MovistarTelefónica es una empresa de las grandes y buenas. Transnacional. Un valor en la Bolsa. Una de las más importantes compañías del mundo, cuya marca comercial para la telefonía móvil es Movistar, la “Grande de España”. En cambio, el prestigio no le impide perjudicar a sus clientes en la oscuridad del concepto estafa o de los lúgubres y desesperados artilugios de las empresas de servicios por no dejar caer sus cuentas en tiempo de crisis. Tal vez, sólo tal vez, una mala gestión podría eximir a Movistar de la responsabilidad de moderar sin demasiado empuje en un caso de estafa, como si su interés por poner a salvo a sus clientes fuera menor que la necesidad de poner tierra entre ella y un delito. O de continuar obteniendo beneficios caídos del cielo.

Miles, no se sabe cuántos, pero sí muchos miles de usuarios de esa red de telefonía móvil reciben numerosos mensajes –aclaro que numerosos es mucho más que algunos— de una entidad, digamos un ente denominado Delecom S.L. o Delicom S.L., como también se hace llamar con una homofonía sugestiva. Delecom no es nada ni nadie, sino la tapadera de un delito de continuado de estafa. Los clientes de Movistar reciben mensajes incontrolables, avisos que no han pedido a nadie, sobre asuntos que no les dicen nada y sobre los cuales nunca han solicitado servicio alguno.

Por cada mensaje de Delecom, Movistar cobra a 1,20 euros a sus clientes, lo incluye en sus facturas, lo cobra y te suspende el servicio si no lo pagas. Movistar, según se les informa a los usuarios que se interesan por conocer el motivo por el cual tienen que pagar por esos indeseados mensajes recibidos, ha tomado medidas legales contra esa “compañía”. Pero, ¡vaya pero!, esas medidas adoptadas, con las cuales los tele operadores pretenden tranquilizar a los que reclaman indignados, son cuestionables y despiertan la sospecha de que no exista demanda alguna o de que exista, pero que la empresa, a pesar de ello, continúe dando curso legal a pagos que son ilegales. ¿Motivo? Movistar les da baja del “servicio” a los clientes que reclaman y también está de acuerdo en devolverles su dinero; pero, paralelamente, le sigue cobrando a los que no lo hacen, aún reconociendo que se trata de una estafa.

Uno piensa: “¡Es imposible que esto suceda!, pero la realidad es más fuerte que la imaginación de cualquiera que pretenda dudar de un hecho tan duro como el granito y entonces es que te aguijonea la inquietud: “¿Habrá un motivo para que sí suceda?”. Es altamente siniestro que Movistar siga cobrando y llevando a sus exquisitas facturas un euro y veinte céntimos por cada mensaje recibido por los que todavía no han protestado. Es una situación bien cuestionable. Si existiera una demanda judicial contra una entidad fantasma infiltrada en el sistema de la telefonía móvil, ¿por qué Movistar no bloquea el “servicio” de Delecom S.L. para todos sus clientes?

A los que se quejan y hacen esa lógica pregunta se les responde que no es posible bloquearlo o darle de baja masivamente sin la aprobación de los clientes, porque algunos están de acuerdo con recibir los mensajes de Delecom S.L. y, por tanto, la empresa no puede discriminar entre quienes lo desean y los que no. Peguntas: ¿Es factible que existan usuarios que estén de acuerdo con recibir mensajes que no sirven para nada y además pagarlos? ¿No será que Movistar sabe que hay personas que nunca reclamarán como los ancianos, los descuidados o las personas desentendidas de veinte euros de más en sus facturas? ¿Acaso las estadísticas de esas quejas estarán aconsejando a Movistar seguir cobrando a sus clientes por una estafa que le produce ingresos sin costos y de carambola?

Posiblemente, ese enrevesado mundo de la telefonía móvil permita que un asunto de esa naturaleza pueda escapar sin mayores consecuencias. La letra de la Ley es implacable, pero bien asesorado cualquiera es capaz de construir una coartada tejiéndola a través de ella. Y aquí va la última pregunta: ¿Sería éste un asunto de la competencia del Estado? Podremos hasta creer que escape de la justicia empresarial, que viene dada por la ética, o de la divina; pero no de la Justicia que garantiza la Constitución del Reino de España, que, al parece, tampoco se queja…