El 85 por ciento de los abogados de Castilla y León cree que el actual modelo de Administración de Justicia está en una crisis muy grave y profunda y un 81 por ciento añade que no ha mejorado en los últimos años o que ha empeorado. Para solucionar esta situación, los letrados consideran de forma unánime que es el momento de un Pacto de Estado que sirva para regenerar y reformar a fondo la Administración de Justicia.

Estos son algunos de los resultados más llamativos del último sondeo realizado por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía, la encuesta más ambiciosa jamás realizada en nuestro país a los integrantes de esta profesión por el número de población: 5.243 abogados ejercientes, de los que 301 son de Castilla y León.
Se adjunta el estudio completo, que no tiene desperdicio.

De los resultados obtenidos, se puede concluir que, tras años de estar relegada a un segundo plano y de desinterés político y social, el problema de la Justicia se ha hecho “visible” para todos. Los abogados, que no han cejado nunca en sus denuncias, reiteran en la encuesta, de forma casi unánime que la Justicia funcional mal (63 por ciento frente al 71 por ciento del ámbito nacional que así lo considera) y exige un acuerdo urgente entre todos los sectores implicados y soluciones inmediatas, no parches.
Además, la Abogacía entiende que en estos momentos el Ministerio de Justicia ha mostrado esa voluntad de Acuerdo, que el Consejo General del Poder Judicial quiere caminar en esa misma dirección y que todos los operadores jurídicos, y especialmente la Abogacía, están deseosos de sentarse a negociar, y por tanto no se puede ni se debe desaprovechar esa oportunidad

SITUACIÓN Y PROBLEMAS DE LA JUSTICIA
• Grave crisis del modelo actual. El 85 por ciento de los abogados cree que nuestro actual modelo de Administración de Justicia está en una crisis muy grave y profunda y necesita una auténtica refundación. Para un 76 por ciento, la forma en que está organizada nuestra Justicia se corresponde más con las necesidades de una sociedad del pasado que con una sociedad del siglo XXI.
• La Justicia funciona mal. El 63 por ciento de los Abogados considera que la Justicia funciona mal (sólo un 20 por ciento estima que lo hace bien); y para el 45 por ciento esta situación no ha cambiado en estos últimos años, mientras que para un 38 por ciento incluso ha empeorado (sólo un 17 por ciento cree que haya mejorado)
• Decisiones de los Tribunales. Ni predecibles ni homogéneas. Un 45 por ciento de los abogados opina que por lo general, las decisiones de los tribunales no son predecibles, es decir, que no se puede anticipar de forma razonable y fiable cuál va a ser el sentido en que va a ser resuelto un determinado asunto o caso, y un 32 por ciento añade que no son homogéneas, es decir que casos iguales son resuelto de manera distinta en cualquier lugar de España.
• Interferencia de los Gobiernos y garantía última democrática. El 90 por ciento de los abogados estima que los Gobiernos, del signo que sean, muestran más interés en tratar de controlar la Justicia o influir sobre ella que en emprender una mejora que la modernice y la haga plenamente eficiente. Pero el 85 por ciento considera que, con todos sus defectos e imperfecciones, nuestra Administración de Justicia representa la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades. - 2 - Nota de Prensa
Consejo de la Abogacía de Castilla y León.
• Politizado Consejo General del Poder Judicial. El 86 por ciento señala que el CGPJ se ha convertido en un órgano tan politizado que difícilmente podrá gestionar de forma eficiente e imparcial el funcionamiento de la Justicia.
• Corporativismo judicial y justicia a la medida de los jueces, no para los ciudadanos. Para un 62 por ciento, la Justicia ha tendido siempre a organizarse y funcionar de la forma que resultaba más conveniente para jueces y juristas y no del modo en que podía resultar más cercana y útil a la ciudadanía.
• El problema no son los jueces, sino la nefasta organización. Los abogados consideran que los jueces son independientes (para el 68 por ciento), pero que la organización de la Justicia es nefasta. En gran medida, señalan que los problemas de funcionamiento se deben a que los diversos cuerpos que la integran dependen de organismos distintos y no están adecuadamente coordinados (en opinión del 63 por ciento de los encuestados).

SOLUCIONES
• Necesidad de un Pacto de Estado. La opinión unánime, expresada por el 93 por ciento de los encuestados, es que la Justicia necesita con urgencia, y por encima de los distintos intereses partidistas o corporativos, un Pacto de Estado que haga posible la remodelación a fondo e inmediata de su organización y funcionamiento.
• Medios alternativos a los tribunales. Para un 85 por ciento de los abogados hay medios alternativos de resolución de conflictos que podrían descargar a los tribunales y agilizar su funcionamiento sin merma alguna de las garantías jurídicas de las partes implicadas, que siguen sin estar adecuadamente establecidos y potenciados. De hecho, el 66 por ciento de los abogados afirma que la mitad de los asuntos que llevan se solucionan en sus despachos sin necesidad acudir a los juzgados y para un 38 por ciento de los profesionales no llegan a un tercio los asuntos que se resuelven en los tribunales.
• Más y mejor formación para todos y especialidades. Los abogados se muestran masivamente partidarios del establecimiento de sistemas de formación continuada para abogados, procuradores, jueces y fiscales (93 por ciento) pero se dividen de forma clara a la hora de decidir si esa formación continuada debería ser conjunta (como propone el 50 por ciento) o separada (como prefiere el 46 por ciento). En todo caso, y por lo que respecta exclusivamente al ejercicio de su profesión, los abogados se muestran masivamente partidarios (65 por ciento) del establecimiento de especialidades.
• Acceso a la Judicatura. Un 52 por ciento se muestra favorable a un sistema de selección inicial distinto de la oposición que quienes son partidarios de que esta siga existiendo (44 por ciento).

Entre los partidarios de suprimir la oposición como forma de acceder a la judicatura, la opinión masivamente dominante (la expresa el 76 por ciento) es que debe ser sustituida por un sistema que combine los antiguos tercer, cuarto y quinto turnos con un concurso de méritos entre juristas de prestigio consolidado.
• La Justicia debe ser evaluada de forma imparcial y permanente. El 82 por ciento considera que la Justicia debe ser objeto de evaluación externa e imparcial en cuanto a su rendimiento, como cualquier otra institución del Estado.
• La Abogacía está preparada ante el reto de la modernización de la Justicia. Los abogados aprueban la modernización de la profesión llevada a cabo en los últimos años a través del Proyecto Tecnológico (6,3), e incluso aquellos que ya son usuarios de los servicios tecnológicos los valoran con notable (entre un 7.3 y un 8.1). Asimismo, la práctica totalidad de los abogados (96%) considera que se debe seguir invirtiendo en mejorar y aumentar los servicios colegiales basados en las nuevas tecnologías.

ANÁLISIS POR AREAS JURISDICCIONALES
La encuesta presenta también un novedoso análisis del funcionamiento de las distintas Áreas Jurisdiccionales en su conjunto, del grado de cumplimiento de los plazos para dictar sentencia, disponibilidad de los magistrados para recibir a los abogados, eficiencia y rapidez para tramitarlos, y grado de cumplimiento de las horas de señalamiento de las vistas, tanto con carácter autonómico como nacional.

Lo que peor funciona
• Los abogados de Castilla y León suspenden al Área de lo Contencioso-Administrativo (4,1) de todos los tribunales.
• Área Civil: suspenden el grado de cumplimiento en señalamiento de vistas (4.4) y la eficiencia y rapidez en la tramitación de los asuntos (4.3).
• Grado de cumplimiento de los plazos para dictar sentencia en el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, 3,1; Sala de lo Contencioso, 3,3; Sala de lo Penal, 4,6).
• Eficiencia y rapidez para tramitar los asuntos (4.3 en Juzgados de Primera Instancia; 4 en Juzgados de lo Contencioso)
• Grado de Cumplimiento de las horas de señalamiento para las vistas (4,9 los Juzgados de lo Penal; 4,4 Juzgados de Primera Instancia).
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Consejo de la Abogacía de Castilla y León.
Lo que mejor funciona
• Aprobado para las Áreas de lo Social (5,8), de lo Civil (5,6), y de lo Penal (5,4).
• Área de lo Social: buena calificación para los Juzgados (5,8), la Sala de lo Social del TSJ (5,9) y la Sala del Supremo (5,7). También para la disponibilidad para recibir a los abogados cuando éstos lo solicitan (6) y en el cumplimiento de los plazos para dictar sentencia por parte de juzgados y salas (entre un 5,2 y un 6,1).
• Área de lo Civil: la Sala de lo Civil de las Audiencias Provinciales (5,9) y del TSJ (5,7).
• Juzgados de Familia: los abogados califican con un 5,4 su funcionamiento y con un 5,4 los plazos para dictar sentencia.
• Juzgados de lo Mercantil: Un 5,3 para el funcionamiento y un 4,9 para los plazos de dictar sentencia.
• Área de lo Penal: Un 6 al funcionamiento de la Sala de las Audiencias Provinciales y un 5,5 a la del Tribunal Supremo.
• Juzgados de Violencia de Género: un 5,5 a su grado de cumplimiento de los plazos para dictar sentencia y un 5,3 a su funcionamiento.
• Correcta disponibilidad en términos generales de los jueces para recibir a los abogados cuando éstos los solicitan.

LA ABOGACÍA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
La tercera parte del estudio se dedica a la valoración y el uso de las nuevas tecnologías por parte de los abogados, cuando ya se han cumplido cinco años desde el inicio del Proyecto Tecnológico de la Abogacía.
• Los abogados reconocen de forma unánime (97 por ciento) la importancia instrumental de las nuevas tecnologías para el ejercicio de la abogacía. Al mismo tiempo, el 77 por ciento estima que su Colegio dedica los recursos precisos para modernizarse y fomentar el uso, por sus colegiados, de estas tecnologías.
• El 68 por ciento de los abogados de Castilla y León, frente al 58 de toda España, dispone ya del nuevo carné colegial con firma electrónica y el 45 por ciento lo ha utilizado ya para algún trámite electrónico con el Colegio.
• Los Servicios Tecnológicos de la Abogacía que tienen en funcionamiento conjuntamente los Colegios y el CGAE son valorados muy positivamente por el 93 de los encuestados.
• Los servicios más utilizados son el correo electrónico del Colegio, las comunicaciones de intervención profesional, el acceso al censo nacional de Letrados, la generación de pases a prisiones y las consultas de legislación o al Catastro.
• El grado de satisfacción con los servicios utilizados es llamativo: todos obtienen puntuaciones elevadas, que oscilan entre un 7 y un 8,5 sobre 10 de media.