Aún recordamos, mi mujer y yo, no sin cierta emoción, cuando acudimos a votar la Constitución de 1978, que estos días cumple 30 años. Íbamos con nuestro primer hijo, todavía muy pequeño, con quien de alguna manera queríamos compartir la alegría de una democracia recién estrenada, después de los años de plomo del franquismo, y que este empezara ya a vivir, a aprender y sobre todo a sentir algunas de las esencias de las sociedades libres y democráticas: el voto como expresión de las ideas y la piedra angular sobre la que se construye todo el estado de derecho, la Constitución.

Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, el irreversible avance y consolidación de las libertades, de la democracia, la desaparición de casi todos los fantasmas de la transición, el espectacular desarrollo del país en todos los sentidos, la efemérides de la Constitución nos sigue transmitiendo a muchos, ese pálpito de las cosas importantes, que gracias a la conjunción y a los esfuerzos de la gran mayoría y a pesar de dejarnos todos algunas plumas importantes en el intento, aquel consenso mereció la pena.

Si ha quedado clara la flexibilidad de la Constitución en muchos aspectos, también es cierto que diversos temas, por las circunstancias del momento, no se abordaron o lo hicieron de una manera que con el desarrollo posterior de los acontecimientos, exigen una actualización de la misma.

En contra de ciertas opiniones que consideran inamovible el texto constitucional, justificándolo todo en el consenso que supuso la transición, opino que este no debe “sacralizarse”, ha pasado mucho tiempo y las condiciones son tan diferentes, que no veo ningún problema para abordar, desde el sosiego y la responsabilidad, cualquier tema por espinoso que pueda parecer. Estoy pensando por ejemplo en el tema de la llamada “memoria histórica”, obviado en su momento en la Constitución, pero que independientemente de los avatares judiciales para establecer posibles responsabilidades penales del franquismo, seguirá inevitablemente el camino de la dignidad y de la reparación de los ejecutados y represaliados de la dictadura, sin que se ponga en riesgo mínimamente el sistema democrático, a pesar de que determinados sectores de la derecha y de la iglesia católica se verán reflejados con todas sus miserias en el espejo de la historia.

Dos temas principales requerirían en opinión generalizada, incluida la de los llamados “padres constitucionales” que sobreviven, la reforma constitucional:
1. El tema sucesorio en la monarquía parlamentaria que dispone la constitución, eliminando la actual discriminación de sexo a favor del varón.
El consenso aquí es prácticamente total, pero abordarlo va a suponer, con toda seguridad, el plantearse públicamente la forma de estado, monarquía o república, algo que fué inviable hacer en el año 1978. Reconociendo que hasta ahora la monarquía ha sido garante, en situaciones difíciles, de la democracia, y no estando seguro de si es el momento adecuado, este debate deberá plantearse más pronto o más tarde.
2. El tema autonómico y la función del Senado como cámara territorial.
Aquí está el verdadero nudo gordiano de la reforma, ya que el texto constitucional no pudo prever, ni se aproxima de cerca al desarrollo que durante este tiempo ha tenido el mapa autonómico. Mucho menos a los desafíos de las actuales reformas estatutarias: por ejemplo el Estatuto Catalán pendiente de decisión del Tribunal Constitucional, de otros estatutos arrogándose potestades exclusivas del estado, por ejemplo en el tema de agua, cuencas, trasvases, etc., con cláusulas claramente inconstitucionales, y sobre todo el “plan soberanista” del autista Ibarretxe. Todo un desafío constitucional pendiente, que deberá consensuarse entre posturas, tan separadas, como serían el actúal marco autonómico dentro de la unidad indisoluble de España, hasta la posible vía federal del estado, que tal vez resolviera definitivamente el problema.

Finalmente no quisiera pasar por alto otro tema como es el de la laicidad del estado recogido en la Constitución. Ante la beligerancia e intransigencia de la Iglesia Católica, debería dejarse claro en el texto fundamental la misma, haciendo desaparecer del texto la cita privilegiada a esta confesión, situándola en el marco de igualdad con otras confesiones. España evidentemente “no ha dejado de ser católica”, pero la actual radiografía religiosa o de no creyentes del estado, no tiene nada que ver con ese nacional-catolicismo que tanto añoran algunos jerarcas de la Conferencia Episcopal.
Emilio Sánchez Álvarez
4/12/2008