José Castro Rabadán
El Gobierno ha remitido a las Cortes Generales el Proyecto de Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, que regula nuevos derechos para millones de ciudadanos que trabajan por cuenta propia en España, dando así cumplimiento a uno de los compromisos electorales prometidos.

En la provincia de Salamanca, cerca de 24.000 autónomos se beneficiarán de las nuevas medidas que contempla este Estatuto, de los que el 70% son hombres y el 30% mujeres que desempeñan su actividad en los sectores de Servicios, Agricultura, Construcción e Industria.

El texto presentado es fruto de varios meses de trabajo, diálogo y debate que han dado como resultado una norma muy consensuada, que ha sido acordada en sus líneas esenciales con las asociaciones que agrupan a los autónomos de toda España.

La Ley presenta una equiparación paulatina del régimen de la Seguridad Social de los autónomos respecto al sistema general, ofrece más seguridad jurídica para los contratos disfrutando de servicios jurídicos gratuitos en los litigios, se reconocen reducción o bonificaciones en las bases de cotización o en las cuotas de la Seguridad Social, se permite la jubilación anticipada, se prevé la posibilidad de cobrar el subsidio de desempleo, el derecho a las prestaciones por paternidad y maternidad y riesgo durante la lactancia, el derecho a prestaciones por incapacidad temporal, a baja por enfermedad y protección en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Además, el proyecto regula el régimen de autónomo independiente, o el de aquel cuyos ingresos dependen al menos en un 75% de un solo cliente. Estos autónomos podrán disfrutar de hasta 15 días de vacaciones al año y de indemnización en caso de que su relación laboral con la empresa sea rescindida sin causa justificada.

Estas medidas, junto a las de fomento y promoción del trabajo autónomo, completa un Estatuto histórico para más de 3 millones de autónomos, un sector al alza que forma parte importante del tejido económico y social de España, poniendo así punto y final a las discriminaciones que negaban derechos a los trabajadores y empresarios autónomos.

A partir de la definitiva aprobación de esta ley por el Congreso y el Senado, los autónomos podrán defender sus derechos individuales y colectivos, mejorando su nivel de protección social y se beneficiarán de las medidas de fomento que para este sector el Gobierno viene aprobando.

José Castro Rabadán