Pedro CastroGallardónRosa AguilarHace pocas semanas se produjo un hecho muy relevante, desde el punto de vista político, que sin embargo pasó casi desapercibido. Ese hecho fue la aparición conjunta de alcaldes de todos los partidos reclamando un modelo de financiación para los municipios. En la foto estaban, además de Pedro Castro, alcalde socialista de Getafe y Presidente de la FEMP, Alberto Ruiz Gallardón, el alcalde Popular de Madrid, Rosa Aguilar, alcaldesa de IU de Córdoba, etc..
Todos ellos reclamaban que ya era hora de que hubiera una ley que definiera y actualizara las competencias de los municipios al tiempo que abordara su financiación.
No es la primera vez que esto se reclama. El tema se ha tratado ya en numerosas ocasiones, pero nunca se ha abordado con seriedad. Tirando de hemeroteca, vemos una foto del ex-Ministro Jordi Sevilla, presentando en 2005 a Paco Vázquez, a la sazón Presidente de la FEMP, el Libro Blanco para la reforma de los gobiernos locales.
Jordi Sevilla, decía que "España necesita un nuevo Estatuto de Autonomía: el municipal, que ha de contemplar con claridad las competencias y la financiación" de los Ayuntamientos.
En los años de la democracia, todo el esfuerzo político y financiero se ha centrado en las autonomías, propiciando una auténtica "revolución", en la que se ha transferido una buena parte del poder desde el Gobierno central a los Gobiernos autónomos, relegando a los ayuntamientos, que ha asistido como convidados de piedra a ese movimiento.
Los alcaldes, con Pedro Castro a la cabeza, hablaban de que esta vez el tema va en serio y de que si no es así podrían convocar movilizaciones.
La FEMP ha encargado a un grupo de trabajo un profundo y amplio estudio que se llama: La financiación local en España. Radiografía del presente y propuestas del futuro en el que tras hacer un diagnóstico de la situación actual se hacen una serie de propuestas de lo que debería ser la futura ley.

El diagnóstico señala que no ha existido una planificación concertada de recursos entre los tres niveles de organización territorial del Estado en el proceso histórico de descentralización y que la asunción de nuevas competencias por las CCAA derivadas a los municipios, ha supuesto un nuevo impacto económico, de gestión y financiero en el ámbito local. En muchos casos, se les han impuesto a los Ayuntamientos esas competencias por la fuerza de los hechos, sin ningún tipo de negociación. Según cálculos de la FEMP, los Ayuntamientos están pagando alrededor de 2.300 millones€ al año por servicios realizados sin la financiación correspondiente.

El estudio señala que los Ayuntamientos se convierten en meros instrumentos de aplicación de las políticas de inversión de las CCAA, sin ningún tipo de autonomía.

En el estudio por cierto, se desconfía de las CCAA ya que reclama que continúe la dependencia directa de los mismos respecto al Gobierno Central en lo que respecta a la garantía de su suficiencia financiera.

Asimismo solicita un nivel de financiación suficiente, solidario y acorde con las nuevas competencias asumidas, para lo cual solicita instrumentos fiscales, financieros y especialmente una participación mucho más sustancial que la actual en los ingresos de las CCAA.

En resumen, esperamos que esta vez se den pasos sustanciales en la solución del problema de la financiación de los municipios, evitando así la proliferación de mecanismos heterodoxos como los Convenios urbanísticos, tristemente célebres en la pasada legislatura y poniendo las bases de un modelo suficiente, eficaz y solidario.