Elpais.com.- ADOLF BELTRAN / FEDERICO SIMÓN, Valencia

El cerco judicial a la cúpula directiva de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía entre 2007 y 2011 bajo las órdenes del actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, motivado por el fraude en los fondos de cooperación, continuó el lunes con una nueva detención. El arresto y la toma de declaración a María Dolores Escandell, funcionaria del área de Justicia que fue jefa de servicio de Gestión de Programas de Cooperación, eleva a 15 las detenciones ordenadas por la juez Nieves Molina, que investiga el saqueo en las ayudas
En esta investigación, que arrancó de forma secreta en mayo de 2011 tras una denuncia del fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco, todos los detenidos, también Escandell, han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración salvo uno, que ingresó en prisión el domingo. Se trata de Augusto César Tauroni, responsable de la Fundación Hemisferio, considerada según la investigación el epicentro de la trama creada en torno a la consejería para desviar los fondos otorgados a las ONG, a las que se inducía a contratar los servicios de determinadas empresas y fundaciones.

En la operación han quedado imputados cuatro cargos de Solidaridad. En lo más alto, Alexandre Catalá, subsecretario de la consejería de Blasco, y Josep María Felip, que fue director general de Cooperación al Desarrollo. Hasta la destitución de ambos el pasado viernes, ordenada por el presidente Alberto Fabra, eran respectivamente subsecretario de Sanidad y director general de Cooperación. También imputado está Marc Llinares, que fue jefe de área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, ahora destinado en el Servicio de Innovación y Planificación Estratégica de la Consejería de Hacienda. Y este era el superior de Escandell, que antes pasó por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), como jefa de servicio de Organización, Coordinación e Información. El Servef se creó en 2000, con Blasco como consejero de Empleo.

“Si hubiera dimitido, no sería hoy presidente de la Generalitat”, dijo Rafael Blasco, tras recordar que Alberto Fabra, actual jefe del Consell, estuvo imputado por un asunto urbanístico cuando era concejal de Castellón. También citó el caso de Francisco Camps en la causa de los trajes y el del diputado y teniente de alcalde de Valencia Jorge Bellver. El portavoz parlamentario del PP no ha sido todavía imputado (es aforado y habría que trasladar el asunto al Tribunal Superior) pero se atrincheró ayer en su cargo con un alegato contra la oposición, a la que acusó de “intentar desacreditar la cooperación valenciana”, una apelación a la presunción de inocencia, la afirmación de que “no hay diligencia alguna” abierta contra su persona y un encogimiento de su “ámbito competencial” cuando fue consejero de Solidaridad y Ciudadanía. También lanzó varios avisos a su propio partido por si tratan de destituirlo.

El más llamativo fue el de Fabra, que causó malestar en Presidencia de la Generalitat, donde se consideró “inaceptable” la comparación, pero no menos evidente resultó el que dirigió al secretario general del PP cuando señaló que Josep Maria Felip, su director general detenido y puesto en libertad con cargos, no estaba cuando se acordó conceder una subvención para proyectos en Nicaragua a la fundación que destinó la mayor parte del dinero a comprar sendos entresuelos en Valencia. “Se acordó en 2008, estando de directora general la persona que estaba con anterioridad”, dejó caer Blasco. A la pregunta de si se refería a Pilar Collado, esposa del secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, respondió que antes aún estuvo como directora general Carmen Dolz. y añadió: “Carmen Dolz y Pilar Collado han sido unas directoras generales ejemplares”.

Blasco se aferró al cargo político,—entre reclamaciones de la oposición para que sea sustituido, que ayer reiteró el portavoz socialista, Jorge Alarte—, después de ver cómo detenían a una quincena de personas, entre ellas cuatro cargos que estuvieron bajo su mando, por un fraude en las subvenciones de su departamento que las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís, denunciaron hace un año y medio al fiscal anticorrupción. De la única de ellas que ha ingresado en prisión, Augusto César Tauroni, Blasco se desmarcó afirmando que el hecho de que sea de Alzira como él y de que fuera socio de un hermano suyo, no quiere decir tenga relación alguna, pese a que los contratos que ha ido obteniendo de la Generalitat han coincidido con su paso por sucesivos departamentos.

“El señor Felip y el señor Catalá [en referencia a Alexandre Català, subsecretario de su departamento también detenido e imputado] son dos personas honradas, que no han cometido irregularidades. Los dos son excelentes profesionales”, proclamó Blasco. Y ahí trazó la línea roja de su responsabilidad: “Soy responsable político, no administrativo”. Una persona como él, que tanto poder ha exhibido, dijo no tener que responder “si alguien fuera de ese ámbito competencial ha cometido alguna irregularidad”. Preguntado explícitamente, por Marc Llinares, jefe de área de Cooperación, que también fue detenido y ha quedado imputado, Blasco respondió. “El señor Llinares es un funcionario. No tengo que responder por el senor Llinares”. aunque añadió que es “muy buen funcionario”, Blasco acababa de echar por la borda a todos los imputados por debajo del diretcor general y el subsecretario de su consejería.

¿Entonces, usted sólo es responsable de lo que se hizo bien? Blasco respondió que “se ha hecho todo, no bien, sino excepcionalmente bien, impecable”. Tras vaticinar que, aunque haya secreto de sumario, “comenzarán a ser publicadas conversaciones telefónicas” y criticar los juicios paralelos, Blasco aseguró que tiene “más ganas que nunca de hacer política, dedicido a continuar la batalla” y que está “encantado del apoyo de su partido”.