Urbanismo salvajeLos desmanes urbanísticos han sido desgraciadamente terreno común en muchas comunidades autónomas. Estos han sido especialmente graves en la Comunidad Valenciana y en Madrid.
El informe recientemente aprobado por el Parlamento Europeo pone el dedo en la llaga y señala con párrafos durísimos las prácticas de ayuntamientos y gobiernos autónomos.
"El urbanismo que está padeciendo España es un atentado contra derechos fundamentales, movido por intereses bastardos de constructores sin escrúpulos conchabados con alcaldes de poca monta, enfeudados unos y otros en la codicia y la avaricia. El fenómeno alcanza su paroxismo en la costa mediterránea, y en particular la valenciana, donde la construcción supone "con demasiada frecuencia el expolio de una comunidad y una cultura". El párrafo anterior esta copiado textualmente del informe, que adjuntamos como anexo.

El PP de la Comunidad Valenciana, se lo ha tomado muy mal. Dice que es un intento de desgastar su poder, que ha sido además recientemente revalidado por los ciudadanos en las elecciones. Desgraciadamente este es un tema nacional, no solo de Valencia y de Madrid. Los recientes fallidos ejemplos de Béjar son una muestra del mismo problema, que sigue ahí.

El informe reclama a las autoridades españolas, en particular al Gobierno valenciano, que "reconozcan los derechos legítimos de los particulares a la propiedad legalmente adquirida y establezcan, por ley, criterios definidos con más precisión (...) para evitar y prohibir los abusos del derecho de propiedad mediante decisiones de las autoridades regionales y locales". Esto viene a colacion de la expropiación a la que han sido objetos miles de propietarios de viviendas unifamiliares, por los planes urbanísticos de los ayuntamientos.

También pide a la Comisión Europea que examine las "posibles infracciones al Derecho comunitario y de los derechos y principios básicos reconocidos en el Tratado de la UE" a los ciudadanos afectados por la "urbanización extensiva".

Se cuestionan asimismo "los métodos de designación y los poderes a menudo excesivos" atribuidos a los urbanizadores y promotores inmobiliarios, reclama la participación ciudadana en el desarrollo de los planes urbanísticos y pide la creación de comisiones de arbitraje para dirimir las demandas de afectados por abusos.

Otro ponente del texto, el laborista británico Michael Cashman, llevó a la sala donde se celebraba la reunión dos grandes baúles que contenían las '15.000 peticiones' recibidas para demostrar que no son 'una invención', como sostiene el Gobierno valenciano.