Informe Fomento La GlorietaEstimados lectores, acabamos de enterarnos de que el Ayuntamiento de Béjar ha previsto proceder, en el pleno del 31 de enero de 2007, a la aprobación provisional de la Modificación Puntual del PGOU en el paraje de La Glorieta. Para ello, deberá resolver antes las múltiples y fundamentadas alegaciones que se han formulado a dicha Modificación, alegaciones que demuestran, de forma palmaria, la inviabilidad de la misma.

Debemos suponer que, si el Ayuntamiento, contra viento y marea, tiene previsto proceder a la aprobación provisional, eso significa que desestimará, de forma generalizada, todas las alegaciones planteadas a la Modificación, incluida la formulada por el Ministerio de Fomento.

Pues bien, desde estas páginas hemos dado a conocer el informe del Ministerio de Fomento sobre dicha Modificación Puntual, emitido el 30 de noviembre de 2006, y por el que dicho Organismo ha informado DESFAVORABLEMENTE, en aplicación de la Ley de Carreteras, por ocupar la franja obligatoria de protección de la autovía A-66, indicando expresamente que “deberá modificarse la delimitación del sector de modo que el límite del sector por su parte norte deberá estar a 120 metros del eje de la autovía”. Y esta es una prescripción insoslayable, lo que significa que, si no se cumplimenta, no puede aprobarse, en modo alguno, la Modificación.

Por lo que, si no se ha modificado el citado límite y se pretende aprobar el Proyecto con su formulación original, si la Secretaria Municipal no advierte de la ilegalidad del acuerdo de aprobación, estará cometiendo un acto de prevaricación manifiesto. Y los Concejales que voten favorablemente la aprobación estarán cometiendo un acto de prevaricación manifiesto. Todos ellos serán responsables ante la Justicia y deberán responder por ello. Lo que comunicamos para general conocimiento.

Recordaremos, una vez más, el artículo 78 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que trata de las responsabilidades de los miembros de las Corporaciones Locales:

1. Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo.
Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable.
2. Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales los miembros de las mismas que los hubiesen votado favorablemente.
3. Las Corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquélla.

Recordaremos también aquí, por si hace falta, el artículo 404 del Código Penal, que trata sobre la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos.

Artículo 404: A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.