José Molina Molina. Doctor en Economía, Sociólogo y Miembro del Pacto por la Transparencia.
Publicado en el blog Economía a pie de calle
Publicado en el Diario La Verdad (10/8/2014)

Necesitamos un “Buen Gobierno” que expulse de una vez de la escena política a todo el que tenga la menor sombra de haberse dejado contagiar por el tráfico de influencias y la corrupción

Los ciudadanos observan con preocupación que sus gobiernos están desbordados, les supera la complejidad de los asuntos a gestionar. Solo hay que mirar las caras de los dirigentes, sus miradas perdidas, sus manifestaciones, exceptuando las puramente propagandísticas a partir de cualquier dato que no sea tan malo como el anterior, aunque siga siendo malísimo para el conjunto de la población.

Cuando portavoces políticos lamentan que un corrupto entre en prisión, o haya sido descubierta su corrupta actuación, demuestran desconocer la creciente insatisfacción ciudadana que ha situado la corrupción como segundo problema más importante de nuestra sociedad. Y la situación se desborda cuando a la la larguísima lista se añade ahora la familia Pujol, con el ex ‘molt honorable’ a la cabeza.

Son los ‘problemas malditos’, en expresión de Weber y Khademan, los que están rebasando a los políticos cuyas respuestas, por simples o encubridoras, no convencen ya ni a sus votantes que se sienten ofendidos por ese afán de permitir que los inculpados se protejan entre los entresijos del sistema.

La acción de gobierno debe ser más inteligente y aportar soluciones al problema territorial, a la desigualdad, a la falta de transparencia, a la independencia de la Justicia, a la financiación de los partidos y, en suma, a un componente poliédrico de dilemas que arrastramos desde la Transición y que están sin resolver legislatura tras legislatura, gobierne quien gobierne. No se abordan. De todos estos problemas, o carencias, hay uno que los ciudadanos reclaman como esencial: que funcione la transparencia en las Instituciones. Que funcione ¡ya!

Transparencia Internacional, en su reciente informe sobre los índices de claridad en las Comunidades Autónomas, lo ha dejado bien claro: Madrid, Murcia y Canarias han suspendido con las peores notas en los conceptos de transparencia en Información sobre la Comunidad Autónoma, Relaciones con los ciudadanos y la sociedad, económico-financiera, en las contrataciones de servicios, obras y suministros, en materias de Ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas. Así que tenemos un reto para salir de la zona de opacidad en la que funcionan nuestras organizaciones públicas.

Es positivo el esfuerzo por informar de los sueldos de los altos cargos, pero de poco sirve si no se acompaña con una contabilidad analítica, para poder evaluar en su conjunto las políticas y objetivos de cada gestor. Analizar abiertamente si los costes son los adecuados y si el esfuerzo que soportan los ciudadanos con los recortes, tiene igual medida en las estructuras de gasto del presupuesto regional. Es poner la lupa de aumento para ver en profundidad la bolsa común con el fin de que nadie se apropie de ella.

Por otro lado, según Transparencia Internacional, el Gobierno de la Región de Murcia no publica las directrices, ni las memorias e informes que deben acompañar a las iniciativas legales, cosa que no se comprende. Ni publica datos sobre la calidad y evaluación de los servicios y de las políticas públicas. No conocemos con detalle la evolución de la deuda pública y las políticas de financiación. Tampoco se publican las actas de las Mesas de Contratación ni los contratos, ni los informes internos de los órganos de asesoramiento jurídico y de la Intervención, una vez que son definitivos.

Necesitamos un ‘Buen Gobierno’ que apruebe con nota, que expulse de una vez de la escena política a todo el que tenga la menor sombra de haberse dejado contagiar con el tráfico de influencias o en los más oscuros lugares de la corrupción. Los políticos que han confesado, los imputados o los que simplemente apoyaron en la presentación de proyectos en curso de investigación judicial, deben asumir su ‘responsabilidad de desgobierno’, precisamente por estar en demasiadas ‘fiestas’ para escándalo de los ciudadanos. Y las equivocaciones en política se saldan con la dimisión, sin aferrarse al poder o a la protección de estar aforado.