La Ministra Sinde ha introducido de tapadillo, en el Proyecto de Ley de Economia sostenible, un texto que ha puesto en guardia a los internautas y que afecta a un derecho fundamental como es la libertad de expresión.
Como dice el manifiesto por la libertad en la red: "Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión."
En esta tesitura, Bejar.biz se alinea con claridad por la libertad en Internet y por que no pueda cerrarse ninguna Web, sin la tutela de la Justicia.

No es fácil compatibilizar los derechos que tienen los autores sobre sus obras con el derecho fundamental de los españoles a utilizar Internet como medio para estar informado y poder opinar y participar en todo tipo de cuestiones. Internet es un nuevo paradigma que ha obligado y está forzando a cambiar muchas cosas, entre ellas el modelo de negocio de la música y en general de la producción y distribución de los denominados bienes digitales.
Es cierto que se producen abusos y que un autor tiene derecho a vivir de su trabajo, pero la consecución de ese derecho no se puede hacer menoscabando otros derechos fundamentales y mucho menos de tapadillo, dentro de una ley generalista que trata de casi todo. Hasta la página más pirata tiene el derecho a una tutela judicial. Si la Justicia es lenta lo que hay que hacer es arreglarla y nunca cortocircuitarla con una comisión ministerial que ejecute con rapidez un posible cierre sin los derechos y garantías que da a los ciudadanos el Poder judicial.

Manifiesto por la libertad en la red
"Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.