La falta de un modelo territorial es un obstáculo común para la garantía de los derechos sociales en todos los pueblos de la Comunidad.
El modelo territorial tiene que garantizar la equidad en el acceso a los servicios e infraestructuras públicas, la adecuada coordinación entre los distintos servicios sociales que son competencia de la Comunidad, favorecer un modelo de organización que piense más en los ciudadanos cuyas necesidades se atienden, y que se gestione el gasto público con más eficiencia.
En el tercer aniversario de la última reforma del Estatuto de Autonomía, cuya principal novedad es la carta de derechos sociales, su desarrollo es pobre, ficticio y ajeno a las aspiraciones de la ciudadanía.

Esta ha sido una de las conclusiones más relevantes de la jornada de estudio
celebrada el pasado 26 de Octubre en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, sobre el tema “DERECHOS SOCIALES DEL ESTATUTO A LA CIUDADANÍA”, a la que hay que añadir las siguientes, desde un punto de vista más sectorial:

SERVICIOS SOCIALES
El proyecto de ley que se está debatiendo en las Cortes muestra una tendencia
regresiva hacia un modelo asistencial y paliativo y olvido de las políticas preventivas
y proactivas. Tampoco resuelve la responsabilidad pública del mapa de servicios
sociales y por tanto la garantía de equidad en el acceso a los servicios sociales.
Supone un paso atrás en materia de financiación de los servicios que presten las
EELL.
RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA
A los retrasos incomprensibles en las actuales condiciones de necesidad se une un
modelo muy poco solidario y comprometido, ya que no garantiza los recursos para
que los ciudadanos y familias en situación de exclusión puedan incorporarse cuanto
antes al trabajo, con políticas activas de formación y empleo. Lo importante en la
política de rentas mínimas no puede ser el subsidio, sino la plena inserción laboral y
social.
2
SALUD
Hay una fuerte percepción ciudadana de desigualdad de acceso a los servicios de
salud en el medio rural respecto al medio urbano.
En función de las características sociodemográficas de la Comunidad resulta urgente
un desarrollo de los siguientes aspectos:
Regulación y planificación adecuadas de la asistencia geriátrica, de los tratamientos
y cuidados paliativos, de la reproducción asistida, de la libre elección de médico
especialista y de centro hospitalario, de la segunda opinión médica, así como de la
participación ciudadana y el voluntariado.
La intervención privada y las nuevas tecnologías aconsejan también un desarrollo
normativo más adecuado de la historia clínica, que afecta tanto a la práctica clínica
como al derecho a la intimidad y confidencialidad.
EDUCACION
Se denuncia un apoyo desequilibrado al sector concertado, además de una falta de
modelo territorial: No hay un mapa de centros que garantice la equidad en el acceso
en todo el territorio.
La indefinición en la educación de 0 a 3 años entre lo educativo y lo asistencial, la
falta de adaptación de la formación profesional a la base productiva de las provincias
y comarcas y la falta de una regulación y gestión adecuadas de las actividades
complementarias y extraescolares, así como de la participación de padres y
alumnos, resultan algunos de los obstáculos que es preciso remover en Castilla y
León para una adecuada garantía del derecho a la educación, que debe completarse
con la universalización de la gratuidad de los libros de texto.
IGUALDAD
Las dificultades específicas de las mujeres del mundo rural se centran en torno a la
invisibilización en el trabajo remunerado, las dificultades de acceso a los servicios de
empleo, la falta de empleos de calidad y que rompan con los roles tradicionalmente
femeninos.
Para remover estos obstáculos se propone fomentar los servicios de proximidad,
favorecer la movilidad para garantizar el acceso a los recursos, a los servicios
públicos y al empleo, avanzar en el acceso y uso de las TIC, así como en la
corresponsabilidad y conciliación efectiva.
ACCESO A LAS TIC
La equidad de acceso a la red, es capital para la igualdad de oportunidades de las personas
y para la atracción de inversiones y residentes a los territorios, ya que la brecha digital
ejerce un papel multiplicador respecto al resto de desigualdades en la sociedad del
conocimiento.