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Día Internacional de la Transparencia
José Molina Molina. Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia
Publicado en el Diario La Verdad 27/09/2915
Publicado en el blog Economía a pie de calle
El Día Internacional de la Transparencia -28 de septiembre- debe constituir un compromiso colectivo por conquistar el derecho a saber, una aspiración constitucional que encuentra muchas dificultades para convertirse en realidad en la vida pública y social. Es un reto que como presidente del Consejo de la Transparencia he asumido, pero tendremos una sociedad más transparente, si ese reto lo compartimos con toda la sociedad y además, la ciudadanía de esta Región se convierte en sujeto activo para exigir que sus instituciones sean transparentes y sus representantes ejerzan sus funciones con democracia de decisiones y democracia de conductas.
He caminado conjuntamente con ciudadanos e instituciones, tanto públicas como privadas, para que la transparencia, la participación y la rendición de cuentas sean una práctica en nuestra vida democrática. Buscando esa savia que surge de las entrañas del pueblo expresando su deseo de un cambio profundo en sus instituciones públicas. Nos encontramos con muchos obstáculos para conseguirlo y algunos se manifiestan en las propias leyes que nos regulan, tanto en el ámbito regional como en el estatal. Deseo que nuestra ordenación jurídica sea un fiel reflejo de las normas internacionales, para lo cual debemos impulsar aquellas reformas que salven las diferencias. Es evidente que cuesta romper la tiranía de la burocracia, pero la ciudadanía tiene que librarse de esa losa ineficaz y convertir la Función Pública en una aliada para su desarrollo social.
Es cierto que la transparencia y el derecho a la información están entrelazados y que en principio podría pensarse que son las dos caras de una misma moneda, sin embargo no se trata de dos conceptos confluyentes sino paralelos. El derecho de acceso a la información pública garantiza la transparencia y posibilita profundizar en la democracia, pero no existe una relación inversa porque la mera transparencia no amplía los derechos de los ciudadanos ni, por tanto, nos lleva a una democracia más avanzada. La transparencia, por sí sola, puede suponer una suerte de despotismo ilustrado si no se acompaña del auténtico derecho del ciudadano, el sujeto universal, a tener acceso a la información pública. En nuestra sociedad se puede apreciar un importante esfuerzo en materia de transparencia como medio para mejorar la calidad de los servicios, pero estamos lejos de ver fortalecidos los derechos fundamentales de los ciudadanos en esta materia.
Me sumo a los que defienden la Transparencia como un derecho humano fundamental, de carácter constitucional, que tiene su origen en las libertades informativas, tal y como confirma el Convenio 205 del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (18/06/2009) que en su exposición de motivos dice que el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de las autoridades públicas, ayudando así a que se reafirme su legitimidad.
Son conceptos catalogados en las libertades informativas que pueden resumirse en que, para fortalecer una comunicación pública libre, es necesario no solo un sistema informativo libre y plural de medios de comunicación, sino que además se precisa que los ciudadanos accedan directamente a las fuentes de información pública. Opino que no existe un catálogo cerrado y estático de derechos fundamentales. La evolución de la sociedad exige respuestas jurídicas a los nuevos retos y el nuestro es desarrollar un derecho directamente relacionado con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Pese a todas las imperfecciones y carencias de la Ley de Transparencia actual, esta norma ha abierto una ventana en las Administraciones Públicas. Es el momento de aprovecharla para que, mediante su modificación en profundidad, nuestra Ley se convierta en un referente y en un eficaz instrumento en manos de los ciudadanos hacia los que hay que hacer un esfuerzo de concienciación de lo que puede suponer la transparencia y, en particular, el derecho a saber. El derecho a saber sobre aquello que es de todos: lo público.
Mi compromiso, ante la sociedad, en el día internacional de la transparencia y del derecho a saber, es precisamente para que nunca impere en nuestra sociedad un espejismo de que se hacen las leyes, pero su cumplimiento no cristaliza en una nueva cultura. Buscaré siempre “el deber ser de perfección”, y con la ayuda de todos superaremos las limitaciones para que sus Administraciones Públicas, los sectores que con ellas se relacionan, y la ciudadanía, tengan como referente el derecho saber.
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