La Consejería de Fomento y Medio Ambiente demora un año más, hasta 2021, la aprobación del Plan de Mejora de la Calidad del Aire por Ozono requerido por los tribunales de justicia

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha publicado hoy el Informe anual sobre la calidad del aire 2019, difundiendo con ocho meses de retraso los resultados de las 54 estaciones de control de la calidad del aire que funcionaron durante el año pasado en la región.

Continuando con su tradición de desinformación en esta materia, la Junta de Castilla y León ha vuelto a mentir a la ciudadanía sobre la situación de la contaminación atmosférica en 2019, al titular que “La calidad del aire en Castilla y León continua siendo buena y excelente en algunos lugares”, pese a reconocer a regañadientes que en la Montaña Sur de Castilla y León se ha incumplido el objetivo legal para la protección de la salud del ozono, afectando a 250.000 habitantes de las provincias de Ávila, Salamanca y Segovia.

Elude asimismo informar de que durante el año pasado se ha superado también el objetivo legal para la protección de la vegetación establecido para el mismo contaminante en todo el sur de la región, desde Salamanca a Soria, y que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el ozono, más estricta que el objetivo legal, se ha rebasado ampliamente en todas las estaciones de medición, con más de un centenar de días por encima de la guía OMS en las de Ávila, El Maíllo, Segovia o el Valle del Tiétar.

En la última década, se ha incumplido el objetivo legal para la protección de la salud del ozono en 7 de las 12 zonas delimitadas para evaluar la situación de este contaminante. Se trata de las aglomeraciones de Salamanca y Valladolid y de las zonas Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche y Soria y Demanda, con una población de 1,7 millones de habitantes repartida entre todas las provincias de Castilla y León, lo que se oculta de manera deliberada en el texto y la nota de prensa difundida a los medios.

También se omite que el Gobierno autonómico lleva toda la década incumpliendo su obligación legal de elaborar planes de mejora de la calidad del aire en estas zonas, y que no es hasta ahora, tras las contundentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Supremo exigiendo estos planes, cuando la Consejería de Fomento y Medio Ambiente anuncia para 2021 la aprobación de un Plan de Mejora de la Calidad del Aire por Ozono, que será meramente informativo y de “autoprotección de los ciudadanos”.

Es un insulto para las familias del centenar de personas que según el Ministerio de Sanidad mueren cada año en Castilla y León por la exposición al ozono y para las decenas de miles de personas que ven agravadas sus enfermedades respiratorias y cardiovasculares por culpa de esta contaminación atmosférica, en especial población infantil y personas mayores, que las autoridades regionales trivialicen el problema y transfieran la responsabilidad de abordarlo a los afectados, mediante meras medidas de autoprotección individual.

Ecologistas en Acción considera muy grave que la Junta intente engañar a la ciudadanía de Castilla y León sobre la situación de la contaminación atmosférica, incumpliendo sus obligaciones de informar a la población y adoptar medidas para corregir la situación. Y es que en Castilla y León tenemos dos problemas serios de calidad del aire: los elevados niveles de ozono y una incompetente Administración regional que niega sistemáticamente el problema y se niega a adoptar las medidas legalmente previstas para resolverlo.

Lo que subyace a esta negligencia administrativa es la resistencia de la Junta de Castilla y León a abordar políticas de reducción de la contaminación atmosférica en la industria, el transporte o la ganadería intensiva que afecten a los intereses de las grandes compañías energéticas, automovilísticas y agroindustriales para las que trabaja. Su oposición al reciente cierre de las centrales térmicas de carbón de León y Palencia, principal fuente hasta ahora de la contaminación, pone de manifiesto las verdaderas prioridades del Gobierno regional.

El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias. Por inhalación, provoca un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares. La OMS estima entre 1.500 y 1.800 los fallecimientos prematuros anuales en España producidos como consecuencia de la exposición a niveles de ozono como los registrados en 2019 en Castilla y León. El ozono, además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando los bosques, espacios naturales y parques urbanos y reduciendo la productividad de los cultivos.