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Hágase la luz
José Molina Molina. Doctor en Economía, Sociólogo y miembro de Economistas Frente a la Crisis
Publicado en el Diario La Verdad el 25 de enero de 2014
Publicado en el blog Economía a pie de calle
El recibo eléctrico se compone de impuestos, primas, subvenciones, costes del sistema, transporte y distribución: demasiados intereses encontrados en una misma factura que paga el consumidor.
Tras la escandalosa subida resultante de la última subasta, el ministro Soria no ha solucionado nada. Simplemente ha trasladado el problema al segundo trimestre de 2014.
El recibo de la luz subió un 63% de 2002/2012, y en 2013 hemos soportado una subida de un 8%.En diez años el recibo de luz aumentó por hogar medio de 360 a 616 euros/año, una subida que ha empobrecido a las economías familiares y empresas, enriqueciendo al monopolio eléctrico. El ‘déficit tarifario’, invento del señor Rato, es algo parecido a las ‘preferentes’ del sector financiero: los beneficios para el sector y las pérdidas para el consumidor. Siempre pagamos los mismos. La ley del Sector Eléctrico ignora a los ciudadanos y defiende un modelo corporativo regulatorio que tantos beneficios ha conseguido y que las eléctricas quieren perpetuar incorporando a ex presidentes y ex ministros en sus consejos de administración.
La subasta eléctrica es una plataforma de especulación. Así lo han advertido desde hace años los funcionarios del Ministerio de Industria y Energía, la CNE y la CNMV. Y además anticiparon que la subasta del 19 de diciembre de 2013 impulsaría una importantísima subida, como así fue: llegó al 26% que traducido al recibo de la luz dio ese indecoroso 11,5%. Rajoy estaba informado, o debería estarlo, lo que ha descubierto un desgobierno del control del sector eléctrico que casi se traga al gobierno entero. Por el escándalo que provocó en la sociedad, Rajoy fija la subida en el 2,3% y con un falso discurso dice que ya está solucionado el problema del déficit de tarifa. No explica más.
En datos reales, para un consumidor medio la subida será de 1,78 €/mes impuestos incluidos. Para la hostelería y pequeños talleres el aumento puede llegar a ser más de 12 €/mes. Para un diagnóstico adecuado, el problema es la confusión a que conduce una ‘ingeniería contable regulatoria’ acompañada de una opacidad del sistema de costes. Son numerosos los expertos del sector que defienden que no existe déficit tarifario eléctrico sino un superávit de retribuciones reconocidas por lo que, cuanto antes, hay que anular lo de “déficit tarifario”, porque lo que hay que suprimir es el sobre ingreso que perciben las centrales hidroeléctricas y nucleares, que superan lo que la regulación les reconoció cuando realizaron las inversiones.
Como se puede observar, las energías clásicas reciben un precio superior a sus costes, pero es que también lo reciben las centrales térmicas de gas/carbón. Un sistema complejo que debe abordarse con urgencia para determinar lo ficticio de los balances, auditar los costes efectivos y cerrar un capítulo de falta de transparencia, favorecido por el potente lobby de las eléctricas que ha convertido un sector estratégico en un negocio financiero. Y a todo esto la factura de la luz se compone de impuestos (21%) primas (21%) subvenciones (14%) que hacen un subtotal del 56% y, por otro lado, el coste propio del sistema que es el 44% (un 29% coste de generación y un 15% por transporte y distribución). Demasiados intereses encontrados en una misma factura que paga el consumidor.
El ministro Soria no ha solucionado nada. Simplemente ha traslado el problema al segundo trimestre del año 2014. Ha aumentado la parte fija y disminuido la variable, es decir, en la que se puede ahorrar, cometiendo así un despropósito porque obliga a pagos fijos a millones de hogares y pequeños empresarios, impidiéndoles ahorrar.
Los últimos datos de Eurostat ponen de manifiesto que hay cuatro millones de ciudadanos en situación de extrema pobreza de consumo eléctrico, lo que atenta contra los derechos más elementales. Estamos ante un grave problema, así por lo menos nos lo indica el Observatorio de la Sostenibilidad (organismo cerrado este año por las restricciones presupuestarias) que señala en su último informe que este año se han detectado 2.300 muertes en España por pobreza energética en España. Debería abrirse un proceso clarificador porque, hasta ahora, la política que defiende el Ministerio es la energía hidráulica (ciclo combinado, térmico y nuclear) precisamente lo que sobra para la sostenibilidad.
Se debe afrontar una quita a las eléctricas, restablecer el equilibrio en el sector, impulsar las energías renovables, que son el futuro, y encontrar la fórmula de cálculo que establezca una tarifa equitativa, así como retirar cuanto antes las tecnologías obsoletas, ya amortizadas. Y si el ministro no sabe hacerlo, que lo cesen ¡por favor!
José Molina Molina. Doctor en Economía, Sociólogo y miembro de Economistas Frente a la Crisis
Publicado en el Diario La Verdad (Murcia/España) el 25 de enero de 2014
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