas por comisarios políticos, los cuales no ejercen el control porque han sido nombrados por los mismos que tienen que ser controlados.

Lo que genera una mayor percepción de la corrupción, nos dice Klitgaard, es ‘la existencia de la discrecionalidad sin control real en la Administración’, porque es cuando se fortalece una clase política con privilegios exorbitantes e incontrolados. Si queremos sujetar la corrupción tenemos que reducir la discrecionalidad y empezar por eliminar los cargos de libre designación. Para esos cambios se deben buscar nuevas vías. Por ejemplo, que los miembros de las instituciones de control sean propuestos por las minorías y la sociedad civil, evitando el absurdo en el que vivimos de que son los controlables quienes nombran a los controladores. Desde esa visión queremos participar en una transparencia, una nueva forma de gobernar, de administrar y de gestionar el Estado y sus asociaciones políticas, porque elevando esos valores fortalecemos y damos vitalidad a nuestra maltrecha democracia.

La transparencia es una acción conjunta, compartida entre la comunidad política y los representantes políticos, con independencia de la esfera de la administración en la que nos movamos. La transparencia es un componente de la gestión pública, tiene que estar presente en la hoja de ruta de todos los políticos y de las instituciones, tiene que ser el punto primero de sus agendas. Y para los ciudadanos es un ideal de hacer cumplir en todos los ámbitos de la vida pública: normas, gestión, eficiencia y justicia social, que están definidas en nuestras pautas constitucionales.

En estos momentos en los que la vida pública y política murciana se ve gravemente afectada por numerosos casos de corrupción, desde el Pacto por la Transparencia de la Región de Murcia urgimos a los partidos y a los responsables en las instituciones públicas, que adopten una inequívoca, firme y contundente actitud para atajar este preocupante fenómeno tomando medidas efectivas, consensuadas e inmediatas, que pongan freno a esta insostenible situación. Los responsables políticos deben adoptar una actitud mucho más firme y ejemplar contra la corrupción a todos los niveles: institucionales, legislativos y políticos, para lograr de esta forma que se atenúe o mejor, se supere de una vez por todas, la evidente indignación y desafección ciudadana.

La sociedad civil y los ciudadanos, junto con los jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, empresas, sindicatos, profesionales, medios de comunicación, universidades, etc., deben de consolidar un invariable e incuestionable frente social que pueda ir combatiendo legalmente a los corruptos, disuadiendo claramente a los que pudieran estar pensando en desarrollar este tipo de prácticas delictivas. Y los partidos políticos deben cambiar sus conductas y eliminar sus vicios de clientelismo para cambiar de forma drástica este grave escenario que, por otra parte, perjudica la imagen y la economía de nuestra región.

José Molina Molina, doctor en Economía, sociólogo y miembro del Pacto por la Transparencia