La Covatilla, el 7 de marzo de 2008Cero a la izquierda, eso es lo que somos los ciudadanos de a pie para los gobernantes de la Junta. Cuando se lleva tanto tiempo en el poder, no se puede determinar dónde termina el culo y dónde empieza la poltrona. Si a este hecho le unimos la atonía cívica de unos ciudadanos resignados, el resultado es un menoscabo de derechos colectivos e individuales, que nadie denuncia.

En el BOCyL de 18 de diciembre de 2006, se aprobó la ley 14/2006 que modificaba la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de Castilla y León, por vía de urgencia. Una ley con un único artículo en el cual se hacían pocos pero importantes cambios. El principal cambio es el siguiente:

“c) En el artículo 24, el apartado 6 tendrá la siguiente redacción: 6. La Junta de Castilla y León aprobará el Plan o Proyecto Regional, si procede, mediante Decreto que se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y se notificará a las Administraciones públicas afectadas, con indicación, en su caso, de los compromisos que asume el promotor y de las condiciones específicas para la ejecución del Plan o Proyecto. Cuando se trate de un Plan o Proyecto Regional de excepcional relevancia para el desarrollo social o económico de Castilla y León, la Junta de Castilla y León podrá aprobarlo como Proyecto de Ley, remitiéndolo a las Cortes de Castilla y León para su tramitación parlamentaria.”

¿Qué supone este pequeño cambio?, entre otras cosas, aparta a los Ayuntamientos de sus competencias en materia de medio ambiente y urbanismo, no permite que los ciudadanos ejerzan la acción popular que el ordenamiento jurídico permite en determinadas materias como son la protección del dominio público marítimo-terrestre, la protección del medio ambiente, la protección del patrimonio cultural…, impide cualquier reclamación administrativa y/o judicial por parte de ciudadanos y asociaciones… En definitiva, sustituye los principios constitucionales de autonomía municipal, igualdad, participación y tutela judicial efectiva por la ARBITRARIEDAD, LA DESVIACIÓN DE PODER Y EL FRAUDE DE LEY, ya que por definición las leyes regulan materias de carácter e interés general y no casos particulares, como son los proyectos singulares a los que se quiere aplicar esta ley, con el único objetivo de evitar alegaciones, reclamaciones y recursos que tenemos el derecho de interponer. Si somos benignos solo podremos calificar esta iniciativa de “despotismo ilustrado”, pero como la ilustración ha pasado por estos gobernantes regionales de puntillas, es más apropiado tildarlo de, simple y llanamente, DERIVA AUTORITARIA.

Montero pretende esa declaración de interés regional con dos objetivos fundamentales, eludir el democrático control de ciudadanos, asociaciones y jueces y conseguir pasta de la Administración Regional

Podría pensarse que ante este atropello a nuestros derechos, hubo una gran movilización ciudadana y del resto de partidos. Nada de eso. El PSOE sí que se rasgo las vestiduras, con comunicados y aparición en medios. Mucho ruido y pocas nueces. A la postre tuvo una de las actitudes más hipócritas que caben, diciendo que no iban a promover el recurso de inconstitucionalidad contra ese cambio en la ley, sino contra las leyes que se derivaran de ese cambio. Los mal pensados como yo, solo vimos en esa posición un ventajismo político sin parangón, reservándose la posibilidad, no sólo de no presentar dicho recurso sino de aprobar en el parlamento proyectos en virtud de ese cambio que tanto criticaron. Ya saben, electoralismo puro. Es lo que tiene la “realpolitik”, el mejor principio es el que no existe. Por eso el PSOE en abril de 2008, después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo de Castilla y León que frenaba las pretensiones sobre la estación de esquí de San Glorio, aprobó junto a PP y UPL una proposición no de ley para que la Junta adopte las “medidas oportunas” para posibilitar, en el plazo mas ágil posible, la construcción de una estación de esquí en San Glorio. Ni dos años han tardado en pedir a la Junta que use el cambio normativo que censuraron cuando se aprobó. Por medidas oportunas hay que entender su aprobación como proyecto de ley para sortear a los jueces. Coherencia pura.

Montero quiere lo mismo para La Covatilla, porque el proyecto que presentaron a Evaluación (que fue informado desfavorablemente en la Declaración de Impacto Ambiental de Diciembre de 2007) era tan poco detallado que cada proyecto nuevo tiene que ser visado por la Dirección de Medio Natural y evaluado, con el engorro de alegaciones, informes, etc. Montero pretende esa declaración de interés regional con dos objetivos fundamentales, eludir el democrático control de ciudadanos, asociaciones y jueces y conseguir pasta de la Administración Regional, el argumento es fácil, si lo habéis declarado de interés regional es hora de soltar la gallina.

Sólo nos falla el clima para ser una “República Bananera”

Francisco María Otero
(16/03/2009)