En este semanario estamos convencidos de que las tecnologías de la Información y la Comunicación son la principal palanca para la mejora de la productividad de las empresas y de la calidad de vida de los ciudadanos. Es por ello por lo que de forma permanente, desde sus comienzos, le hemos dedicado a este tema un lugar preferente.
Respecto a las empresas, las bejaranas utilizan poco y mal las TIC, aunque de eso hablaremos en otra ocasión.
El reto que se presenta ahora es que los municipios y las administraciones las utilicen, para mejorar los servicios al ciudadano y reducir los costes de sus servicios.
La Fundación Telefónica es sin duda uno de los referentes españoles en el estudio del uso de las TIC. Reproducimos aquí uno de sus estudios más interesantes, sobre el uso de las TIC en la administración local. Esperemos que su lectura sirva para ilustrar a los responsables del tema en nuestra ciudad.
Las TIC en la Administración local del futuro
En la estructura organizativa del Estado español, el ayuntamiento es el eje central de la Administración local. Todas las demás entidades que integran la esfera local, ya sean del ámbito inferior al municipio, o sean entidades supramunicipales, giran en torno al municipio como principal protagonista y definitivo punto de referencia.

El sector público local en España presenta una gran variedad debido a la población de los municipios, lo que condiciona en parte su gestión y formas organizativas. Por un lado, un importante número de municipios españoles con poca población cuenta con una estructura funcionarial muy reducida, donde la voluntad de los cargos electos es el principal activo de gestión. En contraposición, dentro de la geografía española se localizan grandes corporaciones donde las posibilidades de gestión y organización se multiplican. Por esta razón, resulta complicado establecer conclusiones generales que caractericen la situación concreta del sector local de la Administración Pública en nuestro país. Esta situación queda reflejada en el preámbulo de la ley de Grandes Ciudades o ley de Medidas para laModernización del Gobierno Local,1 en el que, por un lado, se plasma la necesidad de dotar de un régimen jurídico específico al conjunto de municipios españoles de gran población que les permita hacer frente a su enorme complejidad; y por otro, se recoge la necesidad de reforzar el papel de las mancomunidades de municipios en nuestro sistema local para fortalecer las estructuras de aquellos municipios cuyas dimensiones reducidas dificulten la prestación efectiva de los servicios públicos municipales.

Otra consideración previa que debe realizarse es el hecho de que las entidades locales presentan diferencias en el repertorio de servicios encomendados, dado que el censo del municipio condiciona las competencias que ha de asumir la corporación local con el presupuesto municipal. Todos los municipios tienen que prestar los servicios de alumbrado, cementerio, recogida de basuras, limpieza de las vías públicas, abastecimiento de aguas potables, alcantarillados, pavimentación, parques y jardines, biblioteca pública y mercados. Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, además de los indicados, deben prestar los servicios de protección civil, servicios sociales, extinción de incendios, instalaciones deportivas y matadero. Y los de más de 50.000 habitantes, además, deben prestar los servicios de transporte urbano de viajeros y protección del medio ambiente.

Sin embargo, los ayuntamientos españoles cuentan con elementos en común: por un lado, la autonomía para la gestión de sus propios intereses; por otro, la tendencia creciente a prestar determinados servicios que la ciudadanía reclama y que, sin embargo, no es competencia directa de dichas administraciones.

Este estudio identifica los retos que ha de afrontar la Administración local a corto y medio plazo y, por extensión, otras administraciones.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones se revelan como un elemento esencial para la mejora de la eficiencia y la modernización de la Administración Local. No sólo apoyan la relación con el ciudadano a través de la denominada e-Administración, sino que contribuyen a la mejora de los procesos de gestión (el denominado back-office).

Más allá del trámite administrativo proporcionan la posibilidad de renovar la forma en la que se ofrecen servicios como la seguridad ciudadana, la gestión de la movilidad o los servicios sociales.

El papel del ciudadano y la empresa como clientes de la Administración local

Los ciudadanos y las empresas demandan cada vez más de las administraciones públicas en su conjunto niveles de atención similares a los proporcionados por el sector privado. El ciudadano está cada vez más informado, es más exigente y demanda una administración cercana, eficiente y ágil. Por otro lado, el incremento del volumen de la población desigualmente distribuido en el territorio español, así como el proceso de envejecimiento de la misma, también heterogéneo desde el punto de vista local, o la aparición de servicios públicos, cuya provisión se enfrenta a problemas de economías de escala, son nuevas realidades que condicionan el marco administrativo.

La Administración local es el nivel administrativo en el que tiene lugar una gran parte de las relaciones con los ciudadanos. A esto hay que sumar no sólo los propios trámites que realizan los ciudadanos y las empresas con las entidades municipales, sino el hecho de que, en muchas ocasiones, el ciudadano no distingue entre niveles territoriales de gobierno cuando formula sus demandas a la Administración, y normalmente la Administración local es la elegida por los ciudadanos para hacerlo. Esta tendencia se relaciona con otra de las demandas de la sociedad en relación con la Administración Pública: la ventanilla única administrativa, es decir, la posibilidad de presentar las solicitudes y comunicaciones en cualquier ventanilla de cualquier administración, indistintamente de que se esté realizando a otra entidad u organismo. Todo esto pone de manifiesto la gran importancia de los ayuntamientos como proveedores de servicios públicos a la sociedad y, por lo tanto, como pieza esencial en el entramado administrativo de España.

Otra de las demandas de la ciudadanía es el modelo multicanal de prestación de servicios por parte de la Administración, es decir, la posibilidad de realizar los trámites administrativos, o bien ante funcionario, o bien mediante operador interpuesto o en régimen de autoservicio (en el que se incluiría la modalidad electrónica, el teléfono móvil o el acceso a través de la TDT). La Ley 11/2007, tal y como se comenta más adelante, reconoce ya este derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, y la Administración local tendrá que estar preparada para ofrecerlos.

En cuanto a las principales quejas de la sociedad en relación con la Administración, destaca tanto la lentitud a la hora de resolver los trámites (con el 65%),2 como la excesiva burocracia (con el 61%), aspectos que pueden ser mejorados notablemente gracias a la introducción de las nuevas tecnologías. Por otro lado, la percepción de los ciudadanos en relación con la incorporación de tecnología a los procesos en la Administración es muy positiva: el 67% considera que se ha mejorado gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías, y el 56% valora en gran medida el acceso a los servicios a través de Internet.3

Otra tendencia viene marcada por la juventud. Cuando la generación de jóvenes que ya han incorporado a sus rutinas diarias el uso de la tecnología se convierta en la generación activa, ésta demandará de manera inmediata una relación digital con sus administraciones. Por ese motivo, la Administración, en general, y la local, en particular, han de estar preparadas y comenzar desde ahora a desplegar los servicios.

Finalmente, la empresa demanda servicios y trámites online que minimicen sus costes operativos y reduzcan las barreras burocráticas para favorecer el desarrollo económico. Por otro lado, se demanda el papel «facilitador» de la Administración en la labor empresarial, ya que el factor «globalización» hace necesaria la armonización local, nacional y supranacional.

El proceso de descentralización y la atribución de competencias

El actual Estado de las Autonomías, en el que el proceso de descentralización político-administrativo está a punto de culminarse, responde hoy a una realidad fuertemente descentralizada. Sin embargo, este proceso de transferencia de competencias desde el Estado hacia las comunidades autónomas no ha tenido un reflejo equivalente en el siguiente escalón territorial: la Administración local. Durante todos estos años, los entes locales han visto prácticamente inalterada la configuración legal de su ámbito competencial, sin que se haya producido una continuación del proceso descentralizador hacia estas administraciones. A pesar de ello, la realidad se ha impuesto en los ayuntamientos españoles, que asumen cada vez más la prestación efectiva de determinados servicios que la ciudadanía reclama, dando respuesta a necesidades, fundamentalmente asistenciales, cuya competencia corresponde a otras administraciones. Se genera así la denominada «gestión de competencias impropias» que puede llegar a representar el 35% del gasto público municipal.4
El hecho de que los ayuntamientos sean las administraciones más próximas al ciudadano condiciona que, en muchos casos, sea más adecuado que la gestión y prestación de un servicio sea realizado por éstos. La cuestión obliga a replantearse qué administración debe gestionar qué servicios y asumir las correspondientes competencias. Se trata de mejorar los modelos de gestión y garantizar así la provisión de unos servicios de calidad para atender las necesidades y demandas del ciudadano. Se trata de que se aplique el binominio subsidiariedad-eficiencia, de modo que quien provea el bien o servicio sea la administración con óptima capacidad para hacerlo.

En este contexto, uno de los grandes retos que se plantea, pues, a la Administración Pública es poder garantizar a la ciudadanía el acceso a los servicios públicos bajo criterios de equidad, de manera que un ciudadano de una gran ciudad reciba y perciba los servicios públicos de igual modo que un ciudadano que reside en un municipio rural.

La gestión municipal moderna

Los principios de eficacia, eficiencia y economía en la actuación administrativa han configurado un nuevo modelo de gestión pública que implica un fuerte cambio en la cultura administrativa hasta ahora vigente. Se trata de adaptarse a las necesidades del ciudadano sin que ello se traduzca en un incremento de la presión fiscal, sino incluso tendiendo a la contención o reducción del gasto público. Bajo este concepto prima la excelencia en la calidad del servicio, la visión del ciudadano como cliente, así como la disociación entre provisión y prestación del servicio, bajo un prisma en el que priman los mecanismos de mercado (no sólo gerenciales) en el servicio público.

La calidad se define no sólo a través de la eficacia, sino mediante la capacidad de reacción de la Administración ante nuevas demandas o necesidades, y se expresan en medidas concretas, como las denominadas «cartas de servicios». Los ayuntamientos atienden las necesidades directas de sus habitantes, por lo que en el ámbito municipal resulta preciso incidir en la claridad y transparencia en la gestión. En este contexto, la transparencia implica facilitar al ciudadano el conocimiento que éste precise proporcionando información ágilmente y de manera completa y actualizada. Cada vez más, los ciudadanos consideran necesario disponer de la información que los afecta directamente, como son los asuntos urbanísticos, los presupuestos municipales, los servicios asistenciales en el caso de las grandes ciudades, las subvenciones, los planes de inversión municipal, y además se incrementa el deseo de participar activamente en las decisiones tomadas. Se trata de implicar a la ciudadanía en la mejora y en la toma de decisiones, facilitando la participación ciudadana. La aplicación de las nuevas tecnologías a esta demanda se denomina e-participación.

Estas ideas son las que definen el paradigma de la nueva gestión pública como contraposición al modelo administrativo tradicional. La consideración del ciudadano como un cliente afecta de manera sustancial a la forma de concebir la propia Administración Pública como organización, así como a sus recursos humanos, presupuestarios, tecnológicos, formativos, etc.

El entorno de la Administración local tiene ante sí un reto en el campo de la gestión en el que no cabe duda que la incorporación de las tecnologías será esencial. Las TIC se revelan como un instrumento que apoya la mejora de los servicios externos e internos en la gestión local. En muchas ocasiones, no sólo es la forma de prestación de los servicios lo que cambia, sino la propia naturaleza del servicio. No es hacer lo mismo de otra manera, es cambiar la orientación y el contenido de la atención al ciudadano, simplificar procesos y hacerlos más eficientes y cercanos.

En esta línea, la denominada administración proactiva, bajo la filosofía de adelantarse a las necesidades de los ciudadanos, va a ser posible sólo bajo un modelo que incorpore las nuevas tecnologías a los procesos de gestión.

El papel del empleado público en las entidades locales

Este incremento de las necesidades en relación con los servicios públicos locales y el reto de responder de manera ágil a las demandas ciudadanas ha llevado, en las últimas décadas, al crecimiento del personal en las corporaciones locales que, debido a la complejidad del proceso de selección de personal en la Administración Pública, ha conducido a la necesidad de recurrir, con mayor o menor intensidad, a la creación de plazas de funcionarios interinos, así como a la contratación de personal laboral, a veces, con carácter temporal. Para los ayuntamientos más pequeños la tasa de temporalidad se sitúa en el 44%, y alcanza el máximo valor para los municipios de 3.000 a 20.000 habitantes, con el 49%.

No cabe duda de que el papel del empleado público es esencial a la hora de afrontar todos los retos que tienen ante sí los entes locales, entre ellos, la introducción de las TIC. Por ello, es necesario señalar que las dificultades de adaptación por parte de sus empleados al uso de las mismas pueden suponer un freno importante. Estas dificultades pueden ser mayores en ayuntamientos de reducido tamaño, en entornos rurales o con personal de edad avanzada, que, en general, tienen más dificultades para adaptarse al uso de las nuevas tecnologías y que prefieren seguir desarrollando su trabajo tal y como ya lo venían haciendo. Las tecnologías tienen que percibirse entre el personal del ayuntamiento como una herramienta de ayuda y no como una amenaza. La incorporación de las TIC va a facilitar al empleado público el trabajo de gestión permitiéndole centrarse en tareas de mayor valor para la organización, pudiendo dedicarse a facilitar más y mejores servicios y atención a los ciudadanos.

La colaboración entre las administraciones

Otra pieza esencial para articular la provisión de los servicios a la ciudadanía es la interoperabilidad. La posibilidad de que cada administración ejerza sus funciones con eficiencia pasa por la coordinación y la transmisión mutua de información. En el escenario actual es necesario hacer un gran esfuerzo en la coordinación vertical y horizontal entre administraciones porque los destinatarios de la gestión pública son, en definitiva, los ciudadanos, y no puede cargarse sobre ellos los costes de coordinación de una administración tan descentralizada como la española.

Los esfuerzos tienen que ir encaminados a conseguir la interoperabilidad en los tres ámbitos:
• organizativo, a través de la orquestación de los procesos administrativos y las estructuras organizativas de manera que las arquitecturas de información y los objetivos de negocio estén alineados;
• semántico, para garantizar el significado exacto de los contenidos y datos que se intercambian, y

• técnico, para contemplar la interconexión de los sistemas de información.

El impulso que supone la Ley 11/2007

La ley 11/20075 para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce a los ciudadanos su derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de éstas a garantizar ese derecho a partir del 31 de diciembre de 2009.

Esta ley supone un gran impulso, no sólo para el desarrollo de la administración electrónica, sino para la incorporación masiva de las nuevas tecnologías en la Administración desde un punto de vista global. La Administración tiene la obligación de adaptarse a una sociedad en constante movimiento, que incorpora la tecnología como un elemento más de su realidad y ante la que tiene el desafío de responder en la misma medida.

De entre todas las instituciones, las administraciones locales son los órganos públicos clave a la hora de dinamizar el uso de las nuevas tecnologías en la sociedad, ya que se trata del organismo más cercano, percibido como gestor de temas muy inmediatos y gran conocedor de las necesidades de sus ciudadanos y empresas. Si bien estos organismos no siempre cuentan ni con los recursos ni con las herramientas necesarias para poder hacerlo, y este problema se acentúa mucho más en los ayuntamientos de menor tamaño, ya que su dimensión les impide afrontar ciertos proyectos tecnológicos en los que operan las economías de escala. Esta situación, de seguir así, conducirá necesariamente a la generación de una brecha digital en la propia Administración. Mientras que ciertas instituciones seguirán el ritmo demandado por la sociedad, otras no podrán seguir la velocidad marcada, lo que implicará la acumulación de retrasos, que podrían convertir a parte de la población en ciudadanos de segunda.

La eliminación de la llamada «brecha digital» implica para las entidades locales una corresponsabilidad en varios frentes, como son, la propia brecha de la mejora del funcionamiento interno para adaptarla al entorno de la mayoría de los ciudadanos; por otro lado, está la «brecha económica», que supone un avance en las posibilidades de la mejora de la productividad de las empresas del municipio y, por supuesto, la eliminación de la «brecha para la integración social», que facilita a las personas con discapacidad su relación por medios adecuados telemáticos con la Administración local.

El uso de las TIC en la Administración local

Cuando se habla acerca de la aplicación de las nuevas tecnologías a la Administración, suele pensarse en administración electrónica o en aplicación de las TIC a la tramitación administrativa. Pero la aplicación de las TIC en la Administración en general, y en particular en la local, va más allá de estos conceptos. Las TIC son de gran utilidad en la informatización del back-office, resolviendo el núcleo de la actividad municipal, pero la realización de cualquier proceso en una entidad local involucra típicamente el uso de varios sistemas informáticos (del back-office) y la intervención de distintos funcionarios, por lo que las nuevas tecnologías también apoyan la coordinación que facilita la gestión de los flujos de trabajo; se trata de los componentes de workflow y de los elementos que permiten la comunicación y los intercambios entre aplicaciones. Por otro lado, han surgido un conjunto de nuevos servicios en el ámbito de la gestión municipal, que son posibles gracias a las nuevas tecnologías, añadidos a los puramente administrativos, que ofrecen un valor importante al ciudadano. Estos servicios pueden dar soporte a múltiples competencias de los entes locales como la gestión de la seguridad en los lugares públicos, la ordenación del tráfico, la prestación de servicios sociales y la gestión del transporte público, entre otros. No cabe duda de que estos servicios actuarán como palancas para la aceptación y también para que se exijan otros nuevos.

En definitiva, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la Administración local puede maximizar la utilidad de los recursos que maneja y aumentar el valor de la actividad pública en su conjunto (ver figura 1).
Fig1
Figura 1. RETOS DE LA GESTIÓN LOCAL Y BENEFICIOS QUE APORTA EL USO DE LAS TIC EN LA GESTIÓN LOCAL

Pero más allá del uso de las tecnologías y de la provisión de servicios TIC, las entidades locales tienen que asegurar que los ciudadanos y empresas de sus entornos disponen de los medios adecuados para disfrutar de los mismos. Por ello es importante el papel de la entidad en la concesión de licencias y autorizaciones para la instalación de redes de comunicación (tanto fijas como móviles), ya que con sus decisiones pueden facilitar o retrasar el despliegue de infraestructuras tecnológicas, aspecto que tiene un impacto directo en la incorporación de los ciudadanos en este nuevo espacio. Los retrasos acumulados en este sentido convierten a parte de la población en ciudadanos que no acceden en igualdad de condiciones y oportunidades a las ventajas que ofrecen los servicios de la sociedad de la información. Sin olvidar de nuevo la importancia que tiene la implantación de estas tecnologías para los servicos de emergencia e integración de personas con discapacidad.

En la actualidad, las entidades locales han comenzado a introducir las TIC para mejorar las relaciones con el usuario, típicamente en servicios de atención al ciudadano, así como en servicios de información en el marco de lo que podríamos llamar e-administración. En cuanto a los canales utilizados destaca Internet y la atención personal, seguida de la atención telefónica, el móvil y la TDT. Desde un punto de vista de gestión interna, es frecuente el uso de soluciones para la gestión de la contabilidad, la gestión tributaria y catastral y el padrón.

Por otro lado, es interesante señalar como tendencia que en el ámbito local está apareciendo un nuevo modelo de provisión de servicios que hacen uso intensivo de las TIC consistente en la provisión de servicios en red. Se trata de iniciativas que lleva a cabo una entidad supramunicipal que pone a disposición de los ayuntamientos portales web para informar a los ciudadanos, sistemas de tramitación telemática o sistemas de gestión municipal genéricos, entre otras aplicaciones.

En cuanto a las previsiones de futuro todo apunta a una intensificación de los servicios multicanal al ciudadano, para reforzar la atención ciudadana, y sobre todo, la tramitación, además a través de múltiples canales, fundamentalmente Internet, seguido del móvil y el telefónico; en los últimos puestos están la TDT y la atención presencial. Finalmente, desde el punto de vista de la gestión departamental, las más demandadas serán los gestores de expedientes, la gestión documental, los cuadros de mando y los registros de entrada y de salida telemáticos.

El papel de las administraciones públicas en la incorporación de las TIC
en la Administración local

Si bien la introducción de las nuevas tecnologías es un camino imprescindible que ha de recorrer la Administración local como vía para superar muchos de los retos que se le plantean, no todo depende de ellas y más allá de la tecnología es necesario que otros organismos allanen el terreno. Las administraciones públicas en su conjunto tienen un papel esencial a la hora de facilitar la incorporación de las TIC a las entidades locales, ya sea desde un punto de vista promocional, legislativo, normativo o de dotación de infraestructuras y plataformas.

La administración por vía electrónica es una adaptación de la Administración convencional utilizando las TIC. Ésta es la razón por la que se introduce el término «por vía electrónica». Esta aplicación tiene muchas ventajas, pero hay que adaptar el tratamiento instrumental para pasar de la atención presencial en ventanilla, del libro registro cumplimentado a mano, del sello de caucho, de la compulsa ante un funcionario de la fotocopia, etc., a lo que puede ofrecerse con la tecnología. De esta manera aparecen los denominados elementos comunes, llamados así porque son válidos para todos los procesos administrativos y todas las administraciones. Se trata de la sede telemática del organismo, el registro de entrada vía web, las notificaciones fehacientes para recibir escritos, y el sistema de archivo documental que da seguridad y persistencia a los «papeles» electrónicos, entre otros. Además, debe ponerse a disposición de los gestores toda una serie de elementos que emulan las prácticas consolidadas trasladadas al entorno digital. Se trata de los denominados elementos habilitantes, ya que hacen posible la nueva forma de actuación: firma, firma de múltiples firmantes (colegiada o solidaria), sello de tiempo, sobre «lacrado», compulsa de documentos por escaneo, certificación posterior en papel de documentos electrónicos, tablón de anuncios, capacidad para actuar expresada en «poderes electrónicos» u otros instrumentos, etc. La Ley 11/2007 recoge los elementos más importantes de ambos tipos, lo que supone dar la misma seguridad y naturaleza a un proceso convencional y a otro electrónico.

Pero además, para que se extienda la introducción de las TIC en la Administración local es necesario que se establezcan políticas que desarrollen la Ley 11/2007 y que perfilen planteamientos comunes para todos los ayuntamientos. No cabe duda de que La Ley 11/2007 supone un gran paso para impulsar todo este proceso y aunque explícitamente la ley no obligue a informatizar el back-office de la Administración, cumplir con las obligaciones que se derivan de la propia ley exigirá una informatización de los mismos.

Por otro lado, la interoperabilidad, comentada anteriormente, es el otro aspecto estratégico, ya que los niveles administrativos deben relacionarse para poder proveer ciertos servicios. En el caso de la Administración local, una gran parte de los trámites que se realizan competen a diferentes administraciones. Una de las barreras al desarrollo de la e-Administración es la imposibilidad (operativa, no técnica) de intercambiar gran parte de certificados administrativos que, posteriormente, son utilizados para iniciar la tramitación de un expediente. La Ley 11/2007 ha definido el modelo general de administración electrónica marcando un esquema general de interoperabilidad que requiere un desarrollo mucho mayor. El grado de descentralización del modelo de Estado español y el nivel de competencias asumidas por las entidades locales afectan directamente al desarrollo de proyectos e iniciativas. Por ello es preciso la definición de este marco como vía imprescindible para el desarrollo de servicios. La tecnología ya está disponible, pero median todavía aspectos en el ordenamiento jurídico que han de mejorarse para poder utilizar toda la potencialidad de la misma. En esta línea es necesario definir estructuras que vayan más allá de las relaciones bilaterales que se establecen a través de los convenios o acuerdos individuales y específicos que se firman habitualmente para articular estos procedimientos. Se trata de crear estructuras flexibles que faciliten estas relaciones de una manera mucho más ágil.

Un nuevo modelo de prestación de servicios TIC basado en la colaboración con las entidades supramunicipales

En un horizonte que plantea el uso de las nuevas tecnologías como herramientas esenciales para la provisión de una gran parte de los servicios en el ámbito de lo público es preciso plantear nuevos modelos que ayuden al colectivo de ayuntamientos a incorporar las TIC, de manera que no se vean penalizados por motivos de dimensión poblacional (en España el 85% de los municipios cuentan con menos de 5.000 habitantes). Los ayuntamientos, sean del tamaño que sean, tienen que proporcionar, en lo fundamental, los mismos trámites que los ayuntamientos de mayor tamaño, es decir, se enfrentan a la misma complejidad de la actuación administrativa. En este escenario, la incorporación de las nuevas tecnologías se hace menos eficiente por motivos de economías de escala.

El principal problema con el que se encuentran las entidades locales de menor tamaño consiste en el presupuesto limitado con el que cuenta para afrontar la implantación de sistemas TIC. A esto además hay que añadir el propio ciclo político de cuatro años y la cadencia anual de aprobación de presupuestos en los que las partidas plurianuales requieren un trámite muy especial y complejo, por lo que se dificulta la inversión en proyectos tecnológicos que requieren un horizonte mayor. Este tipo de inversiones, además, no son prioritarias para los políticos locales, que suelen relegar estos proyectos al no ver un retorno rápido en los mismos.

Por otro lado, la operación y el mantenimiento de los sistemas TIC ya instalados también suele ser costosa en estas entidades. Por ofrecer unos datos representativos cabe referenciar que la falta de personal informático en los municipios pequeños eleva los gastos en servicios informáticos en estas entidades al 52%. La cifra es también muy elevada en diputaciones, consejos y cabildos (46%) mientras en el resto de municipios los porcentajes oscilan entre el 20% y 33%.

Por otro lado, si bien las iniciativas de cesión de aplicaciones y sistemas a la Administración local por parte de otras administraciones, así como las de reutilización de soluciones o las iniciativas de incorporación de software de código abierto son muy interesantes, hay barreras asociadas a ellas muy difíciles de salvar. Se trata fundamentalmente de problemas relacionados con la evolución de las aplicaciones y la escalabilidad para sistemas denominados «de misión crítica» (que no pueden fallar).

Durante la vida útil de un sistema informático se producen vicisitudes y cambios normativos que deben reflejarse en ellos. Es preciso, por lo tanto, contar con personal técnico que pueda afrontar dichos cambios, y en la mayoría de los ayuntamientos esto no es posible. Por otro lado, la estructura organizativa depende exclusivamente de la voluntad del gestor, y los procedimientos siguen una pauta de derecho administrativo pero están modulados por los usos y costumbres de cada organismo. Además, en el caso de que se quiera contratar la actividad al sector privado, los entes locales, en muchos casos, no tienen al alcance proveedores con la capacidad de dar el servicio, debido a la situación geográfica y la «granularidad» de los municipios. En este punto se dan dos problemas: por un lado, de oferta, ya que no se dispone de un sector TIC suficientemente especializado y descentralizado para poder llevar a cabo el mantenimiento; por otro, de demanda, que conlleva la falta de sostenibilidad de muchas de las actuaciones.

De otra parte, las necesidades en cuanto a la dimensión de los sistemas van evolucionando a lo largo del tiempo, y ello condiciona notablemente la dotación de recursos y la capacidad de procesamiento, almacenamiento, requisitos de disponibilidad, etc. En este contexto es necesario que el ayuntamiento reciba servicios adaptados a sus necesidades y no tecnología. Se trata de que el personal público pueda gestionar y mantener su información sin necesidad de tener conocimientos técnicos especializados. Este modelo garantiza tanto el mantenimiento como la continuidad y sostenibilidad del proyecto de modernización a lo largo del tiempo (ver figura 2).
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Figura 2. RETOS EN LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LA GESTIÓN LOCAL Y BENEFICIOS DE IMPLANTAR UN MODELO DE SERVICIOS EN RED PARA LA ADMINISTRACIÓN

Las administraciones públicas han ido recorriendo, con unos años de retraso, la misma senda que las empresas. Sus fines son diferentes y su situación de «monopolio de facto» no las obliga a luchar por su subsistencia. Sin embargo, son los ciudadanos y los representantes de las empresas los que la urgen para que adopte planteamientos de servicio. Y en esta línea se encuentran. Son ya algunas las experiencias de entidades locales que han pasado por la certificación de calidad ISO 9001. En el mismo sentido se introduce la posibilidad de adoptar estándares de calidad en la gestión de la tecnología que preconizan normas internacionales como CoBIT, ITIL o Price2.

En este modelo, el papel de las entidades locales supramunicipales es esencial para desplegar los nuevos servicios basados en las TIC en los municipios de menor tamaño. Gracias a estas entidades es posible integrar en un único punto los servicios necesarios para la gestión de los municipios, centralizando funciones puramente tecnológicas que los municipios, por su dimensión, recursos disponibles o decisión estratégica no pueden desarrollar. De este modo, pueden ayudan a mejorar los servicios que los ciudadanos demandan de sus propias administraciones, agilizando la interacción entre los municipios y las diputaciones, cabildos o consejos insulares o, en el caso de las comunidades autónomas uniprovinciales, los gobiernos autonómicos, para facilitar el inicio de procedimientos dentro de la llamada «administración electrónica» actuando como facilitadores de los ayuntamientos, promoviendo una nueva forma de organizarse para trabajar con economías de escala. En este apartado hay que señalar que es preciso evitar la tentación que las entidades locales entren en el negocio de las TIC como operadores, apoyando y desvirtuando con dinero público una competencia que debe corresponder únicamente a manos privadas.

En este contexto, la prestación de servicios TIC en red en un marco de colaboración público-privada en el que se ofrecen recursos y aplicaciones informáticas desde la red en modo servicio y pago por uso, es un modelo que se adapta a las necesidades y problemas de la Administración local y da soporte a los servicios administrativos y nuevos servicios de los ayuntamientos. Es un modelo sostenible de incorporación de la tecnología que asegura no sólo su adopción, sino también su mantenimiento y evolución. El modelo responde a la creciente dificultad de las administraciones para atender de manera óptima a determinados servicios y actividades que desempeñan. La provisión de estos servicios basados en las TIC permite ofrecer un servicio disponible 7*24, aspecto este que no está contemplado en estructuras funcionariales de horarios y turnos, ni en las de contratación y amortización de las inversiones. Este enfoque transforma las inversiones en gasto y constituye un modelo de financiación en sí. La prestación de servicios TIC en red ofrece garantías de seguridad, disponibilidad, recuperación ante desastres, etc., y, en general, plantea un modelo sostenible para incorporar las nuevas tecnologías a la gestión local.

1. Ley 57/2003, de 16 de diciembre. [volver]

2. Según datos de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, 2006. [volver]

3. Según datos de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, 2006. [volver]

4. Datos recogidos en el estudio "Situación de los ayuntamientos en España, sus carencias económicas y problemas de gestión: diagnóstico y propuestas en una perspectiva europea". (2006) Federación Española de Municipios y Provincias, Madrid, pp. 69-74. [volver]

5. DNX.«Desafíos para el copyright: música y cine en la era digital». Mayo 2007. [volver]