La Ley¿Qué les parecería si en lugar de respetar las normas que regulan la convivencia entre los ciudadanos, cada cual hiciera “de su capa un sayo” y las cumpliera o no según le viniera en gana? ¿Cómo se puede exigir a los ciudadanos que las cumplan si el propio Consistorio no lo hace? ¿Con qué autoridad se le puede pedir a un ciudadano que se atenga a la legalidad, si el Ayuntamiento es el primero en saltársela?

Pues esto es lo que el Equipo de Gobierno de nuestro Ayuntamiento parece no entender. Parece no darse cuenta de lo importante que es el cumplimiento de las normas en nuestro estado de derecho. Parece nuestro Ayuntamiento olvidar que la autoridad municipal, en este caso, debe dar ejemplo y ser la primera en cumplir toda la normativa legal.

Y decimos esto porque nos parece inconcebible que sea el Ayuntamiento el promotor de unas obras como las de la Cerrallana. Unas obras en las que hay una ilegalidad manifiesta, porque no se ha aprobado un Plan Parcial ni ningún otro instrumento de planeamiento que defina la ordenación detallada del sector ni se ha aprobado, ni mucho menos ejecutado, un Proyecto de Urbanización, ni se ha aprobado, como se hace para cualquier hijo de vecino, un proyecto técnico de las mismas obras. Y para colmo, el Ayuntamiento realiza una provisión de materiales para las obras o ejecuta parte de las mismas mediante licitaciones parciales que conculcan la ley de contratos de las administraciones públicas.

Pues esto es lo que el Equipo de Gobierno de nuestro Ayuntamiento parece no entender. Parece no darse cuenta de lo importante que es el cumplimiento de las normas en nuestro estado de derecho. Parece nuestro Ayuntamiento olvidar que la autoridad municipal, en este caso, debe dar ejemplo y ser la primera en cumplir toda la normativa legal

¿Qué pasaría si, en cualquiera de las obras que se realizan en la ciudad de Béjar, el promotor no se atuviera al planeamiento urbanístico o no realizara un proyecto de las mismas?. Pues es fácil de saber. Ese promotor recibiría una notificación del Ayuntamiento para que paralice las obras de forma inmediata, incoándole un expediente de infracción urbanística, conminándole a cumplir la normativa vigente o a solicitar la pertinente licencia de obras en un determinado plazo, sin perjuicio de las sanciones que fueran de aplicación, etc, etc.

Dado que es el Ayuntamiento el que incumple la ley, las consecuencias son mucho más graves. Las autoridades municipales responsables están cometiendo prevaricación, que significa, tomar una resolución por funcionario o autoridad a sabiendas de que es injusta o no es legal, lo que es un delito castigado por el código penal.
Nos preguntamos con qué cara va ahora a exigir el Ayuntamiento a los bejaranos que quieran construir un edificio, que pidan previamente la licencia de obras o la licencia ambiental o que se atengan a lo reglamentado en el plan de urbanismo o a lo definido en el proyecto técnico. Y si apuramos más ¿por qué el ciudadano deberá pagar sus impuestos municipales si el Ayuntamiento no cumple la ley? ¿Qué ciudad es ésta, en la que su Alcalde no cumple la ley?
Y aquí no caben argumentos exculpatorios de ningún tipo. No cabe apelar, una vez más, a la sempiterna letanía de los puestos de trabajo, de la situación de emergencia de la ciudad de Béjar. ¡Basta de demagogia barata! Porque resulta que la Modificación del PGOU por la que la Cerrallana pasó a ser suelo urbanizable sin ordenación detallada fue aprobada el 31 de julio de 2003. Esto es, hace casi 4 largos años, durante los cuales el Ayuntamiento ha tenido tiempo más que sobrado para redactar el obligatorio Plan Parcial y el obligatorio Proyecto de Urbanización y para ejecutar las obligadas obras de urbanización, sin las cuales no es posible empezar a edificar, ya sea unas instalaciones deportivas o una fábrica de paneles solares. Eso es lo que marca la ley y lo que indica la razón. Ahí mismo tienen el Polígono Industrial de Béjar, como ejemplo cercano de cómo deben hacerse las cosas. Primero se ordenó el suelo de forma pormenorizada, luego se redactó el proyecto de urbanización y, finalmente, se construyeron las calles con todos sus servicios de agua, alcantarillado, electricidad, gas y teléfono, mediante una licitación completa de las obras, conociendo previamente el presupuesto total de las mismas, con luz y taquígrafos. Y después, y sólo después, se han empezado a levantar naves.

No es Bejar.biz, como pretenden algunos, la que para las obras de la Cerrallana. Ni tampoco los ciudadanos justos ni las agrupaciones políticas, que en el ejercicio responsable de sus deberes cívicos, reclaman, nada más y nada menos, que el Ayuntamiento cumpla con sus obligaciones y respete la ley. Es nuestra obligación, es la obligación de todos. Las obras las para, él solito, un alcalde inepto, enfrentado, en un callejón sin salida, a la ilegalidad de sus propios actos.
Con el ansia de ganar las elecciones, aunque sea a cualquier precio, el Sr. Alcalde no ha medido bien el alcance de sus actos y decisiones. Incompetencia, improvisación, prepotencia y, finalmente, delito: este es el camino que el Sr. Riñones ha recorrido en todo este asunto. Esperemos, por el bien de todos, que sean los ciudadanos los que le pongan en su sitio. La ciudad no se puede permitir, ni un día más, un equipo de gobierno que desprecia la ley.