Los contactos de la petrolera privada rusa Lukoil con empresas españolas, para hacerse con el 30% de las acciones de Repsol YPF, con lo que pasaría ser su socio mayoritario, mediante la adquisición de los paquetes que actualmente poseen la constructora Sacyr Vallehermoso (20%) y La Caixa (10%), ha despertado mucho interés en el mundo financiero, social, sindical y sobre todo en el ámbito político. El PP ha considerado este tema importante y prioritario en su oposición al Gobierno, sacando toda su artillería, incluida una pregunta al Presidente en la próxima sesión de control, mientras el PSOE, en sintonía con el gobierno, ha pasado de una cierta pasividad inicial, donde se limitaba a poner énfasis en el respeto al marco de las relaciones entre empresas exclusivamente privadas, a defender y exigir que la dirección de Repsol siga bajo control español, manifestando de paso un cierto escepticismo en que la operación pueda llegar a realizarse.
El planteamiento de la operación estaría, por el lado de los vendedores, en obtener lógicamente los mayores beneficios en la misma. En el caso de Sacyr sería conseguir un precio de las acciones similar al que pagó en el momento de su adquisición, 26,71 € por acción, lo que le permitiría hacer frente al crédito de 5.175 millones de euros con el que Sacyr compró en su día el 20% de Repsol, con la garantía de las propias acciones de Repsol, y de paso un salvavidas de cara a las enormes dificultades financieras que enfrenta, con una deuda de 18.000 millones de euros.

En el caso del otro posible vendedor, La Caixa con el 10%, se trataría simplemente de desprenderse de unas acciones que considera amortizadas y con las que obtendría importantes plusvalías. El montante de la operación estaría, para los vendedores, en los 9.000 millones de euros. Por su parte, Lukoil, pretende comprar todo el paquete, el 30%, sin aportar un euro, pagando aproximadamente al precio actual de las acciones, 15 €, mediante la subrogación a su nombre del citado crédito de Sacyr. Las negociaciones parecen difíciles, muy alejadas las posiciones, máxime cuando los bancos que avalaron en su día la operación (Santander, Caja Madris, Citigroup y Caylon) no están por la labor, si Lukoil no aporta dinero, cosa harto difícil con el actual precio del crudo, o garantías adicionales. Con el conocimiento público de las negociaciones, se han desatado todo tipo de comentarios y ataques políticos. El PP, olvidando su neoliberalismo y de que fueron ellos los que privatizaron sin garantías Repsol, acusan de inmoral e inaceptable la venta, hablan de razones de seguridad estratégica nacional, y pontifican sin empacho sobre el “apalancamiento” del gobierno, que solo pretende arreglar los problemas personales de una empresa promotora, cosas veredes, utilizando a su favor incluso algunos comentarios del ex presidente Felipe González, en el sentido “de que no se puede poner la energía en manos de los rusos”.
Por cierto no hemos escuchado comentarios sobre este asunto, ni de otro ex presidente, el popular José Mº Aznar que últimamente no se calla ni debajo del agua, ni de Rodríguez Rato, que después de quitarse tan oportunamente, “por razones familiares”, de la dirección del Fondo Monetario Internacional, pasó a ser fichado por La Caixa. ¡Y es que no hay que confundir el liberalismo, con los trabajos de broker y los intereses económicos propios! En este intercambio de papeles a que nos ha acostumbrado esta recesión, liberales partidarios del libre mercado sin regulaciones ni interferencias, exigiendo la inyección de miles de millones en bancos y sectores en crisis, la nacionalización con dinero público de las pérdidas, por supuesto solo hasta que vuelvan los tiempos boyantes, y socialdemócratas defendiendo un mercado regulado, trasparente, y como en este caso la no interferencia en las relaciones entre empresas privadas y sus accionistas.
El PSOE y fundamentalmente el gobierno, por boca del Ministro de Industria, Miguel Sebastián, y del propio Presidente Zapatero, ya han manifestado su interés en que Repsol siga siendo español, o al menos con una dirección nacional, su intención de no interferir en el proceso, habiendo descartado totalmente la compra pública, vía SEPI, de estas acciones.
Por parte sindical las posiciones van desde la petición de una intervención directa del estado, UGT, hasta la búsqueda de un comprador nacional, con avales públicos incluso y si fuera necesario para financiar la compra, CC.OO. Aunque en estos temas nunca se puede predecir por donde van a transcurrir las negociaciones, con los datos actuales parece claro que la operación es casi inviable, por lo menos a corto plazo. Todo esto puede conducir a otro culebrón similar al que ya vivimos, no hace tanto tiempo, con EON y Endesa. Las sorpresas están casi aseguradas.
Emilio Sánchez Álvarez
25/11/2008