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Derrota de González & Lasquetty
Elpais.com/Ernesto Ekaizer
La sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de notificar su auto sobre el recurso de reposición de la Comunidad de Madrid y de las tres empresas que cuestionan la suspensión cautelar de la privatizacion-externalización (los consorcios Hima San Pablo, Ribera Salud y Sanitas) de seis hospitales en Madrid (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares del Sureste y del Tajo).
La sección tercera (integrada por Fátima Arana, en esta ocasión como presidenta y, además, ponente; Pilar Maldonado Muñoz; Margarita Pazos Pita y Rafael Estévez Pendás) ha resuelto por unanimidad mantener la suspensión cautelar del proceso de privatización. Es cautelar porque los facultativos de AFEM sostienen que existen irregularidades en el concurso de adjudicación. Si el proceso seguía su curso y se materializaba la adjudicación, el recurso que presentaron hubiera quedado vaciado de contenido y efecto.
Este punto, los daños irreparables que podría provocar la aceptación de los recursos de la Comunidad de Madrid y las tres empresas concursantes y continuar con la privatización-externalización, es desarrollado, una vez más, al desestimar los recursos.
Esta nueva decisión de mantener la suspensión explica, retrospectivamente, los esfuerzos del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y el presidente, Ignacio González, por conseguir que su recurso de reposición, ahora desestimado, no fuera resuelto por la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid.
El entonces presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Gerardo Martínez Tristán, decidió en octubre pasado que fuese el pleno de 50 magistrados de la Sala el que resolviera dicho recurso de reposición.
Pero la rebelión de los magistrados impidió esta maniobra.
Un pleno convocado el 31 de octubre no entró en el debate del recurso al confirmarse que Martínez Tristán se encontraba recusado. El magistrado pretendía presidir contra viento y marea dicho pleno. La decisión sobre el tema de la privatización-externalización fue aplazada.
La formación del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supuso a mediados de diciembre del año pasado la salida del TSJ de Madrid de Martínez Tristán en comisión de servicios, para formar parte de dicha institución, donde es miembro de la Comisión Permanente. El nuevo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, explicó en privado que Martínez Tristán había provocado tal lío con su conducta en el asunto de la privatización-externalización que debía salir del TSJ de Madrid.
En estas condiciones, un nuevo pleno, presidido por Miguel Ángel Vegas, sucesor de Martínez Tristán, resolvió el pasado 9 de enero, por 32 votos contra 11, que era la sección tercera quien debía resolver los recursos de la Comunidad de Madrid y las tres empresas que pretenden hacerse con la gestión de los seis hospitales.
Esta resolución, aprobada en un pleno tan amplio, asambleario, con intervenciones muy fundamentadas, ha sido relevante. Porque el ardid para convocar un pleno utilizado quedó al descubierto. Martínez Tristán se apoyaba en que a la decisión de la sección tercera siguió otra, el 9 de octubre de 2013, de la sección octava, que preside la magistrada Inés Huerta Garicano, contradictoria aparentemente con la primera. No es que no fuesen contradictorias sino que iban sobre otras materias. Pero le dio a Martínez Tristán el motivo para forzar la necesidad de "unificar" doctrina.
El juez natural, predeterminado por ley, según establece la Constitución Española, para entender el recurso de reposición de la Comunidad de Madrid y los tres consorciones concursantes, era la sección tercera, la que había decidido la suspensión cautelar el 11 de septiembre. Quitarle esa competencia era ilegal.
Ahora, ha sido la sección tercera la que ha resuelto: se desestiman los recursos de reposición y se mantiene la suspensión cautelar del proceso de privatización-externalización.
Martínez Tristán, por su parte, ha propuesto a la magistrada Inés Huerta Garicano para ocupar una plaza vacante en la sala tercera del Tribunal Supremo, la sala de lo Contencioso-Administrativo, en una reunión de la Comisión Permanente del CGPJ, celebrada la semana pasada, en la que se analizó la propuesta a llevar ante el Pleno del CGCP convocado para el viernes, 31 de enero.
Cuatro candidatos forman parte de esa propuesta. Pero Martínez Tristán abogaba porque se destacara en primer lugar o con calidad preferente el nombre de Inés Huerta.
Fuentes consultadas aseguran que hubo una discusión entre uno de los miembros de la Comisión Permanente, el vocal Álvaro Cuerta, elegido en el nuevo CGPJ a propuesta del PSOE, y Martínez Tristán a propósito de su "preferencia" por la magistrada citada.
Cuesta dijo que a la luz de la "maniobra" que se había destapado en el TSJ de Madrid en torno al expediente de la privatización, mal quedaría la Comisión Permanente expresando su preferencia por la magistrada.
Martínez Tristán reaccionó con vehemencia contra la calificación de "maniobra".
Con todo, los cuatro magistrados propuestos al Pleno no llevan a ningun primus inter pares.
Fuentes jurídicas estiman que ya el anterior CGPJ estaba por nombrar a la magistrada Inés Huerta Garicano para ocupar la vacante en la sección tercera del Tribunal Supremo. Por sus propias cualidades y antecedentes.
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