Alberto Segade Illán
El Ayuntamiento de Béjar tiene un presupuesto de casi quince millones de euros, de los cuales más de la mitad, unos ocho millones, se aplican a gastos de personal. Según la Memoria de la Cuenta General de 2023, mantuvo ese año un total de 278 empleados (59 funcionarios, 40 laborales fijos y 117 como personal contratado). La Corporación se administra a través de cuatro áreas de gobierno, con sus respectivas comisiones informativas, que atienden a 101 ámbitos de actuación, Cuenta, además, con el Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo, 24 representantes en diferentes órganos colegiados, numerosas dependencias deportivas, bienes industriales, culturales, turísticos y monumentales.

Esta gran maquinaria administrativa, que incluye departamentos técnicos, jurídicos y económicos, es la que ha sido capaz de engendrar sinsentidos como las `facturas impagables´, el servicio municipal intermitente de autobús o el `Plan mutante´. Podría seguir con más disparates o desatinos por el estilo, como la caótica gestión de los museos, el eterno sainete de El Bosque, las repetidas penalidades presupuestarias en un ayuntamiento que todos los años cierra el ejercicio con superávit, los puestos de trabajo hereditarios (en una institución pública), la costumbre de negociar con empresas interesadas en algún tipo de concesión antes de redactar y publicar un pliego de condiciones, el impago, durante años, de las cuotas de la comunidad de vecinos en las instalaciones de la emisora municipal… Sería un tema casi inagotable, pero creo que, con lo expuesto hasta ahora, basta para encarar con datos objetivos esta última entrega a modo de corolario.

Con la ciudad cayendo en barrena, nuestro Ayuntamiento está atascado. A pesar de contar con los medios necesarios (tanto a nivel humano, como material y económico) es incapaz de cumplir con eficacia los fines propios de la institución, mucho menos de impulsar la actividad socio-económica de Béjar, y cada vez que toca una cosa la estropea. Con algún altibajo (pequeñito y breve) la gráfica de los últimos treinta años da vértigo sólo por verla. Durante este tiempo han gobernado diferentes partidos o coaliciones, pero ninguno ha sido capaz de dar con la tecla y revertir la tendencia.

En un capítulo anterior me referí con ironía a la posible existencia de un virus administrativo maligno en las dependencias municipales y, en cierto sentido, creo que así es. Basta con preguntar a cualquier persona que sea, o haya sido, concejal o alcalde. Todos responderán de manera parecida: no hay quien pueda con la burocracia. En nuestro Ayuntamiento ninguno de los cargos esenciales (secretaría, tesorería e intervención) ha sido ocupado desde hace décadas por funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (no sé si porque nadie quiere venir, o porque no se quiere que nadie venga). Este es un detalle que me parece oportuno señalar, pero no creo que en él (o solamente en él) resida la cepa del virus (o quizá bacteria).

Como señalé en un principio, la Corporación atiende a 101 ámbitos de actuación, cuyo análisis de eficiencia, coste económico y utilidad pública, arrojaría en gran parte de los casos una calificación muy negativa (es posible que me anime a hacerlo y publicarlo, pero sería todo un volumen) y en esto no toda la culpa es de los políticos, aunque sí la responsabilidad por no haberlo solucionado al llegar. A lo largo de mi carrera profesional he tenido oportunidad de conocer bien otros ayuntamientos en tres comunidades autónomas y alguno de ellos funcionaba como un reloj suizo, independientemente de que gobernaran verdes, azules o colorados.

Si quien tiene que aplicar los remedios oportunos no lo hace, o lo hace mal, la situación va empeorando con el tiempo y en los momentos actuales, con fiebre, palpitaciones y sudores fríos, el paciente está a punto de entrar en cuidados paliativos. El bochornoso espectáculo al que hemos asistido en los últimos Plenos, no es más que una pequeña parte de todo lo que se esconde tras cada puerta en las dependencias municipales. Pero, sentado lo precedente, no se puede eludir el papel que, a lo largo de las sucesivas legislaturas, han jugado en la partida nuestros representantes políticos, quienes, lejos de poner orden en el gallinero, parecen haberse contagiado con el mismo microbio desde el primer instante tras su entrada en el edificio que, otrora, fue cárcel (A lo mejor, la cepa maligna reside allí desde entonces).

Por esta razón, la principal culpa (prácticamente toda) tendremos que atribuírsela a los que gobiernan y mandan (o han gobernado y mandado). Ellos son (y han sido durante todo este tiempo) los designados por la ciudadanía para administrar, en su representación; los quince millones de euros del presupuesto, sufragado por nuestros impuestos, y la explotación de los bienes públicos. A ellos corresponde organizar de la manera más eficaz las tareas municipales, amén de comprobar su buen desempeño. Por supuesto, en ellos reside la última responsabilidad del buen funcionamiento de los servicios y de la adopción de decisiones encaminadas a solventar los problemas que se presenten y que no puedan ser resueltos por los técnicos. Y, sobre todo lo demás, procurar que la sociedad civil pueda emprender su proyecto empresarial, o de vida, con garantía de seguridad jurídica.

El párrafo anterior se refiere a lo que, normalmente, se debe gestionar en cualquier ayuntamiento. En el caso de Béjar, sin embargo, se le ha atribuido también el papel de promotor empresarial y económico, dejando en sus manos el futuro de la ciudad. Aquí fallamos nosotros, porque le estamos pidiendo algo que no puede hacer. Al margen de que esta institución no está diseñada para este cometido, en nuestro caso interviene también la enfermedad vírica y, por estas dos razones, los resultados no pueden ser más decepcionantes. A lo mejor tendríamos que reflexionar también sobre esto.

Antes de concluir es preciso dejar a un lado las hipérboles y las ocurrencias semánticas y llamar a las cosas por su nombre. Los virus, bacterias y microbios que campan por nuestro Ayuntamiento tienen nombres y apellidos: mucha incompetencia; ineficacia, cercana a la inoperancia; laxitud o rigidez en las formas según convenga, siempre en perjuicio del administrado; pereza administrativa y escasa o nula capacidad de diálogo constructivo. Que cada cual atribuya estas valoraciones, según su propio criterio, a los diferentes integrantes del Consistorio.

Como ya he dejado escrito, los responsables de corregir todas estas lacras y convertirlas en capacidad, conocimiento, eficacia, diligencia, respeto estricto a la norma, y voluntad constructiva; son los que nos representan en la municipalidad, pero, como se comprueba, lo único que hacen es echarse las culpas unos a otros de un desastre, que ninguno niega, pero nadie asume.

Nos queda media legislatura por delante con un gobierno municipal en minoría y una oposición con mayoría, a la que la Ley impide plantear una moción de censura (o convierte al Alcalde en incensurable). Esto no tendría que ser necesariamente malo, porque podría llegarse a acuerdos sobre propuestas correctamente fundamentadas y proyectos bien argumentados y redactados. Pero, como no es así, se produce un bloqueo que en nada beneficia a la ciudadanía. ¿Estamos condenados, entonces, al fracaso general de una ciudad que se desangra sin remedio?

Siento llegar al final de la crónica sin poder responder con claridad a esta pregunta. Sin embargo, después de comprobar que un ayuntamiento sólo puede ser disuelto (solución drástica pero efectiva) por el Consejo de Ministros o la Comunidad Autónoma, tras informes preceptivos del Senado y la Comisión Nacional de Administración Local, me quedan todavía dos años para pensar la respuesta.

Alberto Segade Illán. Cinco de agosto de 2024.