Tribunal ConstitucionalEl fallo del Tribunal Constitucional, 15/02/2007, en relación con los profesores de enseñanza religiosa en la escuela pública, desestimando la posible cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación fundamentalmente con los artículos III, VI y VII de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, 3/01/1979, ha desatado una avalancha de reacciones, que van desde la satisfacción total de la Conferencia Episcopal y organizaciones afines, a todo un torrente de críticas entre los que consideran que se está produciendo una ingerencia inadmisible del Vaticano en el Estado español, una vulneración de la laicidad del estado, una cierta vuelta al pasado “nacionalcatolicista”, al convertir en catequistas a los profesores de religión en el marco de la escuela pública, pagados además con fondos públicos, y ha añadido un plus de desprestigio al Tribunal Constitucional.

Entiendo que no es discutible el derecho de cualquier confesión religiosa a realizar la enseñanza y

Dado que la sentencia del TC no va en este sentido y que obvia algunos de los temas planteados, como la posible discriminación laboral de los profesores, no queda más camino, para una separación real de las Iglesias y el Estado, que se revisen políticamente o se denuncien totalmente los actuales acuerdos Estado – Santa Sede, especialmente sus apartados más conflictivos, III, VI y VII, cumpliéndose estrictamente el Art. 16.3 de la Constitución, “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones”, nada más.

el adoctrinamiento, con profesores “idóneos” que conozcan y practiquen en su vida personal las exigencias de la religión correspondiente, que estén sometidos para su nombramiento a la jerarquía de la iglesia en cuestión, pero siempre que realicen sus funciones dentro de la propia iglesia o en colegios privados con el mismo ideario, y por supuesto respetando siempre los valores constitucionales.
(Lástima que las iglesias no muestren la misma diligencia en reprobar determinados comportamientos en la vida privada de algunos de sus miembros, con funciones de ministerio más importantes que la enseñanza).
Opino que no es de recibo que este mismo esquema se pretenda trasladar a la escuela pública, una asignatura con estas connotaciones de adoctrinamiento religioso supone una ingerencia de las iglesias en el estado, puro nacionalcatolicismo, y sitúa a los profesores en una situación de indefensión inadmisible en sus derechos laborales y constitucionales.
Dado que la sentencia del TC no va en este sentido y que obvia algunos de los temas planteados, como la posible discriminación laboral de los profesores, no queda más camino, para una separación real de las Iglesias y el Estado, que se revisen políticamente o se denuncien totalmente los actuales acuerdos Estado – Santa Sede, especialmente sus apartados más conflictivos, III, VI y VII, cumpliéndose estrictamente el Art. 16.3 de la Constitución, “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones”, nada más.
La insaciabilidad de la Conferencia Episcopal y su intento de mantener a toda costa los privilegios del pasado nacionalcatolicismo: constante ingerencia en temas exclusivos del Estado, de los derechos individuales y de las libertades, no cumplimiento de los compromisos de autofinanciación pactados, la permanente distorsión en el sistema educativo de la escuela pública, no solo con la asignatura específica de Religión sino con otras como la de “Educación para la ciudadanía”, etc.,creo que hacen un flaco favor a la propia iglesia, (la gran deserción de fieles, especialmente jóvenes, en iglesias y seminarios, debería hacerles reflexionar), que debería olvidarse del pasado y actualizarse para ejercer sus funciones, que nadie discute, en el ámbito privado y en el nuevo marco de una sociedad más libre e informada.
Emilio Sánchez Álvarez
27/02/2007