Nota preliminar: En archivos adjuntos al final del artículo se acompaña un modelo de denuncia sobre los hechos que se describen así como una lista de direcciones de diferentes organismos a los que poder remitirla.

El pasado viernes, el próximo premio Pulitzer de periodismo hizo un interesante ejercicio publicitario, digo periodístico, sobre la locomotora económica bejarana. Se dijeron cosas muy interesantes dignas de análisis. Algunas, las menos, abrían cauces positivos para la reflexión, otras, las más, son manifiestamente inexactas o necesitan mucha matización para ser mínimamente digeribles por una mente crítica. Para otra ocasión dejaremos las intervenciones plañideras suplicando dinero a, cómo no, las instituciones públicas. Hoy analizaremos una coletilla que el Sr. Segade va recitando en toda intervención pública: que La Covatilla tiene todos sus equipamientos e infraestructuras legalizados. Sería tedioso e inútil ir siguiendo las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), punto por punto, señalando cada incumplimiento, por eso solo citaremos dos y nos centraremos en una infracción grave cuyo rasgo distintivo es la evidencia.

Empecemos por el número de kilómetros de pistas que tiene la estación. Hasta la temporada pasada, en la que la estación ofertaba 19 km. de pistas, la estación cumplía con la longitud de pistas que permitía la última DIA, cuya finalidad era, sobre todo, dar un baño de legalidad a todo lo ejecutado hasta entonces. Esta temporada ofrecen 24 km. y por tanto exceden lo estipulado en cuatro kilómetros y medio. “Na”, menudencias.

Pero lo que nunca ha cumplido norma alguna desde 2006 es el bar-terraza que está situado a 2.250 m. Lo primero que se hizo es construirlo sin que la DIA fuera publicada. Imaginaban que la citada declaración legalizaría, a posteriori, esa edificación. Calcularon mal. El Ayuntamiento de Béjar, no olvidemos que es el promotor, presentó dos proyectos, el denominado “Plan Director” presentado a principios de 2006 y el “Master Plan” presentado en octubre de ese año. Lo “berlanguiano” del caso es que incluyeron en el proyecto de octubre instalaciones que habían desechado en el proyecto de enero. Es más, en el proyecto de enero incluso se esgrimieron argumentos en contra de lo que luego presentarían en octubre, circunstancia que los mismos técnicos utilizaron para desechar el “Master Plan”. Resumiendo, el Bar de marras no se contempla en el anteproyecto aprobado, y el documento donde lo introdujeron, el “Master Plan”, fue informado DESFAVORABLEMENTE en su totalidad.

Este hecho, evidentísimo, fue incluido en el informe que el Procurador del Común envió a la Consejería de Medio Ambiente. La respuesta de ésta fue insultante, porque ni entró en las infracciones que el procurador reflejaba en su informe. Sabiendo que el procurador del común es un cero a la izquierda, un ciudadano corriente y moliente no pasará de ser una cagarruta, a ojos de la Administración. A pesar de todo, es útil hacer la denuncia ante las Administraciones competentes, para conocer el abismo profundo que tiene en su interior el cajón de las denuncias ciudadanas. Conviene advertir que el responsable jurídico de los hechos denunciados es el promotor, es decir el Ayuntamiento de Béjar, si todo esto llegara a trascender (ahora mismo peco de iluso), sería el Ayuntamiento quien tendría que vérselas con la empresa gestora si estimara alguna irregularidad en su gestión.

Gracias a la respuesta de la consejería de destrucción del Medio Ambiente al Procurador del Común conocemos que la administración autonómica tolera algunos incumplimientos. En este caso podemos definir el incumplimiento tolerado como el supuesto en el que los Poderes públicos encargados de forzar el cumplimiento de las leyes (en este caso la Administración) no lo imponen por desidia o dolo. Esta tolerancia está basada en la arbitrariedad, lo que a mi juicio es un hecho gravísimo. Terminaré con una cita de mi admirado profesor D. Alejandro Nieto que en su libro “Crítica de la Razón Jurídica”, dice sobre los incumplimientos tolerados:

“…lo que resulta forzoso es reconocer, al menos, que el Estado de Derecho queda herido, ya que se rompe el principio de igualdad de trato y se pierde la confianza en las leyes y en los Poderes públicos. Habrá Estado, quizás, pero no Estado de Derecho ni, por supuesto, Derecho, salvo que se admita que hay un Derecho para ciertos ciudadanos a los que todo se tolera, y otro Derecho distinto para los demás, a los que se exige implacablemente el cumplimiento exacto de sus obligaciones.”

Francisco María Otero
(02/03/2010)